La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha propuesto sancionar a 26 personas que fueron identificadas por la Policía durante su participación en diversos escraches o concentraciones no autorizadas ante las viviendas de políticos.
Diecinueve de ellas, según ha informado a Efe la Delegación del Gobierno, fueron identificadas en el entorno del domicilio de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el pasado día 5 y siete junto a la casa de una diputada del Partido Popular, en la calle Ibiza, el día anterior.
En este último caso se han abierto dos expedientes sancionadores por falta grave, con una propuesta de sanción de 1.500 euros, y cinco por falta leve, con multa de 200 euros.
Por lo que se refiere a los actos ante el domicilio de la vicepresidenta del Gobierno, se han iniciado 19 expedientes administrativos sancionadores.
En tres de los casos -uno de ellos el ex secretario general de Alianza Popular Jorge Vestrynge- la propuesta de sanción es de 1.500 euros por falta grave y en dieciséis, entre 200 y 250 euros, por falta leve.
Los expedientes por falta grave se incoan al considerar que esas cinco personas fueron promotores u organizadores de las protestas de acoso a políticos.
La Delegación del Gobierno estudia además las identificaciones remitidas por la Jefatura Superior de Policía de Madrid respecto a otras concentraciones ilegales que han tenido lugar en los últimos días, lo que dará lugar, en su caso, a la apertura de los correspondientes expedientes sancionadores en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana.
Según recuerda el organismo que dirige Cifuentes, como se hace siempre que se produce una concentración no comunicada y, por tanto, ilegal, el Cuerpo Nacional de Policía da traslado a la Delegación del Gobierno de las identificaciones efectuadas.
Recibidos los atestados policiales, el departamento técnico de la Delegación valora los hechos y comprueba si los mismos suponen una infracción administrativa prevista en la Ley de Seguridad Ciudadana, en relación con la Ley reguladora del Derecho de Reunión.
En el caso de que efectivamente se aprecie la existencia de una infracción, se inicia un procedimiento administrativo sancionador individualizado, partiendo de la tipificación de los hechos y de la propuesta de sanción.
Dentro del proceso, que se tramita con todas las garantías jurídicas y cuenta con un instructor para cada caso, los interesados disponen de dos fases de alegaciones, periodo de prueba, así como la posibilidad de interponer recurso de alzada y, en su caso, recurso contencioso administrativo en vía judicial.