La tensión interna larvada desde hace tiempo en Ciudadanos de La Rioja se intensifica. A la reciente dimisión de Elvira González, una de sus concejalas en Logroño, se suma ahora la decisión del Juzgado de Instrucción número 2 de Logroño de admitir a trámite una denuncia contra la delegada territorial, María Luisa Alonso, y el delegado institucional, Julián San Martín, por un presunto delito de malversación de caudales públicos.
El denunciante, Enrique Echazarra, exmiembro de la Junta Directiva regional, acusa en su demanda a ambos dirigentes, que también son concejales del Ayuntamiento de Logroño, de uso indebido de las subvenciones que reciben los partidos para el mantenimiento de sus grupos institucionales aun a sabiendas de que era ilegal, ya que es una práctica que prohíbe la Ley de Bases de Régimen Local.
En concreto, en el texto de la denuncia se señala que los dos dirigentes firmaron la autorización del contrato laboral para el pago de la nómina de Alonso a cargo de los fondos del grupo municipal, pagos que se hicieron efectivos entre octubre del 2015 y enero de 2016.
Varios miembros de la antigua cúpula del partido en La Rioja, entre ellos el propio Echazarra, advirtieron por escrito de esa ilegalidad a la dirección nacional del partido y a la Comisión de Garantías para que subsanaran esa situación. Pero la dirección solo tomó cartas en el asunto cuando saltó el caso a la prensa. Entonces Ciudadanos reconoció esos pagos, que no han sido los únicos destapados en distintas agrupaciones, achacándolos a un “error administrativo”.
Finalmente, el partido devolvió la cantidad percibida por Alonso durante esos cuatro meses y afirmó que había “regularizado la situación ante la Seguridad Social y Hacienda”.
Cuatro años de cárcel y diez de inhabilitación
En su demanda, se solicita por estos hechos penas de cuatro años de cárcel y diez años de inhabilitación tanto para María Luisa Alonso como para Julián San Martín. Además, pide que testifique en el juicio el secretario de Organización, Fran Hervías, entre otras personas.
Se da la circunstancia de que poco después de la polémica, la agrupación única que había en La Rioja y su Junta Directiva fueron disueltas por la dirección nacional argumentando la necesidad de iniciar un proceso de “reestructuración” territorial con la creación de cuatro nuevas agrupaciones.
Los antiguos miembros de la cúpula riojana, sin embargo, achacaron esta disolución a las denuncias que habían realizado de los pagos ilegales tanto a la delegada territorial como los del excoordinador del País Vasco, Nicolás de Miguel, a costa del grupo parlamentario.
A Enrique Echazarra se le abrió un expediente disciplinario que acabó con su expulsión. El exdirigente riojano demandó al partido ante los tribunales y en la actualidad está también pendiente de un juicio civil, que se celebrará el próximo 29 de mayo, en el que solicita la anulación de su expediente y su reingreso como militante en el partido.
Este caso se suma a la reciente dimisión de la edil de Logroño, Elvira González, que acaba de abandonar no solo su acta en el Ayuntamiento sino también la militancia en la formación naranja. González se ha despedido a través de una carta en la que manifiesta su rechaza al cambio “ideólogico” que formalizó el partido en la IV Asamblea General y en la que asegura que “Ciudadanos se ha convertido en un partido más y no quiero ser cómplice de ellos”.
La Rioja será una de la comunidades donde Ciudadanos podrá soslayar las primarias para elegir a los números uno de las candidaturas en las próximas convocatorias electorales al haber decidido trocear en varias agrupaciones la única que tenía antes a nivel organizativo. Los nuevos Estatutos dejan sentado que las primarias solo se celebrarán en aquellos lugares donde cuenten con más de 400 afiliados, una condición que no se cumple en La Rioja.