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Opinión - Cada día un Vietnam. Por Esther Palomera

La juez investiga la relación entre Enrique Cerezo y el vendedor del ático de Ignacio González

Los últimos movimientos de la titular del Juzgado de Instrucción 5 de Estepona, Mariana Peregrina, instructora del llamado 'caso ático', en relación con el inmueble que posee el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, en la localidad malagueña se centran en conocer las vinculaciones societarias entre el antiguo casero del político del PP, Rudy Valner, y el presidente del Club Atlético de Madrid, Enrique Cerezo. A medida que avanzan las pesquisas judiciales queda más patente la vinculación del dirigente futbolístico con Valner, considerado como un testaferro profesional que ofrece servicios fiduciarios en su página web norteamericana.

Este viernes Valner, de nacionalidad mexicana y afincado en Los Angeles (EEUU), estaba citado a declarar como testigo en Estepona. No apareció. Su localización no ha sido posible debido a que faltaban datos sobre el domicilio social que el testigo había designado en Madrid, a través de la sociedad radicada en Delaware (EEUU) Coast Investors, antigua propietaria del inmueble vendido a Ignacio González y su esposa, Lourdes Cavero, en diciembre de 2012 por importe de 770.000 euros.

Quien sí ha comparecido como testigo es el abogado Luis Yáñez-Barnuevo Hermosín, hijo del conocido eurodiputado del PSOE Luis Yáñez y de la exconsejera de la Junta de Andalucía Carmen Hermosín. Dicho letrado trabajó desde 2008 hasta 2011 para el bufete madrileño Suárez de la Dehesa. De hecho, ha reconocido haber tramitado en 2008 el Número de Identificación Fiscal (NIE) para regular la situación de Coast Investors en España. Fue en ese año cuando la sociedad off shore radicada en el Estado norteamericano de Delaware (considerado como paraíso fiscal por su régimen especial tributario) compró el ático que poco después comenzó a arrendar al matrimonio González-Cavero.

En la declaración de Yáñez, a la que ha tenido acceso eldiario.es, este ha reconocido que la entidad de gestión de derechos Egeda, presidida por Cerezo, “era el principal cliente del bufete Suárez de la Dehesa” cuando él trabajó en la citada firma de abogados, entre 2008, cuando Coast Investors adquirió el ático de Estepona, y 2011. De hecho, Yáñez define a Egeda como “la entidad de gestión de los productores audiovisuales”.

El testigo desconoce si Valner ha sido “tesorero” de Egeda, pero “sí le consta” que Cerezo “es el presidente” de la citada entidad. Al hilo de tales afirmaciones cabe destacar que Egeda España tiene una filial en Estados Unidos, denominada Egeda U.S. Inc., presidida también por Cerezo, en la que Valner figuró como tesorero hasta que en 2011 saltó a los medios de comunicación que la Policía investigaba el uso y disfrute del ático de Estepona por parte del entonces número 2 de Esperanza Aguirre.

No menos relevante resulta el hecho de que González siempre negó a partir de 2011 haber conocido personalmente a Rudy Valner cuando comenzó a disfrutar del inmueble en régimen de alquiler en 2008. Sin embargo, informaciones publicadas en diversos medios de comunicación sitúan entre octubre y noviembre de 2007 al entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid en Los Angeles como participante en un evento de Egeda U.S. Inc. en el que también estuvo presente Enrique Cerezo. En dicho encuentro participó también el conocido productor Pedro Pérez, expresidente de Vía Digital y responsable de FAPAE, así como una delegación de la CEIM (la patronal de empresarios de Madrid) a cuyo organigrama directivo pertenece la esposa de González, Lourdes Cavero.

Llama poderosamente la atención que el testigo Antonio Yáñez desconoce por qué Coast Investors tenía su domicilio social en Madrid precisamente en la vivienda que él mismo ocupaba en 2008. Asegura no haber conocido personalmente a Rudy Valner, y niega haber intervenido ni en la compra ni en el alquiler del famoso ático. Tampoco es baladí que el testigo haya reconocido que “no era normal dar de alta empresas radicadas fuera de España en ese despacho de abogados que, de hecho, [Coast Investors] es la única que recuerda”. Y es que el bufete Suárez de la Dehesa está especializado en la tramitación de todo tipo de asuntos relacionados con el mundo audiovisual y los derechos de autor, al contar entre su clientela con la Sociedad General de Autores (SGAE) y especialmente con la entidad de gestión de derechos presidida por Cerezo (Egeda) como “cliente principal”, ha descrito Yáñez.

Todo indica que el fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos López Caballero, presente este viernes en la declaración testifical de Yáñez, en nombre de Anticorrupción, podría solicitar las declaraciones como nuevos testigos de quienes fueron los jefes directos del declarante, hacia quienes ha desviado en todo momento las responsabilidades en cuanto a que recibía instrucciones y directrices de ellos en el marco de la relación con Coast Investors. Se trata de José Antonio Suárez Lozano y Fernando Suárez Lozano.

Desde una cuenta bancaria extranjera de Coast Investors, una empresa sin ninguna actividad comercial ni empresarial conocida, salieron en 2008 más de 650.000 euros destinados al pago de la compra del ático, que fueron a parar al entonces promotor y propietario, el empresario asturiano Javier Pérez Villate. De hecho, el objeto de la comisión rogatoria que la juez Mariana Peregrina encargó meses atrás se centra en determinar quién hizo el ingreso de dicha cantidad en una entidad bancaria londinense, antes de que los fondos salieran con destino a España para llegar al vendedor del inmueble que ahora disfruta González como último propietario y antiguo inquilino.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP), cuyo secretario general, José María Sánchez Fornet, ha estado este viernes en Estepona, ya sospechó que el polémico dúplex de Estepona “siempre ha sido propiedad” de Ignacio González, de ahí que denunciara presuntos delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública. No obstante, por el momento las pesquisas judiciales se centran exclusivamente en determinar si Coast Investors y su representante, Rudy Valner, pudieron incurrir en delito fiscal.

Javier Carnerero, letrado que representa al SUP, personado como acción popular en la causa, ha asegurado a eldiario.es que “lo más llamativo ha sido la presencia hoy de un abogado en nombre de la sociedad Coast Investors, cuando no existe ninguna persona de esa empresa imputada”. El abogado del sindicato policial ha añadido que el letrado que representa a la sociedad de la que es representante Rudy Valner “ha pedido el sobreseimiento de las actuaciones”, en referencia a la insistencia mostrada en nombre del considerado testaferro profesional para que el caso se archive por completo.