Colectivos de memoria confían en el cambio de criterio de la Fiscalía sobre la investigación del franquismo pero piden más implicación a los jueces y el Gobierno

Los fiscales españoles dejarán de obstaculizar la única causa abierta en el mundo sobre los fusilamientos, desapariciones forzadas y torturas que tuvieron lugar durante el franquismo y que impulsa desde hace una década en Argentina la jueza María Servini. La actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha dejado recientemente sin efecto la instrucción de obligado cumplimiento que Consuelo Madrigal –quien ocupó ese cargo entre 2014 y 2016, con el Gobierno de Mariano Rajoy– impulsó durante su mandato y que ponía trabas a las peticiones de colaboración de la magistrada.

Este cambio de criterio ha sido recibido con esperanza por los colectivos de víctimas, que esperan que sirva para impulsar una investigación que tiene entre sus próximos hitos la declaración del exministro franquista Rodolfo Martín Villa, el único imputado en virtud de esa querella dispuesto a declarar. Está previsto que Servini lo interrogue de forma telemática el próximo 3 de septiembre, cuando está citado en la embajada argentina en Madrid.

“Es una gran promesa para la querella, como si entrara el aire fresco que había antes en materia de jurisdicción universal en el derecho español”, dice la abogada Ana Messuti, una de sus impulsoras. Se trata, en todo caso, de una instrucción para los fiscales y la última palabra la seguirán teniendo los jueces, en ocasiones no demasiado sensibles en esta materia, según denuncia la letrada, que conoció esta orden precisamente el 4 de octubre de 2016, cuando se encontraba en un juzgado de Oviedo acompañando al histórico militante comunista y fundador de Izquierda Unida, Gerardo Iglesias, quien había acudido a declarar por videoconferencia ante Servini por las torturas que sufrió durante la dictadura.

La jueza anuló en el último minuto la declaración a petición de la Fiscalía, que esgrimió el escrito de Madrigal, firmado apenas unos días antes, el 30 de septiembre. Ese escrito instaba a los fiscales a oponerse a las declaraciones de cargos franquistas y víctimas a los que investiga Servini y de los que la jueza viene solicitando su declaración en distintas sedes judiciales españolas. En una nota interna adelantada por El País y a la que ha tenido acceso elDiario.es, Delgado anula esa instrucción al entender que suponía una “cortapisa general o automática” frente a las solicitudes de colaboración.

Los hechos se remontan al citado año 2016, cuando la jueza Servini pretendía interrogar a 19 víctimas del franquismo dentro de la investigación que sigue por la denuncia de varios colectivos de memoria histórica. Remitió para ello varias comisiones rogatorias a distintos juzgados españoles que hicieron saltar las alarmas en el equipo de Madrigal. Fue entonces cuando la fiscal general designada por Mariano Rajoy remitió esa “orden interna” a las fiscalías provinciales para que se opusieran a las declaraciones.

Entre argumentos como que los delitos están prescritos o que son cometidos por españoles contra españoles, de los que solo los tribunales locales serían competentes para investigar, deslizó también una serie de consideraciones que trascienden el ámbito estrictamente jurídico al tiempo que advertía a la jueza Servini, a la que presuponía un interés “ajeno” a la Justicia, de que no era quién para cuestionar el proceso político que siguió a la dictadura de Franco.

“Papel esencial” de la cooperación

La actual fiscal general pone el acento, sin embargo, en el “papel esencial” de la cooperación entre países a la hora de abordar este tipo de delitos, algo que está en sintonía con las “tendencias internacionales”, e insta a hacer una “consideración y valoración” caso por caso de las peticiones de colaboración y no a denegarlas en bloque, como sugería Madrigal. Según fuentes fiscales, esta argumentación da munición para trabajar a nivel internacional en las colaboraciones que se pidan en esas materias.

Delgado recuerda, en este sentido, que España ha aceptado recientemente las recomendaciones sobre memoria histórica de los mecanismos de derechos humanos –incluyendo las referentes a la garantía del derecho a la verdad, justicia y reparación de las víctimas y la investigación de los crímenes– y que se está trabajando en una reforma de la ley de memoria de 2007 para “ampliar derechos” de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura.

Defensora de la justicia universal, Delgado tuvo un papel fundamental en su etapa como fiscal en la Audiencia Nacional en la primera condena de España por crímenes de lesa humanidad, la impuesta al militar argentino Adolfo Scilingo. Durante el tiempo que estuvo al frente del Ministerio de Justicia impulsó la reforma de la justicia universal, cercenada por el Gobierno del PP, aunque el proyecto quedó después congelado y a la espera de que sea retomado por su sucesor, Juan Carlos Campo.

Messuti reconoce que la argumentación que la fiscal general hace en su escrito en materia de colaboración internacional —“muy bien respaldada y fundamentada”, según sus palabras— puede servir a las víctimas para apoyar sus peticiones e incluso hipotéticos recursos. “Manifiesta una voluntad política, que es lo que siempre hay detrás del derecho. Ojalá nos pueda ayudar porque son todavía pocas las víctimas que han podido declarar”, sostiene.

Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), promotora de la querella, dice que el golpe de timón de la Fiscalía es “una buena señal” pero, advierte, “el movimiento se demuestra andando”. “Otros poderes del Estado tampoco han colaborado”, denuncia. Asegura que esas trabas han venido por parte del poder judicial, que ha bloqueado exhumaciones a pesar de las peticiones de la jueza argentina tras las denuncias por desaparición forzada incluidas en la querella. Los jueces aplican la Ley de Amnistía, alegan que los crímenes han prescrito o inciden en que los hechos que se intentan investigar competen a la Justicia española.

La tarea de abrir fosas, en todo caso, recae sobre los familiares y las asociaciones en las que se agrupan y no en el Estado, como llevan años reclamando sin éxito estos colectivos. Silva explica que una de esas exhumaciones bloqueadas en España es la del militante antifranquista Cipriano Martos, que falleció en 1973 tras ser obligado a beber ácido en el transcurso de un interrogatorio en el cuartel de la Guardia Civil en Reus (Tarragona).

Pero las trabas a esa investigación no han surgido únicamente en el ámbito de la judicatura. El presidente de la ARMH también carga contra el poder ejecutivo. “Desde 2010 todos los Gobiernos han tratado de dificultar la investigación de la jueza Servini. Esa actuación, que trata de blindar la impunidad, es además un menosprecio a las víctimas de la dictadura, que en 40 años de democracia no han podido ejercer sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición”. El colectivo que preside remitió una carta el pasado 14 de abril tanto a Delgado como a Campo instándoles a “trabajar para garantizar los derechos de las víctimas del franquismo”.