La crisis catalana es “un asunto interno” que debe gestionarse “de acuerdo con la Constitución”. Y eso incluye “los indultos”. Así se ha expresado este martes la Comisión Europea al ser preguntada si los perdones a los condenados por el 1-O podrían ayudar a rebajar la temperatura de la crisis catalana.
“Nuestra posición es bien conocida”, ha dicho el portavoz de Justicia del Ejecutivo comunitario, Christian Wigand: “Este es un asunto interno de España, que debe ser tratado de acuerdo con su Constitución, y esto incluye también la cuestión de estos posibles indultos”.
La declaración de la Comisión Europea llega el día en el que el Gobierno de Pedro Sánchez aprueba la concesión del indulto a los nueve líderes independentistas que llevan 1.328 en prisión condenados por la declaración unilateral de independencia de 2017. Casi cuatro años después de su entrada en la cárcel –el 2 de noviembre de ese año de forma provisional durante la instrucción de la causa y después con la condena firme del Tribunal Supremo en octubre de 2019–, el Gobierno espera la salida inmediata de Lledoners del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras; de los exconsellers Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull y Dolors Bassa; de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell; y los líderes de ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente.
Los verdes en el Parlamento Europeo ha difundido un comunicado de apoyo a los indultos. Ska Keller y Philippe Lamberts, copresidentes del Grupo Verdes/EFA, afirman: “Apoyamos firmemente la decisión tomada por el gobierno progresista de España. Estos indultos deben ser el primer paso hacia una nueva etapa de diálogo y negociación. Animamos a los Gobiernos español y catalán a aprovechar este importante momento político para avanzar hacia la solución política que siempre lo hemos pedido. Una solución basada en la justicia y la democracia. La mesa de diálogo establecida es una buena oportunidad para avanzar en esta dirección”.
Diana Riba, diputada de ERC en el grupo Verde/EFA, asegura en el comunicado: “El Gobierno español ha tomado una iniciativa que mejora la situación de nueve personas que llevan cuatro años encarceladas por la organización de un referéndum democrático y pacífico. Estos indultos serán positivos para su situación individual y obviamente para sus familiares [ella es esposa de uno de los encarcelados, Raül Romeva]. Sin embargo, los presos, los exiliados políticos y más de 3.000 personas siguen siendo procesados injustamente en muchos otros casos judiciales en los que también se enfrentan a penas de cárcel y enormes sanciones económicas de millones de euros. Pedimos una solución integral y negociaciones sustantivas para que el pueblo catalán pueda decidir libre y democráticamente su futuro”.
Un día antes, este lunes, la Asamblea de Parlamentarios del Consejo de Europa pidió también lunes la excarcelación de los condenados por el 1-O, además de reformar la sedición y retirar las euroórdenes. En el informe, titulado ¿Deberían enjuiciarse los políticos por declaraciones realizadas en el ejercicio de su mandato?, elaborado por Boriss CileviÄs (Letonia, SOC), el ponente vincula la situación en Turquía y España, aunque en el pleno haya dicho que no son “iguales”, pero sí ha defendido que en ambos países hay “penas desproporcionadas para políticos”.
El informe, que ha sido votado en el pleno de este lunes, pide a las autoridades españolas “reformar las disposiciones penales sobre rebelión y sedición para que no permitan reinterpretar la despenalización de la organización de un referéndum ilegal, pretendida por el Legislativo cuando abolió este delito específico en 2005, o dar lugar a sanciones desproporcionadas para transgresiones no violentas”.
El texto también insta a las autoridades españolas a “considerar la posibilidad de indultar o liberar de prisión a los políticos catalanes condenados por su papel en la organización del referéndum inconstitucional de octubre de 2017 y las manifestaciones masivas pacíficas relacionadas con él, y considerar la posibilidad de abandonar los procedimientos de extradición contra políticos catalanes que viven en el extranjero y que son buscados por los mismos motivos”.
Así mismo, se llama a “retirar los enjuiciamientos restantes de los funcionarios de menor rango involucrados en el referéndum inconstitucional de 2017 y abstenerse de sancionar a los sucesores de los políticos encarcelados por acciones simbólicas simplemente expresando su solidaridad con los detenidos; y garantizar que la disposición penal sobre la apropiación indebida de fondos públicos se aplique de tal manera que la responsabilidad surja solo cuando se puedan establecer pérdidas reales y cuantificadas para el presupuesto público”.