La Comisión de Estudios del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado un informe que considera “problemático” el anteproyecto del Gobierno que prevé que los jueces puedan imponer la custodia compartida aunque los padres se opongan si consideran que es lo mejor para los hijos.
Compartir la custodia estando separados requiere “un alto grado de cooperación para que resulte exitoso”, recuerda el CGPJ en su informe, todavía provisional.
Así, continúa el CGPJ, imponer la custodia compartida por parte del juez sin acuerdo entre los padres dará lugar de manera “más que previsible” a un agudizamiento de “las tensiones y controversias que, frecuentemente, pueden surgir tras la ruptura de convivencia, en aspectos tan transcendentes como la educación, la vigilancia y el cuidado de los hijos”.
El anteproyecto de ley que regula este régimen en los casos de nulidad, separación y divorcio fue aprobado por el Ejecutivo el pasado mes de julio, por lo que debe ser sometido a informe del CGPJ.
La posición de la Comisión de Estudios es todavía provisional porque todavía debe remitir su informe al pleno del CGPJ para su aprobación definitiva.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha defendido que la custodia compartida no puede ser excepcional, sino normal, una posición coincidente con la más reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo y que apoya el CGPJ (“parece razonable que el anteproyecto regule la modalidad compartida de custodia bajo el prisma de la normalidad”, dice expresamente).
Sin embargo, una cosa es eso y otra imponerla aun cuando ninguno de los progenitores interese su adopción, mientras que cada uno la pide para sí excluyendo a la otra parte. Hacerlo así, dice el informe, “no comportará ventaja o utilidad alguna” y “difícilmente puede revertir en interés de los hijos”.
La novedad introducida por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, no servirá “para que los padres puedan desempeñar de mejor manera las funciones inherentes a la guarda y custodia”, concluye.
El anteproyecto prevé también que los condenados por violencia machista no tendrán la guarda y custodia de los hijos, algo apoyado por el informe de la Comisión de Estudios, que sin embargo pide al Gobierno que lo establezca expresamente y de manera más clara.