El presidente de la Junta de Andalucía durante la mayor parte del tiempo que duró el fraude de los ERE, Manuel Chaves, rechazó que ninguna de las decisiones que adoptó su Junta de Gobierno en aquellos 19 años hubiera incurrido en ilegalidad alguna. Esa Junta de Gobierno era presidida por él y en ella participaban todos los consejeros. En este sentido, el informe que la Guardia Civil ha entregado al juez Alberto Jorge Barreiro alude a un plan para que las decisiones sobre el fraude de los ERE nunca tuvieran que ser adoptadas por el primer nivel del Ejecutivo andaluz.
A la salida de su declaración, que se extendió durante dos horas y media, Chaves atendió a los medios brevemente: “En síntesis, he reiterado lo que he dicho en muchas ocasiones: que el tiempo en el que he sido presidente de la Junta de Andalucía, en los 19 años que lo he sido, nunca jamás se ha adoptado en el Consejo de Gobierno ninguna decisión ilegal, ni se ha conocido, ni se ha mantenido, ni se ha impulsado ninguna ilegalidad”.
El atestado de 175 páginas redactado por la Unidad Central Operativa utiliza la expresión “cortafuegos” para referirse a la función del “consejillo”, como se llama al Consejo de Viceconsejeros. Este órgano, inferior a la Junta de Gobierno, supone un escalón anterior y tiene por función elevar propuestas al órgano encabezado por el presidente de la Junta. Según sugiere la Guardia Civil, el fraude de los ERE incluía que el “consejillo” nunca elevara las decisiones que podrían incurrir en ilegalidades a la Junta de Gobierno. Tampoco le propuso nunca aprobar el decreto que iba a regular las transferencias de financiación. Todas las decisiones se adoptaban por los viceconsejeros o en el ámbito de la Consejería de Empleo, que dirigía entre 2004 y 2009 José Antonio Viera.
Chaves no se movió este martes ni un milímetro de las tesis que han venido defendiendo los imputados que fueron miembros del Gobierno de la Junta, tanto en la comisión de investigación como los que han declarado, por no ser aforados, ante la jueza Mercedes Alaya. “Las ayudas sociolaborales eran ayudas que tuvieron un efecto positivo para los trabajadores. Estaban basadas en los acuerdos de concertación firmados con los sindicatos y con las organizaciones empresariales, y tenían un efecto positivo en la lucha contra el paro y el desempleo”, ha dicho Chaves al salir del Supremo.
De esa tesis se desmarcó en parte José Antonio Griñán el pasado martes. El exconsejero de Hacienda –luego presidente de la Junta-, dijo que tenía la impresión de que no hubo “un plan” en el caso de los ERE, pero sí “un gran fraude”. Chaves, a escasos metros de donde Griñán atendió a la prensa el jueves, dijo este martes: “Si hubo alguna persona que utilizó fraudulentamente los fondos, serán los jueces, la justicia, quien determine las actuaciones individuales que causaron fraude y si fue grande o pequeño”.