La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó hoy a Guatemala a abordar el “inaceptable” aumento de la violencia y muertes que tienen como víctimas a defensores del medioambiente.
“Hacemos un llamamiento a las autoridades de Guatemala para que aborden este aumento inaceptable de la violencia contra las personas defensoras del medioambiente y elaboren urgentemente una política pública para la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos”, aseguró el organismo en un comunicado.
La CIDH señaló que en lo que va de año se han producido al menos cinco ataques en contra de ecologistas en el país centroamericano, incluidos asesinatos, a causa de su defensa del territorio y el medioambiente frente a proyectos que amenazan el “derecho a un medio ambiente sano” y que les “enfrentan a los mayores peligros a nivel mundial”.
La CIDH recomendó a Guatemala aplicar un programa de protección integral de los defensores de derechos humanos de acuerdo con lo señalado por la Corte Interamericana, además de tomar en consideración los factores de riesgo específicos a los que están expuestos.
Por ello, insistió en la necesidad por parte de los Estados de luchar contra la impunidad de los ataques contra los defensores de derechos humanos mediante investigaciones serias, independientes y transparentes para identificar a los autores intelectuales y materiales, procesarlos y garantizar una reparación adecuada.
Según cita la CIDH, comunidades afectadas en Huehuetenango realizaron una protesta pacífica el pasado 17 de enero en contra de un proyecto hidroeléctrico en Ixquisis, pero hombres armados dispararon contra la multitud y en el suceso murió el defensor de los derechos indígenas y del territorio Sebastián Alonso Juan.
Además, en una protesta el pasado 27 de mayo, Carlos Maaz Coc, otro activista, murió por heridas de bala mientras participaba en una manifestación pacífica para pedir a las autoridades una solución a la contaminación del Lago Izabal en El Estor como consecuencia de actividades mineras en la zona.
El pasado 7 de junio, Aura Lolita Chávez, una beneficiaria de medidas cautelares otorgadas por la CIDH, junto con integrantes del Consejo de Pueblos K'iche' (CPK) fueron amenazadas, perseguidas e intimidadas por diez hombres armados no identificados, mientras escoltaban un camión cargado de madera ilegal para su entrega a las autoridades locales en Santa Cruz del Quiché, departamento de K'iche.