La censura del Constitucional al Gobierno afianza al PP en su bloqueo de las instituciones

La controvertida sentencia del Tribunal Constitucional que, el pasado 14 de julio, consideró inconstitucional el confinamiento de la población decretado por el Gobierno en marzo de 2020, al inicio de la pandemia, aceptando un recurso de Vox en una votación ajustada de seis contra cinco magistrados, supuso un duro varapalo para el Ejecutivo progresista. El fallo, además, ha dado alas al principal partido de la oposición, el PP, para mantener el bloqueo de la renovación de los órganos constitucionales como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el propio Constitucional o el Defensor del Pueblo, todos ellos en situación de interinidad desde hace tres años o, más recientemente, el Tribunal de Cuentas, cuyo mandato caducó este viernes. Ni siquiera la llamada que realizó el jueves el nuevo ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, a la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, sirvió según ambas partes, para desbloquear la situación.

“Después de un revés tan duro como el que el Tribunal Constitucional acaba de asestar, cualquier Gobierno serio habría convocado urgentemente elecciones, pero su única reacción es insistir en saltarse las normas para lograr objetivos políticos”, aseguró Casado el pasado miércoles ante la Junta Directiva Nacional de su partido –máximo órgano entre congresos–, en la que ha sido su última comparecencia pública que coincidió con el aniversario de sus tres años al frente de los populares.

El líder del PP también hizo mención entonces a la nueva advertencia lanzada un día antes por la Comisión Europea que, en un informe sobre el estado de derecho en sus 27 países miembros afirmó que el sistema judicial español sigue arrastrando “desafíos”, en concreto “la falta de renovación del CGPJ”, que “continúa ante la falta de acuerdo en el Parlamento para renovar los cuerpos constitucionales”, y urgió a Gobierno y oposición a abordar esa reforma.

“La Comisión Europea dijo ayer [por el martes] que deben renovarse las instituciones reforzando su independencia y despolitización, en especial la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial. Estamos de acuerdo y dispuestos a renovarlas de inmediato en cuanto Sánchez acepte cumplir con los estándares europeos, permitiendo que los jueces elijan a los jueces y los políticos saquemos las manos de la Justicia y respetemos la separación de poderes. ¿Por qué no lo permiten y lo siguen bloqueando? ¿Y por qué mienten echando la culpa a los demás?”, se preguntó Casado ante la plana mayor de su partido.

“Nosotros permaneceremos firmes en la defensa de los principios constitucionales y europeos porque sería una irresponsabilidad debilitar las instituciones y además poner en riesgo los fondos de reconstrucción. No seremos nosotros los que facilitemos al Gobierno que siga atacando el Poder Judicial y los órganos constitucionales como han hecho contra los Tribunales Supremo, Constitucional y de Cuentas para denunciar sus atropellos”, insistió.

Casado veta a Unidas Podemos en la negociación

La teoría de la dirección del PP es que quien bloquea esas renovaciones es el Gobierno por no aceptar sus exigencias: que Unidas Podemos, uno de los socios del Ejecutivo, no pueda elegir a ningún miembros de esas instituciones y que el Ejecutivo se comprometa a cambiar la ley para, según el líder del PP, garantizar “la independencia judicial” y que “los jueces sean elegidos por los propios jueces” en el caso del CGPJ. Pese a haber gobernado España durante 14 años, los populares nunca han impulsado ninguna modificación de esa normativa desde la Moncloa y, hasta la llegada de Pedro Sánchez, cuando vieron amenazada la mayoría conservadora de esos órganos, siempre han llegado a acuerdos con el resto de partidos para repartirse los distintos puestos.

Casado insiste en que “el PP no ha bloqueado nada, ni el Tribunal de Cuentas ni el Defensor del Pueblo ni el CGPJ”. Pero, a la vez, reconoce haberse levantado de la mesa de negociación con el Gobierno hasta en tres ocasiones porque no le gustaban los candidatos propuestos por la izquierda para esos organismos. El bloqueo del PP ha provocado, por ejemplo, que el Poder Judicial lleve tres años en situación de interinidad controlado por la misma mayoría conservadora que se eligió por consenso de populares, PSOE, IU y PNV, en 2013, cuando el partido de Casado tenía mayoría absoluta. 

