Cuando se cumple un año de la declaración de la pandemia del coronavirus, mientras sigue en vigor el estado de alarma y con prácticamente toda España afectada aún por restricciones de movimiento, cierres perimetrales y toques de queda, el choque definitivo que escenificaron este miércoles el Partido Popular y Ciudadanos provocó un terremoto sin precedentes en la política española que, en medio de la legislatura, dejó en el aire tres de los cuatro gobiernos autonómicos en los que las dos fuerzas políticas gobiernan en coalición: Murcia, la Comunidad de Madrid y Castilla y León.
Aunque la confianza entre Pablo Casado e Inés Arrimadas, que siempre han presumido en público de mantener una “excelente” relación personal, empezó a romperse hace ya meses por la disposición al entendimiento con el Gobierno progresista de la líder de Ciudadanos, el divorcio que derivó en un durísimo cruce de reproches y acusaciones mutuas de “traición” lo desencadenó a primera hora del miércoles la decisión de la formación que se dice “liberal” de presentar una doble moción de censura junto al PSOE en la Región de Murcia para desbancar al PP –hasta ese mismo momento su socio de gobierno en la comunidad–, tanto del Ejecutivo autonómico como del ayuntamiento de la capital, al que acusó de “corrupción” y vinculó con las vacunaciones irregulares de varios altos cargos.
El giro de Ciudadanos descolocó al PP, que hasta este miércoles insistía en la “solidez” de sus acuerdos autonómicos con la formación de Arrimadas. Ante la sorpresa y el enfado por la maniobra realizada por su socio en Murcia, los populares decidieron responder rompiendo también su alianza con Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, donde su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, anunció al mediodía la disolución de la Asamblea de Madrid y la convocatoria de elecciones adelantadas para el 4 de mayo. “Si no tomo esta decisión Ciudadanos y el PSOE hubieran presentado una moción de censura, algo que ya han hablado en reiteradas ocasiones, y causar el desastre de la Comunidad”, argumentó ella, antes de destituir, a primera hora de la tarde, a todos los consejeros de Ciudadanos.
PSOE y Más País, las dos principales fuerzas de la oposición en Madrid, registraron poco después sendas mociones de censura contra Ayuso para tratar de paralizar ese adelanto electoral, lo que provocó un embrollo judicial que, al cierre de esta edición, seguía sin permitir dilucidar si finalmente habrá elecciones en la comunidad el 4 de mayo. La Mesa de la Asamblea de Madrid, presidida por Ciudadanos y reunida de urgencia de forma telemática, las admitió a trámite, pero la validez de la decisión ha sido cuestionada por el equipo de Ayuso porque el escrito de Presidencia anunciando la disolución de la cámara autonómica llegó antes de que comenzara la tramitación de las mociones. El PP acusa al presidente de la Mesa, por ello, de “prevaricar”.
De forma paralela y, tratando de evitar otro adelanto electoral por parte del PP en Castilla y León, el PSOE presentó allí otra moción de censura contra el presidente regional, el popular Alfonso Fernández Mañueco, que también gobierna en coalición con Ciudadanos que, por el momento, no está dispuesto a romper allí su alianza con los populares. La iniciativa, en la que ya trabajaban los socialistas de la región, se aceleró por una llamada que realizó directamente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al líder del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, este miércoles al mediodía.
Los socios defienden la “estabilidad” en Andalucía
Con todo, la desestabilización institucional de la que la derecha dividida en tres –PP, Vox y Ciudadanos– lleva meses culpando al Gobierno progresista de Pedro Sánchez ha acabado escenificándose en tres de las cuatro comunidades gobernadas en coalición por los partidos de Pablo Casado e Inés Arrimadas, todas menos Andalucía, donde los socios aseguran que su alianza es, al menos de momento, “estable y sólida”. Pese a ello, la tercera fuerza implicada, Vox, que a diferencia de PP y Ciudadanos no deja de crecer en las encuestas, exigía este miércoles que se convoquen elecciones en esas cuatro comunidades en las que su apoyo es imprescindible, con el fin de “frenar el asalto de la izquierda a las instituciones”.
Casado y Arrimadas apenas recuerdan ya la foto de Colón de febrero de 2019 que escenificó por primera vez la unidad de acción de las tres derechas y que reunió a los líderes de PP, Ciudadanos y Vox, que se materializó en los acuerdos de coalición en las instituciones y que terminó por resquebrajarse este miércoles, justo cuando la dirección nacional de los populares se ha propuesto una refundación del partido tras acumular sucesivas derrotas electorales desde que Casado llegó a la presidencia del partido, y que trataba de reactivar su idea de recuperar para sus filas a los votantes huidos a las otras dos fuerzas conservadoras –la tantas veces mentada “reunificación del centro derecha” en la que insiste el líder del PP– absorbiendo en sus filas a dirigentes de Ciudadanos.
