- Niega haber dado la orden de activar un cortafuegos a su alrededor para evitar que le salpicara el fraude de los ERE
A su salida del Tribunal Supremo, Manuel Chaves declaró a los medios que está por ver si “alguna persona” cometió un fraude con la concesión de ayudas sociolaborales a empresas durante su gobierno y que, en todo caso, será la Justicia quien lo determine, así como si ese engaño fue “grande o pequeño”. Dentro, y ante el juez Alberto Jorge Barreiro, el expresidente de Andalucía insistió durante dos horas y media en que las decisiones que investiga el magistrado en el AltoTribunal, y la juez Mercedes Alaya en Andalucía, fueron adoptadas por órganos inferiores a él y a la Junta de Gobierno que presidía.
Tanta distancia marcó Chaves con esas decisiones que aseguró que, al menos en el año 2000, no conocía al director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta que él presidía. La persona que ocupaba ese cargo, Francisco Javier Guerrero, está imputado por la jueza Alaya y es una de las piezas clave de la trama. Según fuentes presentes en la declaración, Chaves ha dicho: “No puedo decir que conocía al director general de Trabajo porque no le conocía. Lo único que conocía de la modificación presupuestaria –con las que se nutrían los ERE- era en el momento en que llegaba al Consejo, no antes, y venía con todos los informes favorables”.
Eso, en cuanto a las modificaciones de presupuesto, porque las transferencias de financiación eran algo que quedaba siempre en escalones inferiores, concretamente en los Consejos de Viceconsejeros, los “consejillos”, y en la Consejería de Economía. “En el Consejo de Gobierno no se discutían partidas ni programas, conocía el Cuadro Macroeconómico y se discutía el estado de los ingresos, posteriormente se distribuían los ingresos entre todas las consejerías en virtud de criterios políticos y programa de Gobierno”, explicó Chaves al juez.
El juez Barreiro interrogó a Chaves después de haber recibido la pasada semana un atestado de 175 páginas que había reclamado a la Guardia Civil. En él, los investigadores sugieren que la trama de los ERE incluía la consigna de que las decisiones que posibilitaron el fraude no pasaran, al menos formalmente, por el presidente y las reuniones con su gabinete de consejeros. Se trataba, añaden, de establecer “un cortafuegos” alrededor de Chaves y la primera línea de su gobierno.
A preguntas del fiscal, el juez aseguró que, por su parte, no hubo nunca ninguna instrucción en este sentido. Al insistir el representante del Ministerio Público en que hubo ayudas que debían haber pasado por el consejo de Gobierno y nunca salieron del “consejillo”, Chaves se limitó a responder que desconoce que eso fuea así.
“Con la convicción de que todo era legal”
En la misma línea, Chaves ha declarado que desconocía la mecánica de las transferencias de financiación hasta que tuvo que preparar su intervención en la comisión de investigación del Parlamento de Andalucía. “Se aprobaban con la convicción de que todo era legal”, ha dicho este martes ante el magistrado instructor.
Como Griñán, Chaves defendió que un informe de actuación por parte del interventor de la Junta hubiera obligado a que el consejero y, por extensión él, fueran informados, pero que eso nunca se produjo. “Nunca he conocido informe de un interventor poniendo reparos a esas ayudas”, dijo Chaves, aunque los informes, no de actuación, existen.
En otro momento de la declaración, Chaves dijo que “tenía a 200 directores generales en la Junta, por lo que partía de que el procedimiento a partir del cual se concedían las ayudas era completamente legal”. Guerrero –que según su chófer se gastaba con él 25.000 euros mensuales en cocaína y prostitutas- declaró en el Parlamento y ante Alaya que los consejeros y el propio Chaves le impartían órdenes precisas de a qué empresas ayudar con las transferencias de financiación investigadas. El expresidente ha vuelto a desmentir este martes a Guerrero.
Manuel Chaves se refirió al papel del Parlamento andaluz en la supervisión de supuestas irregularidades. “Es muy difícil pensar que en 10 años centenares de diputados no hayan visto absolutamente nada ilegal sobre estas transferencias”, le dijo al juez.