Lo que para las derechas españolas era un “Ministerio de la Verdad” que ponía en riesgo los 140.000 millones de euros de los fondos europeos y equiparaba a España con Hungría y Polonia, para la Comisión Europea el plan del Gobierno sobre la desinformación lanzado en noviembre pasado es una iniciativa “en consonancia con el Plan de Acción contra la Desinformación de 2018 [de la UE], en el que se pedía a los Estados miembros que reforzaran sus capacidades en la lucha contra la desinformación”.
Así acaba de responder la vicepresidenta de Valores y Transparencia, Vera Jourová, a las preguntas por escrito de la delegación de Ciudadanos, como ha adelantado InfoLibre. El grupo comandado por Luis Garicano en la Eurocámara preguntaba al Ejecutivo comunitario de Ursula von der Leyen: “¿Considera la Comisión Europea oportuno que el Ejecutivo decida los contenidos informativos? ¿Considera que el control del contenido de los medios por parte de un Gobierno es compatible con los principios, valores y legislación de la Unión Europea?”
Pero la Comisión Europea ha analizado la orden ministerial y ha concluido “que actualiza el sistema español existente para prevenir, detectar y responder a las campañas de desinformación y para establecer estructuras de coordinación”. Así, la Comisión Europea “entiende que la orden ministerial no constituye una base jurídica para decidir sobre el contenido de la información facilitada por los medios de comunicación”.
“Ni merma de libertad de prensa ni es un intento de control sobre los medios de comunicación”, ha tuiteado la ministra de Exteriores, Arancha González Laya.
“La respuesta de la comisaria Jourová demuestra que las críticas de la derecha eran infundadas e interesadas, con el único ánimo de perjudicar la acción del Gobierno”, han asegurado fuentes de los socialistas europeos.
En efecto, a pesar de que la orden ministerial española se enmarcaba en un plan europeo contra la desinformación lanzado a finales de 2018, y de que a lo único que habilita es a hacer meros informes, el Partido Popular y Ciudadanos agitaron en noviembre el fantasma de la pérdida de los 140.000 millones del fondo de recuperación por una supuesta vulneración del Estado de Derecho penalizable, cosa que no ha pasado.
La tesis de PP y Ciudadanos obviaba que la iniciativa del Gobierno ya contaba con el visto bueno de quien tiene la llave del dinero, la Comisión Europea. Y, además, no tenía en cuenta que el mecanismo de respeto del Estado de Derecho recién acordado entre la Eurocámara, la presidencia del Consejo (los Gobiernos) y la Comisión Europea se centra en “reforzar la protección del presupuesto de la UE cuando las infracciones de los principios del Estado de Derecho den lugar a un mal uso de los fondos”. Es decir, es un mecanismo diseñado para vigilar el uso de los fondos.
El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, tuiteaba un titular que se hacía eco de la primera respuesta del Ejecutivo comunitario, en la que por error vinculaba la iniciativa del Gobierno con el estado de alarma, y decía: “El portavoz de la UE advierte al Gobierno por su intento de control a los medios y redes sociales. Sánchez pone en riesgo los fondos europeos al atacar la libertad de expresión y prensa. En España hay millones de Winston Smith frente al Gran Hermano de Moncloa. No lo permitiremos”. Casado atribuía a un portavoz de la Comisión Europea el título de “portavoz de la UE”, cosa que no existe, y aseguraba que se estaban poniendo en riesgo “los fondos europeos”.
Por su parte, el jefe de la Delegación de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, Luis Garicano, consideró que se trata de un “ministerio de la verdad que constituye una forma de censura y un mazazo a la democracia”.
“Estamos en una situación de desmantelamiento del Estado. Me parece gravísimo y lo digo de verdad, lo único que nos queda es Europa y espero que Europa haga su trabajo”, afirmaba Garicano en una entrevista en Canal Sur, e insistió en que “están en juego los fondos europeos de recuperación tras la pandemia”.
Ya en noviembre, un portavoz de la Comisión Europea, Johannes Bahrke, fue meridiano: “Sabemos que el Gobierno español ha aprobado una orden ministerial que actualiza el sistema nacional existente para prevenir, detectar y dar respuesta a las campañas de desinformación y establecer estructuras de coordinación”.
“La desinformación a nivel nacional y europeo es un asunto importante, especialmente en las circunstancias actuales de la pandemia del coronavirus, que ha venido acompañada de un aumento dramático de información falsa y engañosa”, afirmaba Bahrke: “Por eso nos tomamos esto muy serio y hemos propuesto acciones concretas. La Comisión Europea y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) son muy activos en la lucha contra la desinformación y están trabajando para garantizar una mayor coordinación a nivel europeo”.
“Más concretamente sobre la orden en España”, afirmaba el portavoz de la Comisión Europea, “esta orden prevé las herramientas y actores para asegurar la participación de España en los diferentes instrumentos que pusimos en marcha ya en 2018 con el Plan de Acción Europeo contra la desinformación. La orden ministerial refuerza las respuestas coordinadas y conjuntas por parte española”.
En efecto, en diciembre de 2018, el Ejecutivo comunitario lanzó un plan de acción para protegerse ante las fake news y las desinformaciones en la red –nada se decía de las que ejercen las corporaciones económicas y políticas–. Entonces, Bruselas pedía una respuesta europea contundente de los Estados miembros y las instituciones, para lo que considera necesario mayor colaboración y cooperación para comprender y afrontar la amenaza. ¿El argumento? “Proteger los sistemas democráticos y los debates públicos con vistas a las elecciones europeas de 2019 y las numerosas elecciones locales y nacionales que tendrán lugar en 2020”.
“La orden del Gobierno español”, explicaban en Bruselas, “incluye la cooperación con el grupo de trabajo para Comunicaciones Estratégicas del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y el intercambio en el sistema que establecimos, que se llama Sistema de Alerta Rápida. El plan de acción exige que cada Estado miembro establezca un punto de contacto y esto es lo que hace la orden. Así, asegurar la participación de España en el sistema es el objetivo de la orden ministerial: el proceso prevé también el diálogo con representantes de la sociedad civil y los medios de comunicación”.
¿Y esto atenta contra la libertad de prensa? “Esto no es un comentario sobre la orden española, sino un comentario muy general”, respondía el portavoz comunitario, “está muy claro que cualquier enfoque en el ámbito de la desinformación siempre debe respetar la seguridad jurídica y la libertad de los medios de comunicación y la libertad de expresión. Pero, como he dicho, es un comentario general y no tenemos motivos para creer que este no sea el caso con la iniciativa española”.