Ese control conservador también se traduce en los nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo que realiza ese CGPJ que representa la correlación de fuerzas de hace ocho años. Algo similar sucede con el Constitucional y con el Tribunal de Cuentas, que debe renovarse ya pero que el PP, que cuenta con la mayoría de los consejeros de dicho organismo, tiene también previsto bloquear aduciendo unos supuestos “ataques” por parte del Gobierno –al que constantemente acusa de querer instaurar un “nuevo régimen” y una suerte de “dictadura” en España– al órgano fiscalizador por sus recientes pesquisas sobre los dirigentes independentistas.

Pero como reconoce el propio Casado, la negativa de Génova a renovar esas instituciones que requieren el apoyo de tres quintos del Congreso y/o el Senado no ha sido constante desde que Sánchez está en Moncloa. El líder del PP se ha avenido a negociar con el Gobierno en dos ocasiones el paquete conformado por el CGPJ, en funciones desde noviembre de 2018; el Defensor del Pueblo, pilotado por el adjunto, Francisco Fernández Marugán, desde que venció el mandato de Soledad Becerril en julio de 2017; y cuatro vocales del Tribunal Constitucional, cuyo plazo expiró en 2019.

Garantizarse el control del Poder Judicial

La primera negociación la dinamitó el propio PP cuando los vocales estaban ya compareciendo en las Cortes al filtrarse un WhatsApp del entonces portavoz en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que se jactaba de controlar a los jueces “por la puerta de atrás”. Manuel Marchena, que iba a presidir el CGPJ, renunció. En 2021, las conversaciones se retomaron y, cuando de nuevo estaban a punto de cerrar un acuerdo, el PP se descolgó por el veto a Unidas Podemos. Previamente habían cerrado un acuerdo para el consejo de administración de RTVE. 

Esos órganos están operando con una composición que refleja una mayoría parlamentaria que no existe en España desde hace años. El Poder Judicial se configuró tras la victoria arrolladora de Mariano Rajoy en 2011, por lo que la derecha tiene un peso en el órgano de gobierno de los jueces que no se corresponde con el actual resultado de las urnas. Ese CGPJ es el que ha nombrado a los nuevos magistrados del Supremo desde su última renovación, en 2013. 

En los últimos 25 años la derecha se ha empleado especialmente a fondo para garantizarse el monopolio conservador de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, que es la que juzga a los aforados –diputados, senadores y representantes en los distintos parlamentos, así como miembros de los gobiernos– en todos aquellos casos que les pueden llevar a prisión. Con ese fin, el PP realizó un trabajo lento, metódico y eficaz, que inició el exministro Federico Trillo y que después otros, como Ángel Acebes, Alberto Ruiz Gallardón o Rafael Catalá, continuaron. Les llevó años de movimientos judiciales en la oscuridad, pero su triunfo ha sido arrollador. En 1995, la Sala de lo Penal estaba formada por 13 jueces: siete progresistas, seis conservadores. En el año 2021, son 11 conservadores frente a dos progresistas.

Todos ellos son los jueces que tendrán la última palabra sobre los grandes casos de corrupción que afectan directamente al Partido Popular, como Gürtel, Púnica, o la Operación Kitchen, la trama impulsada desde el Gobierno de Mariano Rajoy para tratar de destruir pruebas que pudieran incriminar al PP precisamente en la Gürtel, y por la que esta última semana han declarado la exsecretaria general María Dolores de Cospedal, su marido, su exjefe de Gabinete y el propio excomisario José Manuel Villarejo, todos ellos imputados en la causa.

El pasado lunes, en el marco de la polémica mesa redonda organizada por Casado con el título Concordia, Constitución y Patriotismo que se celebró en Ávila –en la el exministro Ignacio Camuñas aseguró que en 1936 “no hubo un golpe de Estado” en España y que la Guerra Civil fue responsabilidad del Gobierno de la II República, sin que entonces ni hasta el momento el líder del PP haya refutado esa afirmación–, uno de sus intervinientes, Rafael Arias-Salgado, ministro de Fomento del primer Ejecutivo de José María Aznar, reconoció que en el caso de dejar en manos de los jueces la elección del Poder Judicial, como defiende Casado como argumento para bloquear su renovación, este estaría ocupado principalmente por magistrados conservadores.

“Ellos [por el Gobierno] saben que una gran mayoría de la carrera judicial es conservadora. Entonces, en la medida en que los miembros del CGPJ se distribuyan directamente con los votos de las asociaciones judiciales, ellos saben que va a haber una mayoría conservadora en el CGPJ en lo que podemos llamar eufemísticamente el conservadurismo en la carrera judicial”, apuntó el exministro. Casado, a su lado, asintió.