El Gobierno estudia prohibir los móviles en centros escolares: “Si sirve para disminuir la adicción, hay que valorarlo”

El Gobierno estudia la posibilidad de prohibir el uso de los móviles en los centros educativos, siguiendo los pasos de la ley aprobada para este curso en Francia, con el objetivo de disminuir la “adicción digital” de los estudiantes.

Así lo ha anunciado la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, en una entrevista con Efe, en la que ha manifestado que, de momento, está encontrando “posturas fuertemente enfrentadas” sobre si los móviles deben entrar en las aulas o no, por lo que la cuestión se analizará “con expertos”. “Hay que reflexionar sobre si el tiempo escolar debe estar libre de esa adicción”, ha comentado.

En sentido, Celaá ha matizado que “en algunos casos el móvil ayuda -no suelen llevarlo a los exámenes, solo faltaba-, pero si prohibirlo en los centros sirve para disminuir la adicción digital, merece la pena valorarlo”.

Celaá también ha adelantado su intención de descargar de contenido los currículos, con el fin de sustituir el actual sistema de memorización por otros que activen más el aprendizaje.

“El desafío de la educación en 2018 no es aumentar aquellos contenidos cuyo aprendizaje es memorístico, para ello ya tenemos Google y las redes”, ha argumentado la ministra, que ha explicado que quiere utilizar nuevos métodos para lograr “una escuela más flexible, moderna, que sepa hacer que el estudiante aprenda aprendiendo, a tener destrezas y desarrollarse en el mundo en el que le va a tocar vivir, distinto de aquel en el que está aprendiendo”.

Sobre la homogeneización del calendario escolar en todas las Comunidades Autónomas, ha apuntado que lo considera algo “irrelevante”: “No me parece que ahí radique ningún elemento de cohesión de Estado sustantiva”.

“No se van a suprimir conciertos”

La ministra de Educación también ha sido preguntada por la postura del Gobierno respecto a la educación concertada. “No se van a suprimir conciertos”, ha aseverado, matizando que “el sistema público es el que tiene la responsabilidad primera, la obligación de atender el derecho fundamental a ser educado”, algo que a su juicio no “es merma para la educación concertada”.

También ha habido un mensaje para algunas comunidades autónomas, sobre las que ha dicho, sin especificar citar ninguna, que “han abusado de los términos de una ley [Lomce] para usos que no han sido muy adecuados para la educación ni respetuosos con las condiciones de equidad”. “El artículo 109 de la Lomce sustituyó por 'demanda social' lo que la LOE decía sobre la obligación que tienen las administraciones de garantizar la existencia de plazas públicas suficientes”, ha detallado.

Sobre esta cuestión ha añadido que quien tendría que actuar “en primer lugar sería el poder público. No se puede dejar al albur de alguien espontáneo que llega y pone una academia Hay que acordar otro contenido para ese artículo para evitar abusos”.

También ha anunciado que convocarán la Mesa Sectorial de la Enseñanza Concertada, que no se reúne desde 2011, y que aunque ha hablado de forma informan por centros concertados que segregan por sexo, “este tema está inconcluso”.

“La segregación por sexo es una modalidad de segregación desde nuestro punto de vista, no desde la perspectiva del Constitucional, que considera que entra dentro de la capacidad de un centro para marcar su ideario y lo tenemos que respetar”, ha explicado Celaá en la entrevista. 

No obstante, aquí ha destacado otra cuestión: “Hay otras discriminaciones que nos preocupan más porque a veces se presentan con más intensidad, como lo relativo a la diferencia entre los alumnos por sus estructuras sociales”.

“Queremos alumnos que tengan posibilidades de salida”

Por otro lado, la titular de Educación ha dejado en el aire la posibilidad de retomar el Pacto de Estado en esta materia: “La idea es utilizar algunos de los trabajos realizados, pero es que son muy dispersos”, para lo que ha dicho que hay un grupo de trabajo “buceando” en estos estudios. En este sentido, hizo alusión a la distribución de las fuerzas parlamentarias, ya que, apunta, “muchas consideran imposible el encuentro entre ellas”.

También ha hablado de una posible “modificación de la Lomce” que, según sus palabras, pretenden “que entre en el Consejo de Ministros antes de Navidad para llevarla al Congreso”. “Ha de abordar los puntos que han sido estimados como más vulneradores del derecho de la igualdad”, ha adelantado al respecto, destacando “el tratamiento que se hace de la Secundaria, una etapa crucial de la educación”.

En este sentido explicó que la ley del Gobierno de Rajoy “estructuró en dos vías, la académica y otra más vocacional para los que no pueden seguir la corriente general de las enseñanzas a los que proporciona alternativas de bajo nivel educativo”. Así, su propuesta se centraría en “un camino muy diversificado de la persona, con pasarelas de ida y vuelta”, con un “impulso estratégico” para la Formación Profesional: “No queremos lugares en los que depositemos a los alumnos sin que apenas tengan posibilidades de salida”.