Después de una hora de reunión en el Congreso de los Diputados, Ciudadanos ha salido satisfecho del resultado de la conversación que ha mantenido con el PSOE y el PP tras haber logrado el compromiso de ambos partidos mayoritarios para que convoquen “con carácter de urgencia” la Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo, como les reclamaron por carta la semana pasada tras sufrir en sus filas dos importantes fugas de concejales, una en Santa Cruz de Tenerife y otra en Málaga, que han cambiado el equilibrio de fuerzas que había hasta ahora en los dos Ayuntamientos.
En un comunicado hecho público al término de la reunión, el partido de Inés Arrimadas señala que las tres formaciones han abordado “la lucha contra las prácticas antidemocráticas utilizadas para alterar por la puerta de atrás las mayorías expresadas por los ciudadanos en las urnas”, y se felicita por haber logrado el compromiso de socialistas y populares para que dicha Comisión, que lleva más de 10 años sin reunirse, pueda ser convocada ahora con carácter de “ urgencia”. No obstante, para tal reunión no han puesto fecha.
En el encuentro, según la versión de Ciudadanos, “las tres formaciones han coincidido en la necesidad de que los partidos políticos sean ejemplares y contundentes contra lo que consideran una lacra para las instituciones y para la democracia, cuyos máximos perjudicados terminan siendo los ciudadanos, que ven quebrada la voluntad popular en un mercadeo inaceptable”.
A la reunión han asistido por parte de Ciudadanos Carlos Cuadrado, Vicesecretario General Primero, y su segundo, José María Espejo-Saavedra, secretario general del grupo parlamentario. Por parte del PSOE han acudido finalmente Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, vicepresidente primero del Congreso y Susana Sumelzo, diputada por Zaragoza y responsable de Política Municipal. Y por parte del PP Raquel González, secretaria nacional de Política Local,
El motivo de tanta urgencia urgencia ha sido lo ocurrido en los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife y Málaga, en donde dos concejales, que lograron sus actas bajo las siglas de Ciudadanos, han decidido dejar su militancia y pasarse al grupo de ‘no adscritos’, propiciando con ello un cambio en el equilibrio de fuerzas de ambos consistorios.
En el caso de Málaga, el que ha dado un portazo a Ciudadanos ha sido el edil Juan Cassá, que el pasado mes de mayo anunció su marcha de Ciudadanos para pasarse al grupo de 'no adscritos“, con lo que queda en sus manos mantener o tumbar el pacto de Gobierno que el PP cerró precisamente con los dos ediles que logró en la municipales Ciudadanos. Ese acuerdo permitió al popular Francisco de la Torre seguir como alcalde de la ciudad. El caso tienen doble vertiente porque Cassá se ha pasado también al grupo de 'no adscritos' en la Diputación de Málaga, en donde la mayoría también va a depender de él. Para afianzar su fidelidad, el PP le ha nombrado portavoz del equipo de Gobierno y responsable de Relaciones con las Instituciones, lo que le ha convertido en el cargo mejor pagado de la provincia, ya que al sueldo de este organismo puede sumar dietas por asistir a los Plenos y a las comisiones municipales. En total, Cassá, según cálculos de la oposición, recibirá unos ingresos de 90.000 euros anuales.
El otro foco de rebelión ha estado centrado en Santa Cruz de Tenerife, en donde la hasta hace poco concejala de Ciudadanos, Evelyn Alonso, se ha pasado también al grupo de los 'no adscritos', desde donde acaba de apoyar la moción de censura impulsada por Coalición Canaria y el PP contra la alcaldesa socialista, Patricia Hernández a la que el partido de Arrimadas apoyaba. Gracias a su voto, ahora la alcaldía ha pasado a manos de José Manuel Bermúdez (CC). El comportamiento de Alonso le ha valido su expulsión de Ciudadanos.
La dirección del partido reclamó a los dos ediles, sin éxito, que cumplieran con la Carta Ética y Financiera que firman todos los cargos al inicio de su mandato, en la que se comprometen a devolver sus actas “si causan baja en el partido por cualquier motivo”.
Ciudadanos incide en que el transfuguismo “es una práctica deleznable, una forma de corrupción que en los últimos días ha vuelto a salpicar a municipios importantes de nuestro país, erosionando la estabilidad de gobiernos en un momento delicado como el actual”.
La formación de Inés Arrimadas espera que la nueva convocatoria de la Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo “permita a los partidos abordar esta lacra mediante la actualización y renovación de ese acuerdo para acabar con los incumplimientos reiterados que acumula”.
Además, cree que ya es hora de “impulsar reformas legislativas para garantizar algo esencial: que el tránsfuga no pueda verse recompensado por estar dispuesto a alterar las mayorías y que los partidos no puedan sacar tajada de esta situación comprando voluntades, porque los votos de los ciudadanos en las urnas no pueden comprarse en los despachos”.
Por su parte, el PSOE, en su comunicado, coincidió con Ciudadanos en la necesidad de actualizar y ampliar el Pacto para “incorporar a los nuevos partidos”, y también para hacerlo extensivo al ámbito autonómico y estatal, no solo al local.
Pero en la reunión los socialistas se encararon con la representante del PP a la que trasladaron su “más enérgica protesta” por haber apoyado la moción de censura que han propiciado en Santa Cruz de Tenerife contra la alcaldesa de su partido, Patricia Hernández, logrando que Coalición Canaria se haga con el bastón de mando gracias a la tránsfuga de Ciudadanos, Evelyn Alonso, “en contra de lo que decidieron democráticamente los ciudadanos”. “Dado que el PP ha sido cooperador necesario para esta artimaña”, El PSOE ha exigido al PP que “ponga en marcha las bases necesarias para revertir esta situación lo antes posible”. “No se puede estar en una mesa anti transfuguismo y propiciar cambios en ayuntamientos a la vez”, opinan.