Uno de los grandes perjudicados por las maniobras de este miércoles es el secretario general del PP, Teodoro García Egea, que pergeñó todos esos acuerdos autonómicos y que se involucró especialmente en el de la Región de Murcia, su comunidad natal. Los pactos, su principal logro en sus casi tres años como 'número dos' de Casado, ahora se han desmoronado y trastocan su poder dentro de un partido en el que su figura ya llevaba meses cuestionada internamente por las acusaciones de autoritarismo de algunos barones territoriales. “Hoy es un día triste, porque muchos españoles están defraudados con sus políticos”, aseguraba este miércoles a última hora. “Ciudadanos ha pactado para derribar los gobiernos de Murcia, Castilla y León y Madrid. Ha decidido volar por los aires los gobiernos de la libertad”, añadía García Egea.
Para él, los movimientos de Ciudadanos son “tremendamente irresponsables en plena pandemia”. En esa línea, el 'número dos' del PP situaba a Arrimadas en un “frente de izquierdas” por “una treta política” y un “ataque al PP” que, a su juicio, “ha sido discreta y oscuramente pergeñada en despachos por dirigentes de Podemos, PSOE y Ciudadanos”. “Arrimadas ha unido su futuro político a Sánchez e Iglesias”, añadía.
La líder de Ciudadanos, por su parte, ha defendido la decisión de impulsar sendas mociones de censura en Murcia ante las críticas que ha suscitado tanto dentro de su partido como fuera. “Ser implacables contra la corrupción a menudo resulta incómodo, pero siempre es lo correcto. Quien quiera que Ciudadanos no luche contra esta lacra pierde el tiempo intentándolo. Seguiremos trabajando por el interés general y al servicio de todos los españoles”, expresó en un tuit.
El equipo de Casado, que ya de noche convocó un Comité de Dirección para estudiar el nuevo escenario político, consideraba que “la unidad del centro derecha es la única solución para España” a raíz de una “operación clandestina” que para García Egea “clarifica las cosas en el panorama político”. “Esto va de socialismo o libertad, caos o PP”, dijo este miércoles. Por todo ello, anunció que el PP “abre a los militantes de Ciudadanos las puertas de esta casa común del centro derecha. El PP abre las puertas de su casa para que militantes defraudados puedan venir”. Hoy [por este miércoles] comienza un proceso de unión en el PP“, zanjaba.
La crisis interna del PP
Frente a las consignas oficiales, el agravamiento de la “crisis del centro derecha” a raíz de las maniobras de Ciudadanos preocupa en las filas del PP, tal y como lo detallaba en un artículo el exdirigente popular José Luis Ayllón. Se produce, además, en plena batalla interna en el partido por el intento de la dirección de Pablo Casado y, en concreto, del propio García Egea, de controlar las delegaciones territoriales colocando a afines en los puestos de dirección a nivel provincial y autonómico, y en medio de una crisis financiera por la falta de ingresos provocada por las sucesivas derrotas electorales que forzó a Casado a anunciar la marcha de la histórica sede de Génova 13 y a pedir a sus barones una mayor contribución económica para el PP nacional.
Todo ello, sumado a los frentes judiciales que afronta el PP por casos de corrupción del pasado reciente –el extesorero Luis Bárcenas declaró esta semana en el juicio de la caja B reiterando sus acusaciones de financiación ilegal y señalando a exdirigentes por el cobro de sobresueldos de dinero negro– ha debilitado enormemente el liderazgo de Casado, cuya gestión está siendo abiertamente cuestionada por algunos de sus principales barones territoriales.
La líder de Ciudadanos fue la que decidió mover ficha, pero no para hacer cambios internos en su equipo, como le exigieron algunos dirigentes autonómicos y los críticos del partido en la tensa Ejecutiva convocada al día siguiente de las autonómicas del 14F para analizar la debacle sufrida en Catalunya –donde pasó de primera a séptima fuerza al perder 30 de sus 36 escaños–. Su apuesta iba mucho más allá y sorprendía incluso a los suyos por la moción de censura en Murcia. “Llevamos meses intentando que el PP de la Región de Murcia cumpla el acuerdo para combatir la corrupción y el escándalo de las vacunaciones irregulares. Ha sido imposible. Abriremos una nueva etapa de regeneración liderada por las políticas de Ciudadanos”, aseguró Arrimadas en un tuit.
Su decisión, negociada con el más absoluto secreto en la Asamblea regional –pero dirigida desde Madrid–, suponía un corrimiento de tierras en la política de pactos que adoptó su antecesor Albert Rivera, que prefirió al PP para cerrar gobiernos autonómicos en Andalucía, Madrid, Murcia y Castilla y León, mientras vetaba al PSOE. Las consecuencias de este cambio de estrategia para Ciudadanos, que vive sus horas más bajas, son en este momento impredecibles, aunque de entrada ha derivado en la pérdida de uno de sus cargos institucionales más relevantes, la vicepresidencia de la Comunidad de Madrid ejercida hasta su destitución, este miércoles, por Ignacio Aguado.
