El departamento que dirige Cristina Cifuentes fundamenta el escrito, firmado el 15 de octubre, en el artículo 4.2 de la Ley que regula del Derecho de Reunión, que especifica que la responsabilidad de los actos derivados de una manifestación es de sus organizadores y que éstos deben garantizar el buen orden y la seguridad de las protestas para conseguir el buen curso de las mimas.
En concreto, según informes facilitados por la Jefatura Superior de la Policía a la Delegación, la concentración del 25 de septiembre derivó en importantes incidentes. Así, recuerdan que, aunque la concentración transcurrió con normalidad hasta las 19 horas, “a partir de entonces se produjo un lanzamiento de objetos contundentes contra la Policía, intentos de traspasar el área de seguridad y agresiones a policías”.
“En ningún momento se pudo apreciar por parte de la Policía la existencia de medidas de seguridad adoptadas por los organizadores de los actos ni de la actuación de un servicio de orden que velase por los mismos”, apunta el escrito sancionador.
La Delegación señala que, de esta forma, el convocante de la marcha no cumplió con lo indicado por la institución el 20 de septiembre, donde se fijaban las condiciones de la manifestación comunicada. Por tanto, considera que estos hechos pueden ser constitutivos de una “infracción administrativa grave” del artículo 23.c de la Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
En base a todo ello, la Delegación del Gobierno en Madrid ha acordado iniciar un procedimiento administrativo sancionador contra el convocante de la manifestación del 25-S. Esta persona podrá participar de derecho de audiencia y presentar alegaciones en un plazo de 15 días advirtiendo que si no lo hace recibirá automáticamente una multa de 6.000 euros.
Fuentes del departamento que dirige Cristina Cifuentes han señalado a Europa Press que esta multa “no es excepcional” y que a lo largo del año se ha sancionado a numerosos promotores y convocantes de protestas, entre ellos organizaciones políticas, sindicales y particulares, por incumplir en cuanto al tiempo, ubicación, recorrido o seguridad los términos dictados previamente por la Delegación del Gobierno sobre una manifestación o concentración concreta.
Por su parte, la Coordinadora 25-S, el colectivo que organiza los actos de protesta frente al Congreso, ha publicado este miércoles en su cuenta de Twitter que este domingo debatirán si asumir o no entre todos la sanción de 6.000 impuesta al convocante de la marcha del 25 de septiembre.
No obstante, han aclarado que la persona que comunicó a la Delegación del Gobierno dicha manifestación lo hizo por su cuenta “pasando y saltándose el consenso colectivo” de los miembros de la Coordinadora.