La inminente convocatoria electoral ha traído a primer plano uno de los debates que más tiempo y energía consumieron a los partidos en las semanas previas a los comicios: la fórmula jurídica con la que concurrirán las confluencias si se confirma la repetición. De fondo, el rechazo de PP, PSOE y Ciudadanos a que las candidaturas catalana, gallega y valenciana tuvieran un grupo propio en el Congreso. En Comú, En Marea y Compromís ya han mostrado su intención de buscar una fórmula que impida que la Mesa resultante de los nuevos comicios vuelva a operar contra sus intenciones. Pero solo los catalanes tienen registrado ante el Ministerio del Interior un partido que podrían usar. Y los plazos legales se lo ponen muy difícil a las otras dos confluencias.
Los promotores de En Comú registraron varias marcas el pasado mes de enero, cuando ya estaba bastante claro que no tendrían grupo propio y tomaba cuerpo la opción de una repetición electoral. En la memoria de los dirigentes de la confluencia catalana estaba el robo de la marca Guanyem Barcelona por parte de un asesor del PP valenciano, imputado después en el caso Taula, y los enfrentamientos con el Ministerio del Interior antes de las municipales de 2015 por recuperar el registro que había hecho una segunda persona por su cuenta. Finalmente, tuvieron que utilizar el nombre Barcelona en Comú.
Para los comicios del 26J la coalición que lidera de facto Ada Colau podría optar por el nombre Catalunya en Comú o por el ya utilizado En Comú Podem. Ambos están registrados como partido el pasado mes de enero con pocos días de diferencia por personas del entorno de las organizaciones que forman En Comú.
Todavía falta, no obstante, la decisión política. Los integrantes de En Comú (Podem, Barcelona en Comú, EUiA, ICV, etcétera), mantuvieron una reunión este lunes en la que no adoptaron ninguna posición, según fuentes conocedoras del contenido de dicha cita. Las mismas fuentes apuntan, no obstante, que probablemente sea esta semana cuando se decida, aunque nunca será antes de que se confirme el adelanto electoral, probablemente el miércoles.
Más difícil lo tienen En Marea y Compromís. Ninguno de los dos cuenta a día de hoy con un partido registrado ante el Ministerio del Interior que les pudiera valer como instrumento con el que ir a las elecciones. La portavoz de la confluencia gallega, Alexandra Fernández, explicaba a los periodistas tras su reunión con el rey que “el debate que se está dando” entre los integrantes de En Marea y que se ha comenzado a “dar pasos para conformarlo”.
Los plazos legales, sin embargo, no ayudan. El Ministerio del Interior tiene un periodo de 20 días hábiles para responder sobre una solicitud de registro de un partido. Un plazo que, contado desde este lunes, acaba el próximo 20 de mayo, justo el día límite para presentar candidaturas de partido ante la Junta Electoral. En caso de errores el plazo se amplía además, por si la extensa documentación que hay que presentar ante el registro precisa de alguna enmienda los tiempos se ampliarían.
Además, el plazo para registrar ante la Junta Electoral las coaliciones acaba una semana antes, el 13 de mayo. Es decir: si antes de ese viernes 13 de mayo no hay una respuesta del Ministerio del Interior sobre el supuesto registro de un partido, los promotores tendrían que decidir si arriesgarse a esperar una semana más u optan por repetir la opción de la coalición electoral.
Fernández, representante de Anova, ha explicado que existen reticencias dentro de En Marea y que la discusión no se ha cerrado. La candidatura la forman también Podemos e IU de Galicia, más reticentes a cambiar la fórmula jurídica de cara al 26J, sobre todo por lo apurado de los plazos.
En la Comunidad Valenciana el debate está incluso en un estadio anterior. Compromís todavía no tiene decidido formalmente si repetirá candidatura conjunta con Podemos. Además, la opción de un acuerdo estatal con IU también jugaría un papel en esta comunidad.
Dentro de la coalición valencianista operan principalmente dos organizaciones, el Bloc e Iniciativa del Poble Valencià. El primero cuenta con más militancia y bases pero el segundo está liderado por Mónica Oltra, muy proclive a repetir la experiencia del 20 de diciembre.
Mientras este debate no se zanje, no podrán abordar el de la fórmula jurídica. Y, otra vez, serán los plazos los que determinen la decisión política.