El cómic satírico sobre el 1-O que indigna a los sindicatos de la Policía Nacional y ha acabado en los tribunales

'Estel·la por aquí, Estel·la por allá...“. Es una de las referencias con las que el cómic satírico 'On és l'Estel•la? ('¿Dónde está Estel•la?') reta a los lectores a buscar a este personaje ficticio -como si de Wally se tratara- entre los principales escenarios del procés de Catalunya retratados en sus páginas. Sin embargo, a juicio de varios sindicatos policiales, las ilustraciones que integran el libro ”denigran la imagen de los cuerpos de seguridad del Estado“. Fruto de la querella interpuesta por estas organizaciones en un Juzgado de Palma, el autor de los dibujos, Toni Galmés, acabó encausado -y aún continúa estándolo- por presuntos delitos de injurias y calumnias.

La editorial catalana Comanegra hizo coincidir la publicación del cómic con el primer aniversario del 1-O y contó con una subvención de mil euros por parte del Govern balear en el marco de una línea de ayudas dirigidas a apoyar la labor de los autores nacidos en las islas. Hasta cuatro entidades sindicales de la Policía Nacional (SUP, CEP, UFP y SPP) denunciaron entonces los hechos ante los tribunales al considerar que su contenido se sustenta sobre “mentiras, injurias, difamaciones e incitaciones al odio” contra los agentes que actuaron durante los días que rodearon a la celebración del referéndum catalán. En su opinión, el documento constituye “una apología completa del golpismo separatista catalanista”.

Frente a las incriminaciones de los sindicatos, Galmés, natural de la localidad mallorquina de Manacor y profesor de Historia del Arte en la Universidad de Barcelona (UB), y la editorial defienden su trabajo. Alegan que se trata de una publicación dirigida a un público adulto y divulgada con un objetivo lúdico e irónico, a fin de ilustrar los acontecimientos que envolvieron el procés catalán. Y este martes así lo han reafirmado el propietario de Comanegra, Joan Salas, y el editor Jordi Puig, quienes han comparecido por videoconferencia ante el Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, encargado de la causa. 

“Lo que hemos explicado es que somos una editorial que quiere vender muchos libros y no injuriar a nadie, y entre ellos se encuentra este cómic, que recurre a la broma para que la gente se distraiga, se lo pase bien y ría, cosa que nos conviene mucho en la época en la que estamos. Lo que necesitamos es humor, un humor que los catalanes siempre hemos tenido”, ha explicado Salas, tras su declaración, a elDiario.es.

El director de Comanegra quiere dejar claro, tal como ha puesto de manifiesto ante la jueza, que Galmés fue el encargado de ilustrar el cómic, pero la idea original partió de la propia editorial, que también asume la autoría de los textos. “Se trata de una pieza colectiva”, incide Salas, mostrando así su apoyo al dibujante en su periplo judicial.

“Nos cuesta entender que los sindicatos no entiendan lo que es un cómic, la sátira. Esto no es un ensayo sino una publicación satírica como el Charlie Hebdo o El Jueves. Cualquier persona que tenga dos dedos de frente puede ver que esto no va más allá”, subraya. Por todo ello, cree que la causa judicial abierta contra el dibujante “no debe tener más recorrido”.

Por su parte, Galmés fue interrogado como investigado el pasado mes de enero. En su comparecencia, el ilustrador defendió el tono satírico de la obra y, tras ampararse en su derecho a la libertad de expresión, aseguró que no tenía intención de perjudicar a nadie, unas palabras que, sin embargo, no contentaron a las organizaciones sindicales al considerar que se había limitado a repartir responsabilidades.

Ese mismo día, la Associació Professional d'Il·lustradors de Catalunya (APIC) expresó en redes sociales su apoyo a Galmés, socio de la entidad, al resaltar que, con esta investigación, se acababa de convertir “en el primer ilustrador imputado de 2020”.

Por el momento, la causa en la que Galmés se encuentra inmerso continúa su curso a la espera de que la jueza decida archivarla o dar traslado a los sindicatos policiales para que formulen acusación. En su querella, las cuatro organizaciones entienden que el libro “envilece la honorable profesión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en especial, la Policía Nacional”, al hacer referencia a viñetas en las que aparecen “un grupo de policías abusando sexualmente de una mujer, a la que tocan en sus genitales, agentes que bailan encima de sacos de 'fariña', haciendo referencia a la cocaína, o un agente de la Unidad de Intervención Policial, vestido de 'karateka', que salta sobre las partes íntimas de una mujer”.

No solo eso. Los denunciantes acusaban inicialmente al Govern balear de incurrir en un delito de malversación, “agravada por su destino al ataque del Estado”, a raíz de la subvención de mil euros con la que el Institut d'Estudis Baleàrics (dependiente del Ejecutivo autonómico) apoyó la publicación del cómic. Según los sindicatos, la Administración actuó de forma “vejatoria, insultante y humillante” al financiar “con el dinero de los impuestos de los baleares a los adláteres de quienes han tratado de destruir la nación, el estado, el país y la convivencia”. 

La jueza, sin embargo, echó por tierra estas acusaciones al descartar que se hubiese producido un desvío de fondos a la hora de dar difusión al tebeo, puesto que la subvención se había otorgado en base a criterios y baremos técnicos. 

Cabe recordar que, a finales de 2017, los sindicatos policiales SUP, CEP, UFP, SPP y ASP interpusieron otra denuncia contra la revista satírica 'El Jueves' por bromear con que los antidisturbios desplazados por el referéndum del 1-O habían acabado “con las reservas de cocaína” en Catalunya. La Audiencia Provincial de Barcelona, finalmente, archivó la causa al alegar que el artículo se incluía en un semanario de “humor satírico dedicado a reírse de la actualidad política” y un “instrumento de denuncia y crítica social y política y manifestación de la creación artística”.