La Comisión Europea lo tiene claro: no tiene “ninguna autoridad y carece de competencias”, y tampoco ve “ninguna violación de ninguna norma de la UE” en las cinco quejas sobre la nueva ley de Educación (LOMLOE) debatidas de la mano del Partido Popular, Vox y Ciudadanos en la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Un debate plagado de intervenciones de eurodiputados españoles de las tres derechas censurando la ley Celaá, a pesar de que el Ejecutivo comunitario ha zanjado que es un asunto fuera de las competencias comunitarias y ha afeado a los grupos impulsores de las peticiones que cuatro de ellas se entregaran fuera de plazo y, por ello, no hayan podido ser analizadas en profundidad.
Las peticiones son de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos (CONCAPA), 'Más Plurales', la Asociación de Familias Numerosas, la Asociación Católica de Propagandistas y de 'Inclusiva Sí, Especial TAMBIÉN', que han criticado distintos aspectos de la reforma, entendiendo que conculca derechos fundamentales.
Rajka Lozo, de la dirección general de Educación y Cultura de la Comisión Europea, ha afirmado: “Son competencias exclusivas de los Estados miembros, no hay norma de la UE que tenga que ser respetada en la LOMLOE. Además, se estipula en el tratado de funcionamiento de la UE que la UE tiene que completar la acción de los Estados en el ámbito educativo, pero respetar la organización de los Estados, pueden estructurarlo como les parezca, no se les puede imponer ningún modelo educativo y tiene que respetar la autonomía de los Estados miembros”.
Lozo, además, añade: “Son los tribunales de los Estados miembros los que tienen que velar por la Carta de Derechos Humanos, es España la que tiene que velar por ella. La Comisión no tiene ninguna autoridad para interpretar ni hacer cumplir la Constitución española. No podemos intervenir como nos piden los peticionarios”.
La representante de la Comisión Europea ni siquiera ha accedido a la invitación de Montserrat de tomar de nuevo la palabra al final del debate. A pesar de todo ello, al concluir el debate la presidenta de la comisión de Peticiones, Dolors Montserrat, ha mantenido viva las peticiones y ha pedido explicaciones al Gobierno así como un dictamen a la Comisión Europea, que ya le ha dicho que no es competente para abordar el asunto.
La eurodiputada socialista Cristina Maestre ha acusado al Partido Popular y Ciudadanos de “intentar utilizar la comisión de Peticiones para deslegitimar la decisión democrática y soberana del Parlamento español y como Cámara de tercera lectura sobre los acuerdos adoptados democráticamente. La Ley de Educación española ha sido aprobada por siete partidos políticos que aglutinan diferentes sensibilidades y los votos de la mayoría de los representantes de la ciudadanía, democráticamente elegidos por sufragio universal”.
“Esta utilización de la Comisión de Peticiones supone un serio precedente al que debemos poner freno de inmediato por el buen funcionamiento del Parlamento Europeo, y así se lo vamos a hacer llegar a su presidente”, ha anunciado Maestre.
Socialistas, Verdes y La Izquierda ya denunciaron a principios de diciembre ante el presidente de la Eurocámara, David Sassoli, el “uso partidista” por parte de Dolors Montserrat de la comisión de Peticiones Los tres grupos enumeraban en una carta los casos en los que la jefa de la delegación del PP en el Parlamento Europeo ha dado curso a quejas “auspiciadas por dirigentes y militantes del Partido Popular español”.
Desde el encuentro entre el ministro José Luis Ábalos y la presidenta de la Asamblea venezolana, Delcy Rodríguez; hasta los crímenes de ETA no resueltos; pasando por la puesta en cuestión del estado de alarma en España para luchar contra la COVID; los abusos a menores tuteladas en Baleares o la reforma del Poder Judicial. Así es como PP, Ciudadanos y Vox llevan un año aprovechando su mayoría en la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para hacer oposición al gobierno de coalición español.
La eurodiputada del PP Isabel Benjumea, en respuesta, ha criticado a la Comisión Europea: “Se lavaba las manos ante la vulneración de derechos, ante una denuncia de la libertad religiosa, de la libertad de centros. Ha dado la sensación de que la Comisión quería quitarse un problema de encima sin dar solución. Es esencial que esta petición se mantenga abierta porque la ley atenta contra derechos de ciudadanos europeos y pido que se apruebe una misión de investigación”.
La eurodiputada de Podemos María Eugenia Rodríguez Palop, por contra, ha pedido la retirada de las peticiones, en la línea de lo argumentado por la Comisión Europea. Y ha añadido: “Dentro de toda esta performance que se han montado los señores del Partido Popular, Ciudadanos, VOX, lo que hay es un debate completamente retorcido, que busca garantizar intereses de clase y privilegios, y el negocio de las escuelas privadas para seguir llenando bolsillos a costa de la educación pública, como sucede con la sanidad privada”.
Por su parte, la eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagazaurtundúa, ha pedido que sigan las peticiones vivas –no en vano, si se han tramitado por urgencia aun a riesgo de que no las haya estudiado la Comisión Europea ha sido gracias a su grupo, Renew Europe–. “La LOMLOE debilita conscientemente ese gran principio de educar conforme a convicciones religiosas, filosóficas, pedagógicas, y supone una injerencia con un fondo de discrecionalidad y de mala administración, porque además esa complementariedad es tremendamente eficiente para el sistema de su punto de vista económico incluso”.
En la misma línea, el eurodiputado de Vox Jorge Buxadé ha hecho una defensa del “derecho de los padres” con los mismos argumentos que defiende el partido de extrema derecha el veto parental. Un Buxadé que ha arrancado su intervención con un “gracias, presidente” para dirigirse a Dolors Montserrat. “No hay ningún comité de expertos que le diga sus padres como educar a sus hijos en un mundo en ruinas por el progresismo. Esto es lo que se dilucida aquí: si este Parlamento va a ceder a la ideología de los Gobiernos o se va a alzar junto al derecho fundamental de los padres a decidir el tipo de educación que quieren para sus hijos”.
Tras el debate, Montserrat ha concluido que la mayoría abogaba por la petición de explicaciones al Gobierno español “para explique si la ley vulnera el pluralismo o la libertad educativa y también que explique si ha cumplido con el objetivo del Semestre Europeo de 2020 que exige que la ley se haga con consenso y diálogo de toda la sociedad”.
Además, Montserrat, tras el debate, también ha decidido pedir a la Comisión Europea que investigue si esta ley vulnera el pluralismo educativo o la libertad de elección, y ha acordado solicitar a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior del Parlamento Europeo que presente su opinión sobre este asunto, y además lo ha enviado al Intergrupo sobre Discapacidad de esta institución para su estudio.