La alcaldesa de Arroyomolinos, Ana Millán, vicesecretaria de Organización del nuevo PP madrileño de Isabel Díaz Ayuso, declaró el pasado 22 de abril como investigada en relación con los pagos de un supuesto alquiler por un empresario adjudicatario de contratos en la Concejalía que ella dirigió en la localidad madrileña. Sobre esos 52.950 euros que ella fue ingresando en el banco entre 2008 y 2017, Millán dijo que procedían de su pareja, la cual, por dedicarse a la hostelería y al “mundo de la noche”, le entregaba cantidades para los gastos comunes y ella prefería ingresarlo en su cuenta.
Un informe de la Guardia Civil, incorporado a las actuaciones, destaca “que el volumen de ingresos en efectivo sea mayor durante el periodo en el que Neverland Eventos S.L realizó los pagos a la exconcejal (2008-2012)”. Se refiere a la empresa de Francisco Roselló, el empresario imputado junto a Ana Millán que pagó casi el doble del valor del alquiler del ático de la alcaldesa en el centro de la localidad con el argumento de que incorporaba un derecho a compra. Estos ingresos en metálico son independientes de los que cobró en su cuenta Millán por el citado alquiler.
De esos ingresos en metálico, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil también destaca que “disminuyan de forma notoria una vez que la empresa dejó de realizar los pagos a la ex concejal [a partir de 2013, en referencia estos últimos a los ingresos por el alquiler]”. El juez ha citado a la pareja de Ana Millán como testigo el próximo 4 de julio. La acusación popular que ejerce Más Madrid ha solicitado que cambie su condición a la de investigado. Además del dinero de su marido, la colaboradora de Ayuso dijo que el metálico también procedía del alquiler de otra vivienda de su propiedad.
En cuatro años, entre el 3 de enero de 2008 y el 13 de julio de 2012, Ana Belén Millán recibió 44.462,67 euros de la empresa Neverland, propiedad de Roselló, según consta en los atestados de la Guardia Civil entregados al juez. Cuatro empresas de Roselló fueron adjudicatarias, entre 2006 y 2011, de más de 660.915,21 euros en contratos de la Concejalía de Juventud, al frente de la cual estaba Ana Millán, según los datos que la UCO ha obtenido de Hacienda. Cuando Millán cambió de Concejalía, el Ayuntamiento de Arroyomolinos dejó de contratar a Roselló, según destaca la Guardia Civil.
Ana Millán defendió ante el juez que los contratos fueron aprobados por la Junta de Gobierno y firmados por el alcalde y que, sin embargo, ninguno de sus miembros ni el regidor están acusados, lo que atribuyó a una “denuncia política”.
El juez instructor, José Manuel García Marfil, también se interesó el pasado 22 de abril por la parte del atestado de la Guardia Civil que destaca la contratación de la única hermana de Millán por una empresa de Roselló. Ella explicó que se debió a que tras acabar sus estudios como trabajadora social echó muchos currículum y fue contratada por una de las empresas de Roselló sin que ella tuviera participación alguna.
Otra de las empresas de Francisco Vicente Roselló que fue contratada por la Concejalía de Millán fue GE Escuelas Urbanas SL. La Agencia Tributaria respondió al requerimiento judicial informando de que, ya fuera en concepto de rendimientos del trabajo o el de actividades económicas, Beatriz Millán Arroyo –hermana de la alcaldesa– cobró los citados 93.522, 60 euros de la empresa de Roselló. En uno de los años en los que el empresario estuvo ingresando dinero mensual en la cuenta de la entonces concejala Ana Millán, en 2011, la hermana de ésta, Beatriz, batió su récord de facturación con GE Escuelas Urbanas, un total de 21.365,10 euros.
En cuanto a cómo pudo enterarse el empresario de que la entonces concejala de Juventud de Arroyomolinos alquilaba su ático, Ana Millán aseguró ante el juez que el suyo es “un pueblo” y que ella hizo correr la voz entre los funcionarios pero también entre las “empresas” que trabajaban para el ayuntamiento y que fue el propio Roselló el que propuso pagarle más por el derecho a compra que luego nunca ejecutó.
A esta cuestión se refirió también el empresario Roselló en su declaración como investigado. Admitió que alquiló el piso para uno de sus empleados y que llegó a un acuerdo con la hoy alcaldesa para que el precio del alquiler por derecho a compra ascendiera al importe de la hipoteca que tenía que pagar mensualmente Millán al banco, alrededor de 900 euros.
El juez también ha citado a este extrabajador de Roselló el 4 de julio después de que la Guardia Civil haya localizado a otros cinco inquilinos del ático y ninguno llegara a pagar una cantidad ni aproximada a los 900 euros que Roselló ingresó a Ana Millán por el alquiler. El juez, por el momento, se limita a indicar en sus autos y providencias el delito de prevaricación administrativa cuando se refiere a Millán. La Guardia Civil citó a la alcaldesa por ese delito y además por los de cohecho, fraude y blanqueo de capitales. Ante los agentes, Millán se negó a declarar.