La vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová, se ha dirigido por carta al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, para denunciar la situación de este organismo y exigir su renovación. “La urgencia y la prioridad absoluta es poner fin inmediatamente a la situación de interinidad del CGPJ procediendo a su renovación, de modo que recupere su plena normalidad institucional y pueda así llevar a cabo adecuadamente las esenciales funciones democráticas que le corresponden”, dice la misiva.
No es la primera ocasión en que este organismo se expresa y reclama la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Explica en esta nueva carta, dirigida a Lesmes, que su postura es “clara” y ha sido “repetidamente expresada”, por última vez en el informe sobre el Estado de Derecho de este mismo año.
En ese informe, la Comisión ya explicó que España tenía que proceder “con carácter prioritario a la renovación del Consejo General del Poder Judicial” y ya después reformar el proceso de designación de una parte de los vocales. Insiste ahora en este mensaje: “El desbloqueo de la situación, y la consiguiente recuperación de la necesaria normalidad institucional, debería abrir el camino a abordar a continuación otras cuestiones como la reforma del sistema de elección de los miembros del CGPJ, que la Comisión considera necesaria”.
La Comisión Europea hace alusión a la falta de acuerdo político para renovar el órgano de gobierno de los jueces, cuyo mandato expiró a finales de 2018, con el Partido Popular bloqueando la negociación. “El correcto funcionamiento de las instituciones del Estado, que es el único interés de la Comisión, no debe formar parte del debate político y menos aún ser rehén de ese debate”, reprocha la Comisión Europea.
La misiva de Jourová llega pocos días después de la apertura del año judicial y el discurso en el que el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, denunció igualmente la situación de bloqueo dejando la puerta abierta a abandonar el cargo si no hay acuerdo político. También llega en un momento especialmente tenso dentro del propio órgano de gobierno de los jueces: una parte del sector conservador se ha negado a designar en plazo a los dos magistrados del Tribunal Constitucional tal y como marca la Ley, lo que ha extendido el bloqueo del CGPJ a la renovación de un tercio del tribunal de garantías.
Renovación y reforma
El mandato del Consejo General del Poder Judicial expiró en 2018 y desde entonces los intentos de llegar a un acuerdo político para su renovación han fracasado. Fue a finales de ese año cuando el Partido Popular se levantó de la mesa de negociación después de que Manuel Marchena renunciara a ser el nuevo presidente y de que trascendieran los mensajes de WhatsApp en los que el PP presumía ante los suyos de poder controlar “la sala segunda desde detrás” con el pacto alcanzado. En referencia a la sala de lo penal del Tribunal Supremo donde se sentencian en firme, entre otros, los grandes casos de corrupción que afectan, entre otros, al propio PP.
El bloqueo se extendió durante la etapa de Pablo Casado al frente del partido y se ha mantenido con la llegada de Alberto Núñez Feijóo. En los últimos meses esta negativa a renovar el CGPJ también ha llegado al Tribunal Constitucional: cuatro de sus magistrados, entre ellos su presidente, tienen el mandato caducado desde hace varios meses. Son los dos que deben ser renovados por el Gobierno y los dos que deben ser renovados por el propio CGPJ.
La última reforma legal mantenía la prohibición del CGPJ de nombrar altos cargos judiciales pero sí permitía nombrar a sus dos magistrados correspondientes en el Constitucional. Se trata de una renovación que invertiría las proporciones dentro del tribunal de garantías y facilitaría una mayoría progresista, pero por ahora también se mantiene en suspenso: varios vocales del sector conservador se han negado, por ahora, a votar candidatos y han forzado al Consejo a superar la fecha límite para negociar primero las fases intermedias del proceso.