Tras haber barrido a sus enemigos internos con la dimisión de Esperanza Aguirre, conformar el partido a su medida y con la aprobación los presupuestos de 2017 pese a su debilidad parlamentaria, el pasado llama a la puerta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, para llevarla a su momento político más complicado.
La investigación de la Guardia Civil que vincula a la presidenta de la Comunidad de Madrid con la financiación irregular del PP la coloca en una difícil situación política. Cifuentes esperó al final de la tarde del martes para dar explicaciones ante los medios. Para entonces un teletipo de EFE recogía que el juez Velasco había descartado actuar contra ella. “Confío en la justicia y más allá del documento de la Guardia Civil, el juez que conoce el informe no ha tomado ninguna decisión”, declaró con alivio la presidenta.
Con la Guardia Civil fue especialmente dura. “Es un relato con apariencia de veracidad, que recoge muchos juicios de valor pero no tiene ningún fundamento jurídico”, declaró Cifuentes. No es normal que un miembro del PP y exdelegada del Gobierno haga unos comentarios tan duros contra los agentes del instituto armado.
La debilidad parlamentaria de los populares en Madrid obligó a Cifuentes a salir en tromba para evitar que se ponga en peligro su futuro político. Por si acaso, lanzó la amenaza de emprender acciones legales contra todos aquellos que duden de su honorabilidad y honradez.
Génova no salió en su defensa hasta que la presidenta de la Comunidad de Madrid dio públicamente su versión. “Confiamos en las explicaciones de Cifuentes y expresamos nuestro apoyo a su labor como presidenta de la Comunidad de Madrid”, fue la escueta explicación que partió de la dirección nacional del partido. Para evitar dudas, antes de esta declaración la política madrileña aseguró: “La dirección tiene absoluta confianza en mí”.
Sin embargo, otras fuentes de la formación conservadora recordaron que fue la presidenta del PP de la Comunidad de Madrid la que “ha puesto el listón muy alto” en la respuesta de frente a los casos de corrupción. Cifuentes es víctima de sus 20 años en el partido pero también de su deseo de romper con un pasado que ha marcado su devenir político en los últimos dos años.
Marcar diferencias con la etapa de Aguirre
La necesidad de marcar una clara diferencia con la etapa de Aguirre sumada a las obligaciones debidas por el acuerdo de investidura con Ciudadanos ha hecho que la formación conservadora aprobara un código ético del partido más exigente que el de PP nacional: Es motivo de renuncia “ser investigado formalmente por delitos de corrupción o por delitos que por su gravedad causen una especial alarma social”.
También en la dirección del partido admitieron que la nota de prensa que lanzó el PP de Madrid con la dimisión de Aguirre era “peligrosa”, ya que colocaba en una complicada situación a sus dirigentes madrileños porque hacía suyo la obligatoriedad de dimitir en caso de fallar en la vigilancia de posibles casos de corrupción: “Nuestra organización comparte las razones expuestas por Aguirre para dejar el cargo, especialmente en lo que se refiere a que debía haber vigilado con mayor eficacia los posibles casos de corrupción, lo que ha causado daño a las instituciones y al propio partido”.
El protagonismo de Cifuentes como regeneradora de la vida política tras llevar a la fiscalía una documentación del Canal Isabel II que aceleró la operación Lezo de la policía ha puesto nerviosos a una parte de la dirección del partido, más aún cuando se le colocó entre la terna de sucesores de Mariano Rajoy.
Ahora está por ver cómo responde a los envites políticos de la oposición, cuando PSOE y Podemos han retomado con fuerza la corrupción como bandera para poner en duda la gestión del PP tras el ingreso en prisión de su antecesor en la Comunidad de Madrid, Ignacio González.
Cifuentes no ha dejado de tener sobresaltos desde que llegó a la presidencia de la Comunidad. Entre las salidas por las investigaciones policiales o las actuaciones judiciales relacionadas con la corrupción, las desavenencias ideológicas de los diputados más conservadores frente a la política madrileña, los saltos al Gobierno regional de parlamentarios autonómicos que dejaron el acta porque se les exigió dedicación exclusiva o el diputado que dimitió tras dar positivo por alcohol, el grupo parlamentario del Partido Popular en la Asamblea de Madrid ha tenido 19 bajas en dos años.
Moción de censura
Estos casos de corrupción del PP han llevado a Podemos a anunciar que presentarían una moción de censura a Cifuentes que, de momento, ni PSOE ni Ciudadanos apoyan. Albert Rivera, presidente de la formación naranja, recordó la dimisión del presidente de la Comunidad de Murcia, Pedro Antonio Sánchez para asegurar que “si luego en sede judicial hubiera imputación, Ciudadanos no tolera que haya imputados en el Gobierno, como hemos demostrado en Murcia. Eso sería inadmisible e insostenible”.
El secretario general de Podemos Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, emplazó “al PSOE y a Ciudadanos a reconsiderar su posición porque no hay miembro honrado de una mafia, porque Cristina Cifuentes no está al margen del PP sino que es una más en el engranaje de poder y modelo de gestión y de saqueo al servicio de unos pocos que el PP ha presentado”.
A dos años de las elecciones Cifuentes se enfrenta ahora a la ardua tarea de tener que responder en cada sesión parlamentaria de la Asamblea de Madrid a las acusaciones de la oposición por un informe de la Guardia Civil que le imputa los delitos de prevaricación y cohecho. Una traba que puede acabar con uno de sus deseos. En una entrevista para eldiario.es Cifuentes aseguraba: “Si tuviera que expresar algún deseo, me gustaría volver a presentarme a unas elecciones autonómicas en 2019”.