El Gobierno tiene la potestad constitucional de vetar proyectos de ley en el Congreso de los Diputados si considera que su aprobación supondría un aumento del gasto o una reducción de los ingresos fijados en los Presupuestos Generales del Estado. Pero en lo que va de legislatura, poco más de un año, el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha utilizado este precepto más de 40 veces. La última, este mismo martes. El mismo día en que los diputados aprobaban una proposición de Unidos Podemos para reformar el Reglamento de la Cámara y dificultar que el Gobierno recurra a esta fórmula para “impedir que el Parlamento legisle”, como ha defendido la portavoz del grupo que defendía la iniciativa, Irene Montero.
La propuesta ha sido admitida a trámite con 177 votos a favor, 166 en contra y ninguna abstención.
La dirigente de Podemos ha recordado que en el año que ha durado ya la legislatura apenas se han aprobado cinco leyes emanadas de los grupos parlamentarios. Y cuatro de ellas estaban promovidas por el propio PP. Montero ha asegurado que la redacción actual del Reglamento permite “hacer trampas al Gobierno, a los grupos afines o a quienes quieren que nada cambie”.
Montero ha desgranado los tres métodos que, según su grupo, emplea el Gobierno, el PP o sus aliados para trabar los trámites parlamentarios. Por ejemplo, ha recordado que la propuesta de Unidos Podemos-En Comú-En Marea para ampliar el Salario Mínimo Interprofesional lleva 30 ampliaciones del plazo de enmiendas. O las 17 ampliaciones del plazo de enmiendas para la modificación de la llamada ley mordaza. En este mismo sentido se ha pronunciado el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, quien ha salido a la tribuna con un cartel con el número 35, el número de ampliaciones del plazo de enmiendas para la modificación de un único artículo del Estatuto de la Comunidad Valenciana.
Otro de los sistemas es el recurso a los reales decreto-ley, una figura que la Constitución reserva a procedimientos urgentes y que el Gobierno ha utilizado este año hasta en 21 ocasiones.
El último, el que se va a proceder ahora a modificar, es el llamado veto presupuestario que, como ha denunciado Montero, “impide siquiera el debate” al detener la tramitación de la proposición.
Sin respuesta del Constitucional
Las decenas de vetos activados este año por el Gobierno han llegado al Tribunal Constitucional. El propio Gobierno ha planteado una cuestión de competencias al entender que las más de 40 veces que ha utilizado su prerrogativa en un año son pocas y considerar que la Mesa del Congreso se ha extralimitado al no aceptar algunos de los vetos planteados por el Ejecutivo. Además, algunos de los vetos tienen su propio recorrido ante el Alto Tribunal.
El portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, ha justificado precisamente en esta realidad su rechazo a la admisión a trámite de la iniciativa. Girauta la ha considerado “impertinente” y ha conminado a que se espere a un pronunciamineto del Constitucional que no llega y que, mientras tanto, impide al Legislativo acometer sus funciones, según los promotores.
Así lo han defendido además otros portavoces. El portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha denunciado que ya “no hay equilibrio de poderes” entre el Legislativo y el Ejecutivo y ha criticado que “el Constitucional no resuelve” una diferencia de criterio, lo que empantana la situación.
El grupo socialista, por su parte, ha anunciado su apoyo a la tramitación. El hoy portavoz, Cipriá Ciscar, ha criticado “la actitud del Gobierno” porque “condiciona la capacidad legislativa del Congreso”. Además, ha considerado que el Reglamento, tal y como está planteado, permite “caer en la arbitrariedad”. Este mismo martes, según ha denunciado, la Mesa ha admitido otro veto a una proposición sobre la revaloración de las pensiones. Ciscar ha anunciado que lo recurrirán al Constitucional.
El PP se ha mostrado contrario a la mera admisión a trámite ya que “supone una modificación de la Constitución y un atentado contra la separación de poderes”. El grupo que sustenta al Gobierno ha advertido al resto de grupo de que la proposición no saldrá del Congreso con la redacción con la que ha sido admitida a trámite: “Le daremos la vuelta”.