La Comisión de Venecia no censura la ley de amnistía como pretendía el PP, pero critica que su tramitación se haya producido por la vía de urgencia y haya impedido un debate más amplio de todos los estamentos de la sociedad española.
En su informe de conclusiones, el órgano consultivo aclara que, en cualquier caso, no se pronuncia “sobre la conveniencia de la amnistía, ni sobre su idoneidad para lograr el objetivo declarado, ya que se trata de decisiones políticas del gobierno español”. Y tampoco aborda la legalidad de la norma porque “la Comisión de Venecia no es competente para comentar la constitucionalidad del proyecto de amnistía, que es competencia de los españoles”.
“El Tribunal Constitucional decidirá en última instancia y los constitucionalistas españoles debatirán. Además, conforme a su práctica establecida, la Comisión de Venecia no ha evaluado la compatibilidad del proyecto de ley de amnistía con el derecho de la Unión Europea”, añade.
El informe, que en ningún caso cuestiona la separación de poderes como denuncia el PP, centra sus críticas en el procedimiento seguido para la tramitación de la norma. “La Comisión de Venecia observa que el proyecto de ley de amnistía ha sido presentado en forma de propuesta legislativa, que es un procedimiento con consulta limitada al público, a las partes interesadas y a otras instituciones estatales, siguiendo un procedimiento de urgencia. Sin embargo, el proyecto de ley de amnistía ha provocado una división profunda y virulenta en la clase política, en las instituciones, en el poder judicial, en el mundo académico y en la sociedad de España. La Comisión anima a todos los que las autoridades españolas se tomen el tiempo necesario para entablar un diálogo significativo con un espíritu de lealtad”, apunta.
En ese mismo informe se exponen, además, tres recomendaciones: “Definir el alcance material y temporal de la aplicación de la amnistía de una manera más precisa, de modo que los efectos de la ley sean más previsibles; garantizar que se establezca un vínculo causal más estrecho entre las consultas celebradas en Cataluña los días 9 de noviembre de 2014 y 1 de octubre de 2017, su preparación o su consecuencias y los actos de malversación y corrupción; y eliminar el criterio de la etapa del procedimiento para la exclusión de delitos de terrorismo”.
Según el Gobierno, todas esas recomendaciones ya han sido adaptadas en el texto durante la incorporación de las enmiendas.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha celebrado la decisión recalcando que “la amnistía es una herramienta para la reconciliación”. “Y además cumple con los estándares internaciones. Es impecable y es positiva”, ha escrito en redes.
La Comisión de Venecia inició el estudio de la Ley de Amnistía que pactaron el PSOE y las formaciones independentistas después de una petición que realizó el Senado, a instancias del PP.
De hecho, una delegación de la Comisión de Venecia visitó España los días 8 y 9 de febrero para reunirse con grupos parlamentarios de Congreso y Senado, el Gobierno, expertos constitucionales y asociaciones judiciales, entre otros, para recabar información sobre la iniciativa.
En esta visita, los miembros de la comisión se centraron en los trámites de la proposición de ley, tanto en el Congreso y el Senado, pero no entraron a valorar su contenido, ni pidieron detalles sobre lo relativo a delitos de terrorismo. De hecho, uno de sus miembros dejó claro a los diputados que su función no es valorar la idoneidad de la futura ley sino únicamente analizar si se han seguido los procedimientos técnicos adecuados durante su tramitación.