Visiblemente enfadado, Aguado acusó a Ayuso de “mentir bellacamente” por decir que su partido estaba negociando con la izquierda una moción de censura en Madrid. Y además de llamarla “irresponsable”, la acusó de cometer una “traición a los madrileños”. “Ha roto unilateralmente por su capricho personal el compromiso de un acuerdo que era para cuatro años”, lamentaba el dirigente de Ciudadanos. También la candidata a la presidencia del Gobierno de Murcia en la futura moción, Ana Martínez Vidal dijo que le parece “incomprensible” que el PP quiera romper ese pacto en Madrid y se genere “inestabilidad” en una plaza en la que, a su juicio, el acuerdo de Gobierno estaba “funcionando correctamente y gestionando correctamente”.
Fuentes de Ciudadanos han reconocido a elDiario.es que el visto bueno sobre la moción de Murcia la tomó “la dirección nacional” con Arrimadas y Carlos Cuadrado al frente, pero sin convocar a la Ejecutiva. El malestar no se hacía esperar ya que no es la primera vez que hay quejas por que la líder del partido tome decisiones tan importantes como ésta sin reunir a la Comisión Ejecutiva en la que están todos los 'barones' autonomicos. No así en el Comité Permanente. Uno de los que alzaba la voz era el valenciano Toni Cantó que, en su cuenta de Twitter, pedía una convocatoria de este órgano para “trasladar allí” su opinión.
Cantó, cuyo nombre quiere impulsar un sector del partido como alternativa a la líder nacional, no es el único que se ha visto sorprendido por la decisión de Arrimadas. “Estamos flipando. Las bases están cabreadas, ¿en base a qué hacemos la moción? Ahora más que nunca necesitamos una Asamblea General porque Ciudadanos no tiene rumbo ni credibilidad”, señalaba una diputada madrileña alineada con el sector crítico, que no ha dejado de reclamar a Arrimadas que haga cambios en su equipo.
Mientras en Murcia y Madrid los dirigentes de Ciudadanos y del PP mantenían las espadas en alto, en Castilla y León los de Arrimadas se negaban a respaldar otra moción de censura presentada por el PSOE. Los socialistas de Castilla y León ya desvelaron hace dos semanas que trabajaban desde hace tiempo en una moción de censura para descabalgar al presidente Fernández Mañueco a la que intentaron atraer a Ciudadanos. Pero allí el vicepresidente del Gobierno, Francisco Igea –que fue rival de Arrimadas en primarias– les ha dado la espalda.
La misma Arrimadas hace tan solo unos días descalificaba a los socialistas de esa comunidad días acusándoles de “lanzar globos sonda” y “cortinas de humo” para “tapar los problemas del Gobierno de Sánchez e Iglesias”. Además, avisaba de que su intención era visitar esta comunidad y reunirse con el presidente Fernández Mañueco. “Nosotros vamos a seguir trabajando, no nos vamos a distraer con rumores”. “No es fácil gobernar en tiempos de pandemia, pero Ciudadanos está gobernando y está gobernando bien allí donde estamos”, zanjaba. Esas declaraciones fueron en todo caso previas a la ruptura total con el PP de Casado de este miércoles y a que Ayuso expulsara a Ciudadanos del Gobierno de Madrid.
“¿Con qué Arrimadas nos quedamos? ¿Con la que habla de gobernar con responsabilidad en pandemia con el PP o con la que ahora cambia de discurso y precipita la ruptura de los pactos en donde gobernamos?”, es una de las preguntas que se hacen algunos militantes en los chats internos del partido.
Gabilondo: “Buscaremos mayorías para gobernar”
Ante la tormenta política, Pedro Sánchez se desplazó este miércoles de Moncloa a Ferraz para reunirse con su núcleo duro para analizar la situación en la Comunidad de Madrid. Además del secretario de Organización y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, Adriana Lastra, y Santos Cerdán, en el encuentro estaba el secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco y el jefe de gabinete de Sánchez, Iván Redondo, informa Irene Castro. Pero el PSOE quiso dar el protagonismo de la jornada a Ángel Gabilondo, líder de la oposición en Madrid y candidato de los socialistas en su moción de censura contra Ayuso. “Buscaremos mayorías para configurar un Gobierno que quiera regenerar Madrid”, aseguró en una entrevista en TVE.
Si el terremoto con epicentro en Murcia replicó con toda su fuerza en la Comunidad de Madrid con una convocatoria electoral inesperada por parte del PP, en el Ayuntamiento de la capital, donde gobiernan también en coalición PP y Ciudadanos, se mantiene una calma tensa. Ningún grupo se ha movido todavía públicamente a la espera de que se aclare el embrollo jurídico que podría terminar con el adelanto de las elecciones en manos de los tribunales. En esta plaza, la única posibilidad de cambio pasaría por una moción de censura de la izquierda apoyada por Ciudadanos. El Gobierno municipal no tiene potestad para convocar elecciones anticipadas, como sí ocurre a nivel regional, informa Sofía Pérez Mendoza.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, intentó durante todo el miércoles trasladar que el Ayuntamiento “seguía trabajando unido” mientras se desataba la guerra entre Ayuso y Aguado. En el Palacio de Cibeles insisten en que el Gobierno no está en riesgo por el momento tras una conversación telefónica entre Martínez-Almeida y la vicealcaldesa, Begoña Villacís, en la mañana del miércoles.