El Gobierno dejó en manos de las comunidades autónomas el grueso de la gestión de la pandemia tras la primera ola en que se vio obligado a confinar España durante tres meses. A partir de la 'nueva normalidad', Pedro Sánchez optó por dotar a las autonomías del marco jurídico que les permitiera implementar restricciones a través del estado de alarma –que es la herramienta que permite limitar derechos fundamentales como la movilidad– con un objetivo fundamental: doblegar las oleadas de coronavirus hasta que la efectividad de la vacuna se convirtiese en realidad y evitar a toda costa volver a encerrar a un país entero en sus casas. Pero tres meses después de la aprobación de ese decreto, que sacó adelante con un amplio margen en el Congreso, la situación está de nuevo descontrolada en una tercera ola que se está cobrando los excesos navideños con una incidencia acumulada disparada hasta lo 689 casos por 100.000 habitantes –el riesgo extremo empieza en 250, menos de la mitad de los casos actuales– y con algunas regiones por encima de los 1.000. Con ese panorama, Gobierno y comunidades protagonizan un nuevo enfrentamiento con posiciones opuestas a las que esos actores mantuvieron durante la primera ola: cada vez más ejecutivos regionales quieren incrementar las restricciones mediante la ampliación del toque de queda o directamente recurrir al confinamiento domiciliario.
El Gobierno se aferra al estado de alarma vigente ya que considera que ofrece herramientas suficientes para doblegar la curva de nuevo, descarta completamente un nuevo encierro y deja en manos del Consejo Interterritorial de Salud del miércoles la decisión sobre adelantar el toque de queda a las 20.00 horas.
Si en la primera ola el enfrentamiento se produjo con el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que desde Madrid se oponía a las restricciones y tachaba de “liberticida” al Ejecutivo de Pedro Sánchez, ahora es otra administración del PP la que presiona pero en sentido contrario en un nuevo choque que deberá dirimirse en los tribunales. El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que gobierna también en coalición con Ciudadanos, decretó el toque de queda para su región a las 20.00 horas desoyendo al Ejecutivo central tras haber planteado sin éxito esa posibilidad en el consejo interterritorial la semana pasada.
El Ministerio de Presidencia que dirige la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, recurrió esa decisión de Mañueco dado que “infringe nítidamente” la normativa vigente, según informó en un comunicado. “Excede en su autoridad delegada el marco del real decreto de alarma y afectan derechos fundamentales”, explicaron a elDiario.es fuentes gubernamentales que mostraban su malestar ante el intento de presión por parte del ejecutivo regional. No obstante, la Abogacía del Estado ha optado por seguir el trámite ordinario y no solicitar medidas cautelarísimas, tal y como adelantó El Confidencial, con lo que el toque de queda adelantado estará vigente hasta que se pronuncie el Tribunal Supremo.
La presión se ha ido incrementando a medida que otras comunidades han solicitado la ampliación en al menos dos horas del toque de queda, que permitiría limitar la movilidad más allá de los cierres adelantados de la hostelería y el comercio que han decretado algunas regiones ante la multiplicación de los contagios y la amenaza de colapso de nuevo en los centros hospitalarios. La mayoría de autonomías –de distintos colores políticos– se han pronunciado a favor de que el decreto de alarma se modifique para ampliar las restricciones. A Castilla y León se sumaron Andalucía, Euskadi, o Castilla-La Mancha (que es una de las que supera la incidencia de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes), y también la Región de Murcia.
Igea: “Nos exaspera la lentitud”
El decreto de alarma que el Gobierno aprobó en octubre con el objetivo de dar un marco legal a las comunidades durante seis meses para poder implantar restricciones no contempla las limitaciones que ahora solicitan las autonomías y requeriría de la aprobación de un nuevo decreto en el que se incluyeran las modificaciones. Ese texto tendría que aprobarlo el Consejo de Ministros y ser sometido a votación en el Congreso en el caso de que las nuevas limitaciones se prorrogaran más de quince días, según explican fuentes gubernamentales.
No obstante, el Ejecutivo no ha dado ninguna muestra de pretender modificar ese decreto y, en todo caso, deja la decisión en manos del Consejo Interterritorial de Salud del miércoles. “No somos nosotros los que rechazamos nuestra responsabilidad, el que lo hace desgraciadamente el Gobierno”, ha reprochado el vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea en una entrevista en La Hora de TVE: “Lo único que nos exaspera es la lentitud en esta circunstancia, lentitud que cuesta la vida de nuestros ciudadanos”. Igea, que defiende el confinamiento domiciliario más allá de la ampliación del toque de queda, ha dicho que “lo que es una extravagancia” es que no se active.
