Cobrar 100.000 euros en negro: el último de la larga lista de problemas judiciales de Alvise

El cobro de 100.000 euros en efectivo de manos de un empresario que ha reconocido Luis 'Alvise' Pérez abre un nuevo frente judicial para el eurodiputado de extrema derecha. Las sospechas de la Fiscalía sobre la posible financiación irregular de su candidatura a las últimas elecciones se solapan con varias investigaciones penales por revelación de secretos y dos condenas civiles por difamar a políticos y periodistas. El líder de Se Acabó La Fiesta se enfrenta, aforado ante el Tribunal Supremo, a las consecuencias de lo que él dibuja como una lucha contra el sistema y los jueces perfilan como mentiras y ataques con los que ha amasado cientos de miles de seguidores en el último lustro.

Los problemas judiciales de Alvise son una constante en los mensajes que lanza a diario a sus 710.000 seguidores en su canal de Telegram, aunque lo que cuenta no siempre se corresponda, necesariamente, con la realidad. Él siempre atribuye su origen a una persecución de los poderes del Estado contra él por lo que él define como su “lucha” contra la “corrupción” y la “mafia”. Han sido varias las ocasiones en que ha afirmado que un caso se había archivado o ha negado la existencia de condenas que ya son firmes.

Los mensajes desvelados esta semana por elDiario.es no solo confirman que cobró dinero en efectivo de Álvaro Romillo, fundador de un club fallido de inversiones basado en las criptomonedas, sino que uno de los principales motivos por los que reclamaba esos fondos (el otro es la financiación de la campaña electoral) tiene que ver con una preocupación muy real por las causas y condenas que se le amontonan. Entre sus “necesidades”, además de fondos ocultos al Tribunal de Cuentas, Alvise mencionaba: “Tengo que afrontar ciertas multas por revelación de secretos contra el Estado y Protección de Datos”. La liquidez, añadía, “me permite afrontarlas”.

En ese mensaje, el entonces candidato sacaba a relucir la cantinela que administra semanalmente a sus seguidores: “Corruptos, pedófilos y exaltos cargos gubernamentales”. Las causas judiciales abiertas o sentenciadas contra él, tanto por lo penal como por lo civil, están lejos de esas consideraciones.

La más reciente está pendiente de ser enviada al Tribunal Supremo por parte de un juzgado de Sevilla. Allí la Fiscalía ha conseguido la reapertura de una causa penal contra Alvise por colgar en su canal una foto de una de las hijas del Presidente del Gobierno revelando, además, en qué país cursa sus estudios. El agitador ultra subió la foto y poco después tapó la cara de la joven, pero para entonces la imagen ya había empezado a circular y sigue, a día de hoy, siendo publicada por ciertas cuentas de la red social X.

Ese caso está bajo investigación penal. Igual que la denuncia que una magistrada de la capital andaluza remitió a la Fiscalía del Supremo en la que acusaba al eurodiputado de amenazas y coacciones. El líder de SALF se dirigió directamente a ella en un mensaje ante su comunidad de Telegram, deslizando que revelaría que había cobrado sobornos si no rectificaba su orden de detención –que en realidad era una averiguación de paradero– contra Vito Quiles, uno de sus periodistas de cabecera. La Fiscalía tiene pendiente decidir si abre una causa contra él.

También lleva años atascada en un juzgado de Barcelona la investigación abierta contra él por difundir una falsa prueba PCR del entonces ministro Salvador Illa. “He ganado el juicio al ex-Ministro Salvador Illa, pero la sentencia sigue sin salir porque prefieren que la causa prescriba y que no haya ganadores ni derrotados”, llegó a decir hace ahora dos años. La Audiencia Nacional también remitió a los juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid una causa contra él por revelar conversaciones entre imputados de la 'operación Kitchen'.

Las diligencias penales abiertas contra él, por ahora sin sentencias y a la espera de una decisión sobre los 100.000 euros cobrados en efectivo, no tiene que ver con su pretendida lucha contra la corrupción. Desde hace años, el hoy eurodiputado afirma que causas judiciales como el 'caso Koldo' se han abierto gracias a él y el mismo día en que recogió su acta prometió difundir audios que revelarían las corruptelas de jueces y políticos de máximo nivel. Esos audios, tal y como le recuerdan a diario sus seguidores en Telegram, no han aparecido todavía.

Condena firme por la vía civil

Ninguna de las causas penales abiertas contra él se han traducido, por el momento, en una condena. Pero el factor económico de sus problemas judiciales viene, sobre todo, por las causas tramitadas por la vía civil. El Tribunal Supremo declaró firme el pasado junio su obligación de indemnizar con 7.000 euros a la periodista Ana Pastor por ejercer sobre ella el hostigamiento que define, ante su parroquia, como lucha contra la corrupción: publicar fotos de momentos privados, como en este caso una cena, dando a entender que está haciendo algo ilegal.

Esa condena fue declarada firme exactamente un mes después de que Alvise obtuviera 100.000 euros en metálico de Romillo en la sede de su empresa en pleno barrio de Salamanca de Madrid. Y se suma a otra pendiente de confirmación por parte del Tribunal Supremo: los 5.000 euros que debe pagar a la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, por publicar falsamente que había recibido un respirador en su casa en lo peor de la primera ola de la pandemia de 2020. Un material que escaseaba entonces en los hospitales donde, cada día, morían cientos de personas.

En algún otro caso los tribunales le han dado la razón. El mismo Supremo, por ejemplo, avaló que especulara sin pruebas reales sobre la gestión que la misma Ana Pastor llevaba de su empresa Newtral. Los tribunales tienen pendiente repetir la sentencia que lo condenó a indemnizar con 60.000 euros al exministro José Luis Ábalos.

Las causas civiles contra él pueden seguir tramitándose de forma normal, pero todas las causas penales abiertas contra él tienen que ir, por obligación, a manos de la Fiscalía del Supremo o de la propia Sala de lo Penal que todavía preside Manuel Marchena por su condición de eurodiputado. Uno de los objetivos principales que nunca ocultó su campaña electoral: quedar aforado ante el alto tribunal. Según su versión, para blindar esa lucha contra la corrupción que no termina de ejecutar de forma tangible contra “sobornos de jueces y fiscales”, entre otras cosas. El último de sus problemas judiciales es la investigación abierta en la Fiscalía del Tribunal Supremo por recoger dinero de un empresario cripto antes incluso de llegar a cargo público y a quien ya como diputado le ofreció cambiar leyes si llega a ser llave de Gobierno junto a Feijóo y Abascal.