Algunas claves del 'caso Faisán'

El tribunal de la Audiencia Nacional que ha iniciado este lunes el juicio contra el ex jefe superior de Policía en el País Vasco, Enrique Pamies, responsable policial durante años de la lucha antiterrorista en Euskadi, y el inspector jefe José María Ballesteros, deberá aclarar y responder algunas de las preguntas que han arrastrado este caso desde que a finales de junio de 2006 el juez Fernando Grande Marlaska abriera una pieza superada dentro del sumario contra la extorsión etarra que se instruía en la Audiencia Nacional.

- ¿Parte de la jefatura antiterrorista encausada por un delito de colaboración con banda armada?

Esta pregunta está en la raíz de una causa que se produjo en pleno proceso negociador entre los emisarios del entonces presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, y la dirección de ETA, entre los que se encontraba José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, 'Josu Ternera'. ¿Hasta qué punto la cúpula política de la época pudo presionar a los responsables policiales sobre el terreno contra ETA para cometer un delito de esta naturaleza? ¿Fue algo más que un guiño en plena negociación? Pamies ha sido muy claro en su declaración de hoy. Nunca recibió órdenes políticas para avisar a ETA de que se estaba gestando una operación contra el aparato encargado del cobro del denominado 'impuesto revolucionario' de la organización terrorista. “Para nada, tampoco lo hubiera admitido”, ha contestado con rapidez, a preguntas del fiscal.

- ¿Están todos los que son?

Durante la instrucción se han producido múltiples imputaciones. El agua no llegó hasta la cúpula política, pero alcanzó al entonces director general de la Policía, Víctor García Higaldo, y salpicó también al que fuera responsable de la Comisaría General de Información y jefe de la lucha antiterrorista de la Policía, el comisario Telesforo Rubio. Finalmente, García fue exonerado en la causa y no se sienta en el banquillo de los acusados. Garzón rechazó en octubre de 2006 la querella presentada contra Rubio. La investigación también tuvo sus derivadas políticas. Grande Marlaska imputó un delito de colaboración con banda armada -el mismo por el que se sientan ahora en el banquillo de los acusados Ballesteros y Pamies- al entonces dirigente del PNV e histórico del nacionalismo Gorka Agirre, ya fallecido, al que finalmente retiró la imputación a lo largo de la instrucción. La acusación fue también histórica ya que ningún líder peneuvista hasta entonces había sido imputado por un delito de colaborar con ETA. El entonces portavoz peneuvista y hoy lehendakari, Íñigo Urkullu, el día en el que se le pusieron medidas cautelares a Agirre por colaboración con ETA -el 28 de junio de 2006- dijo que tomaba nota de la actuación del fiscal y se preguntó si el ministerio público actuaba a “impulso políticos”.

- ¿Cuál era, en realidad, el papel de los mediadores?

Otras personas, supuestamente ligadas al aparato de mediadores necesarios para efectuar los pagos, también fueron imputadas y detenidas en su momento. Desde el histórico fundador de ETA, Julen Madariaga, hasta el periodista Pablo Muñoz, al que el juez Baltasar Garzón -una vez recuperado el sumario tras dejar el juzgado central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional- desimputó en el auto de 24 de octubre de 2008 cuando constató que las “contradicciones” que le rodeaban solo han “podido concretarse en el hallazgo de una copia de la carta en la que se reitera el pago al señor Martínez Bueno en poder del imputado”. En la red desplegada por ETA para cobrar la extorsión, muchas personas hacían labores de mediación con una vocación más “humanitaria” que de colaboración alguna con los terroristas. Pero algunos fueron detenidos a lo largo de la instrucción generando una alarma en la que muchas personas que se habían mezclado en esta tarea -“más por ayudar y por los contactos con ese mundo que otra cosa”, aclaran fuentes conocedoras de los entresijos de la red- acabaron arrestadas e imputadas.

- ¿Las grabaciones incluidas en el sumario servirán para aclarar y determinar las responsabilidades de los encausados?

Miles de folios del sumario están dedicados en la investigación a los pinchazos. De hecho, el coche balizado que usó Joseba Elosúa, dueño del bar Faisán -el que da nombre al caso- en Irún el día del chivatazo, el 4 de mayo de 2006, reveló una conversación entre Elosua y su yerno, Carmelo Luquín, en la que aparecían detalles que solo los agentes del operativo policial contra la red de extorsión etarra deberían saber. Esos datos y que el recaudador etarra que venía de Francia, José Luis Cau, no cruzara la frontera para recoger los 54.000 euros que le iba a hacer llegar supuestamente Elosua, hicieron sospechar al juez de que podía haberse producido una fuga de información.

El uso de un móvil adscrito a la Comisaría General de Información para dar el supuesto chivatazo centrará parte de los interrogatorios relacionados con las escuchas que sin duda se producirán a lo largo de la vista. O puede que incluso alguien (el abogado de alguna acusación que ya lo intentó en la instrucción) tenga la tentación de recuperar la llamada supuestamente realizada desde el número de teléfono de Fernando Mariscal, jefe de seguridad del PSOE y ex mando del CNP, a una persona que supuestamente se encontraba en el bloque del bar Faisán, un policía (comisario jefe de la Brigada Operativa del CNP en San Sebastián) y excompañero de Mariscal, que participaba en el operativo. Era su cumpleaños, se publicó en su momento. Garzón también negó cualquier relación con el caso de Mariscal en octubre de 2006 y descalificó en el auto en el que rechazaba la querella contra él de Manos Limpias la “publicación de datos inexactos y falsos” en relación con Mariscal, “por cuanto en ningún momento el señor Mariscal ha sido objeto de investigación, ni ha sido imputado, ni existen indicios para hacerlo y, como se ha dicho, por extensión, carece de vinculación con el objeto de esta investigación”, dejó escrito Garzón en su resolución.

¿Y las posibles implicaciones de los máximos responsables políticos del Gobierno socialista?

El PP aprovechó la investigación del supuesto chivatazo para arremeter contra el Gobierno Zapatero. De nuevo Alfredo Pérez Rubalcaba, entonces ministro del Interior, estuvo en la diana de los populares. Y la caza de brujas llegó hasta el entonces presidente. Pero no todo el mundo le bailó el agua al PP. Por ejemplo, el 8 de agosto de 2006 todos los grupos del Congreso de los diputados rechazaron -en la Diputaciòn permanente- la pretension del PP de que Rubaldaba acudiese a la Cámara para informar de las presuntas filtraciones a ETA y su red del 'impuesto revolucionario'. El PP usó de nuevo el terrorismo como arma de desgaste al Ejecutivo, inmerso entonces en plena negociación con la dirección etarra tras el alto el fuego permanente decretado por los terroristas meses antes. “La dignidad democrática de los españoles no puede irse de vacaciones”, argumentó entonces el PP, e instó a Rubalcaba a que “dé la cara” porque el PP veía entonces “muchas incertidumbres en torno al mal llamado proceso de paz y el Gobierno y la mayoría de esta Cámara no quieren que se despejen”.