El juez Manuel García-Castellón y la fiscal Ana Cuenca se encuentra en Colombia, acompañados de un equipo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, para ahondar en la investigación de la compra por parte del Canal de Isabel II de la sociedad colombiana Inassa en 2001, en tiempos de Alberto Ruiz-Gallardón como presidente de la Comunidad de Madrid.
Según fuentes próximas al caso, la comisión judicial trata de profundizar en la obtención de información solicitada a través de comisiones rogatorias pendientes. El viaje se extenderá a Panamá. En ese país se radicaba la sociedad a través de la que la empresa pública panameña adquirió la colombiana Triple A. En aquel momento, Panamá era reconocido como un paraíso fiscal.
El Heraldo de Barranquilla publica en su edición digital fotografías de la visita de la comisión judicial española a la sede de Triple A. El periódico colombiano asegura que los investigadores españoles se encuentran en estos momentos con el secretario general de la sociedad, Galiano Franceschini.
En un escrito enviado al juez del caso Lezo el pasado diciembre, la fiscal Cuenca pidió que se imputara a los responsables de la empresa pública que aprobaron la compra de la sociedad colombiana Inassa. En él, la Fiscalía aclara que si no pide ahora la declaración de Gallardón y el resto de miembros de su gobierno es porque no tiene en sus manos el acta del Consejo de Gobierno que autorizó la compra investigada.
Esa información “resulta esencial para poder avanzar en la investigación y solicitar la declaración judicial de los miembros del Consejo de Gobierno de la CAM que adoptaron este acuerdo”, escribió entonces la fiscal.
En las declaraciones consecuencia de aquella petición de Anticorrupción, el exconsejero de Hacienda Juan Bravo defendió la operación y aseguró que la empresa pública pagó por Inassa menos del precio que sugerían las valoraciones independientes.
Bravo aseguró que los 73 millones de dólares que el Canal pagó por Inassa estaban por debajo del precio que apuntaban las valoraciones que manejaron. Es el único consejero que se expresó en estos términos, porque el resto admitió que en los informes que estudiaron antes de la compra, la empresa colombiana estaba valorada en 25 o 50 millones.
Los investigadores españoles viajaron a Colombia por primera vez en junio de 2017. Durante la misión encontraron pruebas del desvío de fondos de otro pelotazo con el Canal, a través de la adquisición de una sociedad brasileña en 2013. En una casa del exgerente de la empresa pública madrileña Edmundo Rodríguez Sobrino hallaron 262.000 euros en metálico.