La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el líder del Partido Popular, Pablo Casado, empiezan a quedarse solos en su estrategia de guerra total contra el Gobierno. Las autonomías del PP no solo no actúan en bloque, como era la intención de su líder, sino que han dejado a Ayuso sola en los tribunales contra la orden del Ministerio de Sanidad, que ha obligado al Ejecutivo madrileño a cerrar la capital y otras nueve ciudades de la región por la alta incidencia del virus.
Mientras Ayuso y Casado y toda la dirección del PP hablan de un ataque partidista a Madrid, la Junta de Castilla y León gobernada también por PP y Ciudadanos ordena confinar las ciudades de León y Palencia. Y el resto de comunidades rechazan la vía de los juzgados y, a diferencia de Madrid, han decidido no presentar recursos contra el acuerdo del Consejo Interterritorial del pasado miércoles.
A Casado no le acompañan el resto de barones autonómicos y tampoco Ciudadanos –el partido que sostiene todo su poder territorial– en esa guerra abierta contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez. La formación que lidera Inés Arrimadas reivindicaba este lunes la decisión del Gobierno de Castilla y León por su actuación ante la pandemia adoptando medidas tempranas, pese a tener menores índices de contagio que la Comunidad de Madrid. Una posición, reconocían desde Ciudadanos, con la que se sienten más cómodos frente a la de confrontación liderada por Ayuso. “En Castilla y León se van a aplicar medidas de restricción a pesar de no tener los mismos índices que Madrid”, enfatizaba la portavoz ejecutiva, Melisa Rodríguez, en una rueda de prensa tras la Junta directiva del partido.
Las ciudades de León (124.000 habitantes) y Palencia (48.000) tendrán a partir de este martes medidas restrictivas casi idénticas a las de Madrid capital y otros nueve municipios madrileños. León tiene ya una incidencia acumulada de 510,45 casos positivos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días y Palencia llegaba este fin de semana a los 536,71 casos en ese mismo volumen de población y periodo. En Madrid ciudad, según los datos de la Comunidad a 2 de octubre, esa incidencia acumulada llegaba a los 776 casos.
La Junta de Castilla y León aplicará en ambas capitales de provincia las limitaciones de movimiento y aforos que fueron acordadas por Sanidad y la mayoría de las autonomías. El Gobierno castellanoleonés que preside Alfonso Fernández Mañueco (PP) fue el único de los populares que votó a favor de las medidas comunes para todo el país, desmarcándose durante el consejo interterritorial de Sanidad de la disciplina impuesta por Génova para apoyar la postura de la Comunidad de Madrid, que rompió un acuerdo con el Ministerio menos de 24 horas después de producirse. En el caso de Palencia, no eran de obligado cumplimiento por ser una población menor de 100.000 habitantes, pero el Gobierno regional decidía este lunes incluir al municipio en las restricciones por la alta incidencia del virus.
Castilla y León fue la única autonomía gobernada por el PP que apoyó el acuerdo. Sin embargo, la Comunidad de Madrid se ha quedado sola en su batalla judicial contra las medidas del Ministerio de Sanidad. El Gobierno regional presentó el viernes un recurso ante la Audiencia Nacional que su socio de coalición, Ciudadanos, no apoya. Pero tampoco otras comunidades presididas por los populares: ni Galicia ni Andalucía ni Murcia, que votaron en contra del acuerdo, que Sanidad dio por válido pese a que no se aprobó por unanimidad, van a llevarlo a los tribunales. Algunos de los dirigentes del PP en otras regiones empiezan a manifestar en privado su desacuerdo con la estrategia de confrontación liderada por Ayuso que apoya la dirección nacional del partido con Casado a la cabeza
Quien muestra en público sin reparo esas discrepancias es su socio de coalición, Ciudadanos, que lleva más de una semana discrepando en cualquier foro de las decisiones de la presidenta madrileña. El Gobierno de Ayuso anunciaba el jueves por la noche el recurso con el que intentará paralizar las restricciones solicitando medidas cautelares. A la misma hora, el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, de Ciudadanos, aseguraba que era una decisión de la presidenta que no compartía. En la formación de Arrimadas hay especial malestar porque ni siquiera fueron consultados ni informados de que se había tomado la decisión de solicitar medidas cautelares, algo de lo que Aguado se enteró en directo en una entrevista en TVE mientras abogaba por dejar de un lado las discrepancias políticas para atender a lo “importante”: “salvar vidas”.
La dirección nacional de Ciudadanos respalda a Aguado en su oposición al recurso que Ayuso ha presentado ante los tribunales. “Por supuesto que compartimos con el vicepresidente que las restricciones en este caso pueden salvar vidas”, subrayaba Melisa Rodríguez. Para la formación de Arrimadas la postura de Aguado es la “responsable” frente a la judicialización decidida por su socia de gobierno, aunque desde Ciudadanos siguen defendiendo la coalición pese a las discrepancias no menores en la gestión de una pandemia que se ha cobrado en la región más de 15.000 vidas.
A pesar de que solo Madrid le sigue en ese discurso, la dirección nacional redobla la estrategia. El secretario general del partido, Teodoro García Egea, anunciaba este lunes que el parlamentario popular en el Congreso de los Diputados ha solicitado la comparecencia urgente del ministro Salvador Illa para que explique las restricciones “unilaterales” impuestas a Madrid, a pesar de que estas mismas medidas entran en vigor a partir de este martes también en Palencia y León. “La orden de Illa permite también que pueda haber más movilidad entre barrios con más contagios y lo lógico sería, como estableció la Comunidad, que hubiese más restricciones de movilidad en esas zonas que en otras con menos contagios”, insistían los populares en un argumentario interno este lunes, aunque las medidas del Ministerio son un acuerdo de mínimos que las comunidades pueden ampliar si así lo desean.
Pese a la insistencia del PP, la decisión de Castilla y León de adoptar las mismas medidas y la negativa de las autonomías de acompañar a Ayuso en su deriva judicial supone el reconocimiento de que las restricciones impuestas por Sanidad son necesarias para contener el virus.
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