Conseguir mascarillas o guantes en las primeras semanas de la pandemia no era una tarea sencilla. No lo era para los ciudadanos que iban a las tiendas y no lo era tampoco para las administraciones públicas que acudían a ciegas a un mercado internacional salvaje. En ese maremágnum de contratos, proveedores y mercados persas, dos empresarios acudieron al Ayuntamiento de Madrid y prometieron que estaban allí para ayudar a pelear contra la pandemia y traer material sanitario desde China para proteger al personal municipal. En realidad, Luis Medina, un habitual de la prensa rosa, hijo del duque de Feria y Nati Abascal, y su amigo entonces Alberto Luceño no tenían experiencia en el mercado asiático, pero consiguieron adjudicaciones millonarias del Gobierno de José Luis Martínez Almeida a través de contratos a dedo que les propiciaron seis millones de euros en comisiones salidos de las arcas públicas. El porcentaje de esos beneficios llegó a superar el 400% del valor de algunos de los productos.
Según la querella de la Fiscalía Anticorrupción, fruto de una investigación que desveló elDiario.es, fue Luis Medina Abascal, un habitual de la crónica rosa, quien contactó con el Ayuntamiento de Madrid. Aprovechó tanto su fama como su amistad con un familiar del alcalde, según la querella, que fuentes municipales identifican como Carlos Martínez Almeida, abogado de profesión, primo del regidor, con quien ha compartido vacaciones y jornadas de ocio. Según el relato que hace la querella, Medina contactó con un alto cargo de Hacienda en el Gobierno Local y a partir de ahí las riendas de las negociaciones estuvieron en manos de su amigo Alberto Luceño Cerón. Este empresario con casi tres décadas de actividad, dijo “actuar movido por el deseo de colaborar en la lucha contra la pandemia”.
Muy pocas cosas de las que dijo eran ciertas, según la Fiscalía, porque su verdadero objetivo era hacerse millonario con las necesidades de material de la administración madrileña. Consiguió que el Ayuntamiento de la capital, a través de la empresa municipal de servicios funerarios, pagara un precio muy alto por los tres contratos de mascarillas, guantes y test de anticuerpos adjudicados a dedo, y cargó al presupuesto comisiones por seis millones de euros para él y Medina. “Estos precios los fijó Alberto Luceño y los impuso al Ayuntamiento de Madrid”, dice la Fiscalía. Y al hacerlo “ocultó que un elevado porcentaje del precio ofertado (aproximadamente el 60% en el caso de las mascarillas, el 81% en el caso de los guantes y casi el 71% en el caso de los test) correspondía a comisiones que los querellados iban a percibir”.
Los contratos fueron adjudicados a dedo a través de la sociedad pública que gestiona la funeraria municipal que no tuvo que convocar ningún concurso porque el estado de alarma decretado por el Gobierno permitió a las diferentes administraciones relajar los controles para agilizar la llegada del material sanitario que estaban reclamando los hospitales. Según las fuentes consultadas, el Gobierno de Almeida recurrió a la empresa pública funeraria para poder adelantar parte de los pagos, algo que es mucho más complicado en la administración.
Un millón de mascarillas
El contrato de mascarillas fue el más voluminoso. Un total de 6.689.300 dólares estadounidenses por un millón de mascarillas FFP2. De ese dinero, un millón fue a parar a Luis Medina Abascal y otros tres más a Alberto Luceño, aunque le ocultó a su socio una parte importante de su mordida. La comisión pactada entre los dos, por tanto, era un dólar por cada mascarilla que habían vendido. Sin contar la adicional que Luceño se había adjudicado por su cuenta.
Los cálculos de la Fiscalía Anticorrupción son claros: descontados los cuatro millones en comisiones, el precio real del producto eran 2,6 millones de dólares. Eso significa que cobraron comisiones por un valor del 148% del precio real del producto. Eran de buena calidad, dice la Fiscalía, pero con un enorme sobreprecio. “El vendedor habría estado dispuesto a vender por un precio muy inferior al pagado; concretamente, el 40% de lo que el Ayuntamiento pagó por ellas”, zanja.
Tal y como explicó elDiario.es, el Tribunal de Cuentas ya analizó estos contratos, sin saber que dentro de los abultados precios se escondían unas comisiones que también habían llamado la atención de Anticorrupción. Esta compra de mascarillas salió a 6,24 euros la unidad, más del doble que Barcelona (2,50 euros), un 50% más que Sevilla (4 euros) y cuatro veces más que Zaragoza (1,60 euros).
