El caso Villarejo, llamado a sacudir a la élite política, empresarial y judicial del país, mengua. El pasado jueves, su nómina de exclusivos imputados se vio reducida por decisión del juez Manuel García Castellón, quien en apenas dos horas cerró inesperadamente la pieza del espionaje a Luis Bárcenas desde el Ministerio del Interior y eximió de responsabilidad en la contratación del policía corrupto a la petrolera Repsol, al gigante bancario Caixabank y a los máximos responsables de ambas.
Estas decisiones adoptadas por el instructor afectan a las piezas más relevantes del caso. Con el hilo conductor del comisario, la causa Tándem se había convertido en un rompecabezas de la corrupción que ha habitado en España en las cuatro décadas de democracia. Otra vez, el Ministerio del Interior se veía envuelto en un escándalo solo superado por el terrorismo del Estado: con cargo al erario público, los fondos reservados, se había financiado una operación para sabotear las causas judiciales contra el PP, el partido en se momento en el Gobierno.
Como ya ocurriera con los GAL, todo queda circunscrito al Ministerio del Interior. El juez ni siquiera ha llamado a declarar al que otros imputados señalan como perfecto conocedor de la operación “parapolicial”, el entonces presidente del Gobierno. Mariano Rajoy fue el principal beneficiario de la maniobra para sustraer al tesorero del PP la documentación de la caja B de la formación que pudiera acabar con su carrera política e incluso sentarlo en el banquillo. Las continuas referencias a “El Barbas” o “El Asturiano”, como identifica Asuntos Internos a Rajoy, y el detalle de sus contactos con Villarejo a través del abogado Javier Iglesias, no tienen entidad suficiente para citarlos al menos como testigos, según el juez.
La decisión de no prorrogar el caso Kitchen pese a la petición de la Fiscalía Anticorrupción, el resto de acusaciones y las defensas de varios imputados tiene una incidencia directa en la política nacional: el actual líder de la oposición, Pablo Casado, alcanzó la presidencia del Partido Popular con el apoyo de María Dolores de Cospedal, quien tuvo que dejar después la política por sus tratos con el comisario corrupto y ahora queda eximida de responsabilidad penal.
El magistrado considera que no hay indicios contra la secretaria general del PP durante la operación Kitchen, pese a las anotaciones sobre pagos al comisario y la grabación en la que ella y su marido le encargan “trabajos puntuales”. El juez apela en su auto al “derecho de reunión” que asistía a la política y al policía, líder de una presunta organización criminal.
Con todo, es muy probable que un ministro del Interior y su secretario de Estado se sienten en el banquillo. Pero si la Sala de lo Penal no corrige a García Castellón y le obliga a practicar las pruebas que ha negado a la Fiscalía, la operación Kitchen quedará como una idea de Jorge Fernández Díaz, miembro del reducido círculo de amistades de Rajoy, que fue ejecutada por sus subordinados en el Ministerio. Como recordó Pablo Casado al trascender el auto del juez, Fernández Díaz está cesado de militancia y Cospedal “es inocente”.
De lo abrupto de la decisión de García Castellón habla un hecho que había pasado desapercibido hasta que dictó su auto de pase a procedimiento abreviado. La Fiscalía solicitó la declaración como investigado del director general de la Policía, Ignacio Cosidó, el único en la escala de mando que escapa a Kitchen. El resto de partes ni lo sabía y no tuvieron tiempo de pronunciarse. El juez instructor les había hurtado el conocimiento de esa petición de declaración de Anticorrupción que ahora deberán respaldar ante la Sala de lo Penal.
Así las cosas, la operación Kitchen queda reducida a un político que se extralimitó y que contó con una retahíla de comisarios e inspectores jefes de la Policía Nacional puestos al servicio de un interés partidista e ilegal. Como el propio Villarejo ha declarado, ellos eran los mimos agentes que atacaron a la oposición en la Operación Catalunya. Hay evidencias de que repitieron el 'modus operandi' con Podemos.
Mientras, una de las preguntas más incómodas seguirá flotando en el aire: ¿Conocía el servicio de Inteligencia español la operación? ¿La consintió? ¿Participó en ella? Así lo dio a entender, antes de retractarse, el número dos de Interior, Francisco Martínez, con su mensaje depositado ante notario con Fernández Díaz sobre el “contacto cecilio”. O en la reflexión del móvil que le arrebataron los investigadores sobre la participación de “otros servicios del Estado”.
Tendrá que ser la comisión de investigación del Congreso quien realice esas preguntas al responsable del CNI entonces, el general jubilado y a sueldo actualmente de Iberdrola, Félix Sanz Roldán, en un episodio que vuelve a cuestionar su mandato, después del fracaso en el referéndum soberanista de Catalunya y su implicación personal, si no también la del mismo CNI, en los oscuros episodios del rey emérito en los que se mezclan su relación extramatrimonial con Corinna Larsen y el trasiego de dinero opaco. El consenso para la comparecencia del general ha crecido entre los grupos parlamentarios en las últimas semanas.
La comisión de investigación del Congreso es un instrumento que ha despreciado ante miembros de su entorno el juez García Castellón. Una prueba es la decisión del magistrado de hacer público el auto de imputación de Cospedal y su marido mientras declaraba éste y a pocas horas de que lo hiciera ella. Manuel García Castellón tenía el auto redactado a falta de firma desde hacía días encima de su mesa, confirman fuentes jurídicas.
La Operación Catalunya, el elefante en la habitación
A los archivos decretados por el juez hay que sumar los indicios que nunca se investigaron, vinculados a la extensión de una guerra sucia contra la oposición que el Gobierno del PP practicó durante el mandato de Rajoy y en la que siempre participó el comisario Villarejo. Se trata de las citadas Operación Catalunya y las maniobras contra Podemos.