Otros gobiernos autonómicos no especificaron si adelantarían el toque de queda, pero sí plantearon tener la posibilidad de recurrir a esa medida. Por parte del PP, el gallego Alberto Núñez Feijóo aseguró el pasado viernes que ve “razonable” que el estado de alarma permita extender el toque de queda, incluso a las 18.00 horas, como ha hecho Francia; y la madrileña Isabel Díaz Ayuso, que se ha limitado a pasar el toque de queda de la medianoche a las 23.00 horas y viene resistiéndose al cierre perimetral de su región, se puso sin embargo del lado de Mañueco y contra Sánchez: “Si el Gobierno va a seguir sin actuar lo que le rogamos es que no moleste”. Por parte del PSOE, los gobiernos balear y canario también han defendido la ampliación y el valenciano Ximo Puig abogó por evaluar si el estado de alarma actual da “todas las respuestas” que reclaman las comunidades y emplazó a encontrar “una solución positiva”.
El Govern de la Generalitat también ve con buenos ojos la ampliación y calificó de “inaudito” que el Gobierno haya recurrido la decisión de Castilla y León. El Ejecutivo cántabro de Miguel Ángel Revilla, consideró así mismo “beneficioso” que el toque de queda pueda activarse desde las 20.00 horas.
Decisión en diferido
A pesar del incremento de la presión política derivada de la multiplicación de los contagios, el Gobierno de Sánchez no da aún una respuesta definitiva a la exigencia que llega de las comunidades y deja la decisión en manos del Consejo Interterritorial de Salud, donde están presentes los ministerios de Sanidad y Administraciones públicas y las distintas autonomías, que se reunirá el miércoles. Será en ese órgano multilateral donde se tome la decisión, aunque en el Ejecutivo no han mostrado de momento una gran disposición a modificar el actual decreto de alarma. “En lo que está el Gobierno es en desplegar todas las posibilidades de este real decreto”, aseguran fuentes gubernamentales sobre el actual marco normativo, que permite a las comunidades elegir entre un catálogo de restricciones y modularlas: cierres perimetrales, toques de queda y limitación en número de personas en las reuniones sociales. La mayoría de las autonomías han llevado ya al límite la mayoría de esas medidas incluso reduciendo los encuentros a las personas convivientes. Fuentes del Ministerio confían en que la situación mejore implementando todas las medidas que permite el estado de alarma y sugieren que las comunidades tienen todavía margen para imponer nuevas restricciones sin necesidad de cambiar el decreto.
El director del Centro de Alertas y Emergencias (CCAES), Fernando Simón, se ha mostrado convencido de que la tercera oleada está llegando a su pico máximo y que empieza la fase de “meseta”. Simón no se ha pronunciado ni a favor ni en contra de la ampliación del toque de queda y se ha mostrado partidario de otras medidas, como el cierre del interior de los bares como más efectivas frente a la expansión de la COVID-19.
En lo que ha sido tajante el Gobierno es en su negativa a aprobar un nuevo confinamiento domiciliario que han pedido explícitamente Andalucía, Asturias, Castilla y León y Murcia. “Con la estrategia que ya funcionó en octubre podemos doblegar esta ola”, ha repetido este lunes el ministro de Sanidad, Salvador Illa, quien considera, además, que la legislación sanitaria ordinaria ya contempla la posibilidad de 'confinamientos quirúrgicos' en zonas muy determinadas en las que se producen rebrotes puntuales. “Con este paquete de medidas conseguimos derrotar la segunda ola y estoy convencido de que derrotaremos la tercera”, ha insistido en una entrevista en Al Rojo Vivo (La Sexta) sobre el estado de alarma vigente. No obstante, ese decreto no contempla el toque de queda desde las 20 horas y el Ejecutivo sí que se ha abierto a estudiarlo. En la misma línea se ha pronunciado en Onda Cero la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, que ha asegurado que “cada vez hay que actuar con mayor microcirugía” y se ha mostrado esperanzada en que las restricciones impuestas por las comunidades sirvan para contener la tercera ola, aunque ha reconocido que los efectos no serán inmediatos.
A pesar de que el Gobierno se escuda en que las medidas contenidas en el estado de alarma sirvieron para vencer la segunda oleada, lo cierto es que nunca se llegó al escenario ideal de 25 casos por cada 100.000 habitantes, sino que la incidencia quedó siempre por encima de los 150 y aunque hubo una notable mejoría, los comportamientos durante las fiestas han propiciado que se encadene con la tercera ola en la que las cifras empeoran cada día que pasa. Los expertos sostienen que esta tercera ola se ha superpuesto sobre la anterior generando un repunte acelerado de los casos y un sostenimiento de las altas cifras de muertes (la última, de este lunes, constata 455 fallecimientos desde el viernes). Todo ello lleva a un escenario de “circunstancias extremas y excepcionales” que justificarían una nueva cuarentena estricta, según algunos epidemiólogos. “Son medidas muy pertinentes cuando la transmisión comunitaria está fuera de control, a pesar de sus efectos negativos en determinados ámbitos no esenciales de la economía”, advierten.