Los test caros y defectuosos
Luceño y Medina también consiguieron que el Ayuntamiento de Madrid comprara 250.000 test de anticuerpos a la misma empresa malaya por 4.250.000 dólares. Un contrato que llamó poderosamente la atención del Tribunal de Cuentas: salía a razón de 16,03 euros la unidad, dos o incluso tres veces más que otros grandes ayuntamientos. Pero también tenía letra pequeña: Alberto Luceño iba a llevarse 2,1 millones de dólares en comisiones y Luis Medina 915.000 más.
Una vez más, Luceño ocultó parte de su mordida a su socio e incluso consiguió que no cobrara su parte y se quedó él con 3 millones de dólares. La Fiscalía calcula que, por tanto, se llevó 3 millones de un contrato de 4.250.000: el producto, en realidad, valía 1,2 millones de dólares y él se llevó un 244% en comisiones.
En este caso, además, los test que la empresa malaya recogió en China y llevó hasta Madrid eran, en su mayoría, defectuosos. Sólo 75.000 tenían un nivel de sensibilidad “aceptable”, dice la Fiscalía, mientras que el resto tenían niveles bajos. El consistorio, de hecho, exigió recuperar su dinero y que una parte del lote fuera devuelto al vendedor. En vez de eso, Luceño prometió que enviarían nuevos líquidos reactivos para corregir esta falta de sensibilidad de los test, algo que nunca sucedió.
Los guantes de “ínfima calidad”
El tercer contrato tenía como objeto la compra de 2,5 millones de pares de guantes por cinco millones de dólares, a razón de dos dólares el par. Unos guantes que, para empezar, “eran guantes de ínfima calidad y solo llegaban hasta la muñeca”, dice la Fiscalía, cuando el Ayuntamiento necesitaba que cubrieran buena parte del brazo. Además, la funcionaria que trataba con ellos se dio cuenta de una cosa: en los supermercados de España estos guantes se vendían al público a ocho céntimos de euro, no a dos dólares.
El contrato fue cancelado, los guantes devueltos y las comisiones no fueron cobradas, pero los datos de la Fiscalía revelan que Luceño y Medina tenían nuevos planes. En un primer momento, Luceño dijo al Ayuntamiento que el proveedor había aceptado bajar mucho el precio y que les iban a devolver el dinero. La realidad es que los dos empresarios habían pactado repartirse cuatro millones de dólares en comisiones. Un 426% total del producto. En este caso, sin embargo, la cancelación de la operación a la vista del material precario que enviaron dio al traste con el que habría sido su mayor pelotazo en este proceso de contratación pública.
Comisiones y firmas falsas
La Fiscalía Anticorrupción entiende que toda esta operativa pudo suponer una estafa agravada a las arcas públicas del Ayuntamiento de Madrid, en un momento en el que las autoridades sanitarias contabilizaban cientos de muertos al día en España. Pero también les atribuye un delito de blanqueo y otro más de falsedad documental. El de blanqueo, tal y como ha explicado elDiario.es, viene por la compra masiva de coches de lujo, relojes y hasta un yate para, supuestamente, darle curso legal al botín de las comisiones. El de falsedad documental viene por usar documentación falsificada para intentar justificar sus comisiones.
Los dos comisionistas recibieron una llamada del banco cuando los millones empezaron a llegar a su cuenta procedentes de Malasia. Según la Fiscalía, Luceño presentó una carta de 2018 que le designaba como agente exclusivo de la compañía malaya Leno, otra similar de 2019 y las dos firmadas por directivos de dicha empresa. “Ninguno de estos documentos es auténtico, sino que fueron elaborados por Alberto Luceño” y una de las firmas que aparece en el papel “ha sido simulada por el propio Alberto Luceño”, zanja la Fiscalía.
Luis Medina Abascal también recibió una llamada similar de su banco cuando su millón de dólares llegó a Madrid. Tenía que justificar el origen del dinero sin explicar que era una comisión salida de un contrato público y llamó a Luceño, que le remitió los documentos falsos que él mismo había presentado pero incluyendo a su socio. “Tampoco estos documentos son auténticos, sino que fueron elaborados por Alberto Luceño a partir de los que él mismo había presentado en su entidad bancaria”, dice la Fiscalía, en este caso añadiendo la firma de Luis Medina, que él mismo le había remitido por correo.