Hace algo más de dos años, el entorno de Isabel Díaz Ayuso presentó a Alberto González Amador, su pareja, como un “técnico sanitario” sin dar más detalles sobre una persona que buscaba permanecer en el anonimato. La investigación de Hacienda y la denuncia de la Fiscalía han revelado, sin embargo, que trabaja para el grupo sanitario Quirón desde hace dos décadas y que hizo fortuna con la venta de material sanitario durante la peor fase de la pandemia.
En 2020, se embolsó dos millones de euros por mediar entre dos empresas en un contrato de compraventa de mascarillas. En esta ocasión, pactó para sí mismo unas ganancias del 4,5% del contrato, que alcanzaba los 42 millones de euros. Un año después recurrió a una de esas empresas para intentar hacer una operación similar pero vendiendo vacunas a Costa de Marfil. Aunque la operación se frustró, la comisión que había planeado cobrar en este caso era todavía mayor: del 7,5%, más de dos millones de dólares para repartirse con su socio mexicano.
Son trabajos que la pareja de la presidenta madrileña habría realizado sirviéndose de dos sociedades sin trabajadores contratados ni apenas medios materiales. La principal, Maxwell Cremona, facturó 3,7 millones en dos años sin tener ningún empleado en plantilla. De hecho, a su nombre constan como únicos bienes un portátil, unas cortinas, una impresora y dos coches de lujo: un Porsche Panamera y un Maserati. Además de él mismo, los medios personales con los que contaba eran autónomos a los que contrataba de manera eventual. A su nombre también consta otra compañía, Masterman & Whitaker, que es calificada directamente por Hacienda como “una mera sociedad interpuesta”.
Hasta la irrupción del coronavirus la principal empresa de González Amador, Maxwell Cremona, no había hecho unos números que hubieran llamado la atención de la Agencia Tributaria. Fue creada en 2016 y hasta el comienzo de la pandemia su tope de ingresos estaba ligeramente por encima de 357.000 euros. Entonces estaba dedicada, sobre todo, a la asesoría relacionada con los certificados ISO. Y así fue hasta que llegó la COVID-19, cuando sus ingresos se dispararon.
En 2020, su facturación escaló hasta los 2,3 millones de euros. En 2021, con el fin de la crisis sanitaria, los ingresos se moderaron hasta los 1,3 millones. Detrás, tal y como reveló elDiario.es, estaba el negocio de compraventa de uno de los productos sanitarios más demandados de los primeros dos años de pandemia: las mascarillas. Esta es la sociedad que, según Hacienda, recogió los ingresos millonarios de la pareja de Ayuso pero que también presentó ante las arcas públicas hasta 15 facturas falsas por un valor de 1,7 millones de euros para aumentar de forma ficticia los gastos y pagar menos impuestos.
Dos meses antes de la declaración del estado de alarma, la empresa de González Amador firmó un contrato con FCS Select Product para “intermediar” en la compraventa de guantes y mascarillas. La Inspección de Hacienda describió a la firma de la pareja de Díaz Ayuso como “un mero intermediario” que se limitaría a “poner en contacto las dos partes que vayan a formalizar la compraventa de los productos” y destacó que “en ningún caso” aparecería “ni como comprador ni como vendedor ni como parte del acuerdo”.
Según figura en la contabilidad aportada a Hacienda, FCS Select Products pagó a la empresa de la pareja de la presidenta de Madrid 1.973.000 euros en dos comisiones por venderle a la firma gallega Mape Asesores –sociedad que administra un directivo de Quirón vinculado con González Amador en otras empresas– material sanitario por 42 millones de euros. Esto es, una comisión del 4,5% que, en cifras absolutas, se traducen en un beneficio de 1,97 millones de euros, casi la totalidad de sus ingresos en 2020.
Las vacunas de Costa de Marfil
Una comisión mayor, del 7,5%, es lo que González Amador trató de cobrar por ejercer de intermediario en un negocio para vender vacunas del coronavirus a Costa de Marfil. La operación consistía en vender al país africano dosis de AstraZeneca a 16,9 dólares (15,51 euros), cuando no costaban más de tres euros. El objetivo era repartirse con su socio más de dos millones de euros en comisiones de un contrato de 33,8 millones de dólares.
El Gobierno de Costa de Marfil frustró el acuerdo por el elevado precio de las dosis. Pese a ello, la pareja de Ayuso intentó convencer a la Agencia Tributaria de que el negocio le había provocado unos gastos que en realidad nunca tuvo. Lo hizo a través de una factura de 922.585 euros que forma parte de la ristra de documentos falsos que González Amador presentó ante Hacienda para intentar pagar menos impuestos. De hecho, la Agencia Tributaria sólo dio por válido un pago de 27.000 euros por unos gastos en “gestión y desplazamiento” para la “apertura de mercado” en ese país.
El relato de lo ocurrido está contenido en el informe de la Agencia Tributaria que ha servido de base para la denuncia de la Fiscalía. Y es el propio González Amador quien da todos los detalles, a través de una carta enviada a Hacienda. En ella, explica que en 2021 él y el empresario mexicano Maximiliano Niederer trazaron un plan para entrar en el mercado sanitario en ese país y que fueron sus autoridades las que, después, les trasladaron la necesidad de “adquirir vacunas covid-19” y otros medicamentos.
Empezó entonces una carrera contra reloj para encontrar alguna empresa que les proporcionara vacunas que, después, pudieran vender a Costa de Marfil, que había puesto en marcha un concurso para ello. No era tarea fácil porque, en aquel momento, los laboratorios no vendían dosis a empresas privadas y solo establecían tratos directamente con los estados.
Al final, a pesar de que no tenían garantizado el suministro de ninguna farmacéutica, se presentaron al concurso ofreciendo un precio de 15 dólares con la esperanza de conseguir de algún modo esas dosis. Pero la operación se frustró por el precio de las vacunas, superior al de otras empresas que se presentaron. No ganaron el concurso y, por tanto, tampoco pudieron acceder a la comisión del 7,5% que habían planeado.
Los vínculos con Florida y Panamá
El conjunto de sociedades y facturas no terminaba en España. En plena investigación fiscal, tal y como reveló elDiario.es, Alberto González Amador creó una sociedad en Florida a medias con uno de sus socios, César Nieto. Su expansión a Florida se produjo pocos meses después de la compra en 2022 del piso en el que reside junto con Isabel Díaz Ayuso en Madrid.
A esta sociedad se suma otra más que González Amador administró en Panamá hasta 2022, cuando se liquidó: una sociedad que en 2013 creó Fernando Camino, actual director de Quirón Prevención, empresa que ha contado con los servicios de la pareja de Isabel Díaz Ayuso en los últimos años. Fue disuelta justo después de los dos ejercicios en los que, según la Fiscalía y la Agencia Tributaria, defraudó más de 350.000 euros a Hacienda.
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