Todos los indicios que han surgido durante la instrucción respecto a la actividad parapolicial contra el procés han acabado en un cajón del Juzgado Central de Instrucción número 6 bajo el nombre de 'Archivo Taja'. Con el argumento del secreto de Estado, el juez rechazó investigar los encargos de Interior a Villarejo en 2013 y 2014, periodo caliente de la Operación Catalunya en la que el propio policía ha confesado su participación.
En un auto de abril de 2020, García Castellón justificaba que esas “funciones asignadas” a Villarejo que mantiene bajo secreto van acompañadas de otras atribuciones por parte del Ministerio que dirigía Jorge Fernández Díaz, “principalmente relacionadas con la captación de información de interés policial”, sin que el juez ahonde en qué tipo de trabajos se le requerían al policía liberado.
En el mismo auto, el juez sacaba de la causa una larga lista de documentos, bajo el supuesto de secreto de Estado, difícilmente identificables porque solo aparecían reseñados con referencias alfanuméricas. Este diario pudo compararlos con otro documentos en el sumario de 2018 y descubrió entre ellos había trabajos del policía sobre Artur Mas y “diversas personas”, la “financiación” de Unió Democràtica de Catalunya (UDC) y el ex cónsul honorario de Letonia en Barcelona, Xavier Vinyals.
Entre la documentación desclasificada por Interior para la investigación de Kitchen apareció un recibo de 6.700 euros acompañado de la anotación “mossos”. Los fondos iban asignados al comisario imputado Enrique García Castaño, a quien Fiscalía y juez no han permitido explicar que se trataba del dinero con el que pagaba por información del procés a un sindicato del cuerpo policial autonómico.
Del 'caso Villarejo' al 'caso Pablo Iglesias'
El caso de Podemos es emblemático. La pieza 10 o caso Dina arrancó como el robo de información al partido guardado en el móvil de una colaboradora y su posterior publicación en medios afines a la brigada política. Pero acabó con una intensa instrucción contra el líder de la formación, Pablo Iglesias.
García Castellón regresó del confinamiento con un objetivo principal: imputar al vicepresidente del Gobierno en plena situación de tensión social y política fruto de la pandemia. Pero tenía un problema, los dos delitos que se le atribuían, daños informáticos y revelación de secretos, necesitaban que la perjudicara se sintiera como tal y denunciara. Y Dina Bousselham no lo iba a hacer. Así que el juez estiró la causa hasta llevarla al Supremo ignorando la petición de la colaboradora de Iglesias de declarar, lo que hubiera puesto fin a la investigación al líder de Podemos.
El juez García Castellón dejó en esos meses de 2020 en segundo plano la instrucción de piezas como Kitchen o BBVA para centrarse en un posible delito de daños informáticos y destrucción de una tarjeta telefónica de una persona que no se sentía perjudicada por ello. Incluso planeó viajar a Gales para interrogar a los técnicos que intentaron recuperar el material contenido en tarjeta.
En contra del criterio de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, García Castellón propuso al Tribunal Supremo imputar a Iglesias, que entonces estaba aforado, pero el Alto Tribunal rechazó tal posibilidad y le recordó que lo que tenía que hacer era llamar a Bousselham y escuchar lo que no había querido oír durante meses. Aún no lo ha hecho. A día de hoy, el magistrado espera un informe de la Policía Científica antes de decidir sobre Iglesias, que ya no está aforado.
La documentación incautada al comisario ha dado para abrir una treintena de piezas, algunas cerradas ya, pero solo la mitad del material ha sido desencriptado. El CNI traslada al juzgado desde hace meses que no logra avances y el comisario sigue sin facilitar las claves.
La repercusión en los juicios de octubre
Otra de las decisiones del intenso 29 de julio de García Castellón anticipa un futuro nublado al caso. El juez archivó la causa contra Repsol y Caixabank porque no tenían por qué saber que estaban contratando a un comisario en activo y, por tanto, no se puede dar el delito de cohecho. Eso mismo podrán alegar los miembros de la jet que se sentarán en el banquillo en octubre en el primer juicio de la causa Tándem que acogerá tres piezas, las denominadas Land, Pintor y Iron. Si el tribunal acepta la tesis de que los clientes no tenían por qué saber que Villarejo era policía la acusación de cohecho, el soborno a un funcionario, se tambalea.
Se da la circunstancia de que las empresas del Ibex acogen la peor cara de la puerta giratoria de unos funcionarios especiales, los comisarios de policía. Las empresas defienden su contratación porque son los expertos más adecuados para dirigir la seguridad de las empresas. El sector privado de la seguridad lo desmiente rotundamente y apunta a otro motivo: sus contactos en el Ministerio del Interior y en las Fuerzas de Seguridad.
Esos antiguos altos mandos de la Policía, Miguel Ángel Fernández Rancaño en el caso de Caixabank, y Rafael Araújo, en el de Repsol, siguen imputados. ¿Los antiguos compañeros de Villarejo no sabían de su condición en activo y de cómo accedía a datos confidenciales para sus trabajos? Lo que el juez tiene claro es que, lo supieran o no, nunca se lo trasladaron a los consejeros delegados de las empresas más poderosas del país y que éstas tienen unos programas de prevención que aplicaron y que les protege de cualquier responsabilidad penal.
Las acusaciones creen que después de Antoni Brufau e Isidro Fainé el siguiente en salir de la lista imputados del caso Villarejo es el CEO de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. Quedan imputados el BBVA y Francisco González, quien salió del segundo banco del país en 2019.