Una amplia mayoría del Congreso votó a favor este jueves de que la reforma del Código Penal para sustituir el delito de sedición por el de desórdenes públicos agravados comience su tramitación parlamentaria con 187 votos a favor, 155 en contra y 6 abstenciones. El Pleno de toma en consideración de la propuesta se desarrolló sin sorpresas, a pesar de que el PP había forzado el formato de votación por llamamiento para que cada diputado tuviera que pronunciar el sentido de su voto en voz alta. En respuesta, el grupo socialista en bloque se puso en pie para acompañar a Inmaculada Orio, la primera diputada del PSOE en votar a favor. “Aquí estamos todas las y los socialistas juntos, sin fisuras. Sí”, pronunció.
En una eterna sesión plenaria que comenzó a las 9 de la mañana con el debate presupuestario y que continuó por la tarde con la tramitación de los impuestos a la banca y las eléctricas, el punto del orden del día referente a la derogación de la sedición fue noctámbulo y bullicioso. Las interrupciones de la bancada de la derecha a los portavoces de PSOE y Unidas Podemos fueron constantes, con un intenso cruce de reproches entre el Gobierno y la oposición desde la tribuna de oradores.
“Ustedes, a sus insultos. A nosotros déjennos la política. Con ustedes confrontación y pasado, con nosotros convivencia y futuro”, abrió el debate el diputado socialista Francisco Aranda. Le siguió Jaume Asens, diputado de Unidas Podemos, el otro grupo proponente de la reforma. “Se trata de una reliquia del pasado llena del polvo de un mundo que ya no existe. Es una anomalía preconstitucional, un estado de derecho no puede permitirse un delito como este”, defendió.
El PP decidió que la encargada de defender su postura en contra de la reforma fuera su portavoz, Cuca Gamarra, que calificó el fin de la sedición como una “iniciativa vergonzante” que, en su opinión, solo persigue un objetivo: “Es el borrado de lo que ocurrió entre septiembre y octubre de 2017 en Cataluña. Indultos, sedición, malversación. El objetivo es la amnistía y la autodeterminación. Es un traje a medida de los sediciosos. Nunca nadie se había atrevido a tanto”, aseguró.
Por su parte, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, defendió que la reforma “no es una concesión al independentismo. Es más: ojalá lo fuera. Esto es una concesión a la democracia. Es una concesión a su democracia para que dejen de hacer el ridículo en Europa”, sostuvo antes de hacer balance del peso de su grupo en la legislatura: “Nueve personas duermen en su casa y no en una celda gracias a nuestro voto y le hemos quitado el juguete a jueces fascistas. No somos responsables de las decisiones del PSOE, sino de sus rectificaciones”.
La reforma del Código Penal que hoy comienza su tramitación es, en realidad, la concreción de algunos de los compromisos alcanzados por el PSOE y ERC en la mesa de diálogo en torno a la denominada “desjudicialización del conflicto catalán”. Los de Sánchez y Aragonés llevaban meses trabajando una medida que el propio presidente del Gobierno confirmó hace justo dos semanas bajo el argumento de que su Ejecutivo trabaja por solucionar el problema que heredó del PP con Catalunya. “Estamos construyendo convivencia. Invito a la gente a que se dé un paseo por Catalunya y la comparen con 2017. ¿Preferimos la del 2017 o la de 2022?”, se preguntó en una entrevista en laSexta. Moncloa ha aderezado su defensa de la derogación del delito de sedición con la comparación a otros marcos normativos europeos. “Se trata de modernizar, de homologar el código penal en lo que respecta al delito de sedición”, dijo también el presidente.
El president de la Generalitat, Pere Aragonés, defendió la sustitución del delito de sedición por el de desórdenes públicos agravados calificándolo como “un paso indispensable en la desjudicialización. Continuamos trabajando para terminar completamente con la represión y poder votar en un referendo. Para resolver el conflicto político y la libertad”, dijo. Sin embargo, el president puntualizó que, en su opinión, deberán hacerse más cambios legales para conseguir la completa desjudicialización, en referencia la reforma del delito de malversación que ERC prevé abordar durante el trámite parlamentario de la reforma del Código Penal y vía enmiendas. Algo que también negocia directamente con el PSOE.
ERC no pierde la esperanza en tocar la malversación
Los republicanos siempre han defendido volver a la redacción anterior a la última reforma del PP del tipo penal de la malversación y desde el Gobierno surgieron voces que dejaban abierta la puerta a revisar esta cuestión a lo largo de la tramitación parlamentaria. Hoy mismo el presidente Pedro Sánchez ha evitado cerrar esa puerta. “Vamos a ver la tramitación parlamentaria”, ha respondido a la salida del Pleno tras ser cuestionado por si pretende apoyar un cambio en el delito de malversación.
Pero lo cierto es que el clima ha cambiado en las últimas semanas tras las críticas de buena parte de los socios parlamentarios de los socialistas, incluyendo a parte de Unidas Podemos, que han generado incluso un debate interno en el seno del Ejecutivo por tratarse de un delito claramente vinculado a casos de corrupción política. Aún así, Moncloa no ha desvelado aún si apoyará o no la intención de ERC de tratar este asunto en la tramitación parlamentaria, algo para lo que los republicanos aún no pierden la esperanza. Según afirman fuentes republicanas, la negociación sobre el delito económico sigue por los habituales cauces de discreción.
La importancia que tiene para ERC la reforma de la malversación es máxima, pues de ello depende el futuro judicial de cerca de una treintena de altos cargos y funcionarios que están a la espera de juicio por hechos relacionados con el procés. Si el objetivo es la desjudicialización, el delito de malversación es mucho más eficaz que el de sedición, pese a que voces republicanas asumen que deberá ser una “reforma quirúrgica” para no tener efectos inesperados. Por esta razón y pese a las complicaciones que tiene este delito, en Esquerra dan por seguro que introducirán una enmienda sobre la malversación y que tratarán de alcanzar un acuerdo en las próximas semanas.
La excusa del PP para dinamitar los puentes
Esa reforma que hoy empieza a tramitarse en el Congreso tiene como punto principal la derogación del delito de sedición y la concreción de un nuevo tipo penal, el de desórdenes públicos agravados. “La propuesta contempla homologar las penas y renombrar el tipo para que pase al de desórdenes públicos agravados, como otras democracias a las que España se quiere equiparar. Lo que quiere el independentismo es la amnistía, algo que este Gobierno no va a aceptar”, explicó Pedro Sánchez.
A pesar de las críticas de la derecha, reformar el Código Penal en los términos anunciados por el Gobierno no implicaría, por el momento, la rehabilitación inmediata del líder de ERC, Oriol Junqueras, ni acelera la eventual vuelta del expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont. Y ahí juega un papel clave precisamente el delito de malversación, por el que el ex vicepresident también está condenado y por el que Puigdemont es reclamado por la Justicia española.
En cualquier caso, ese compromiso del Gobierno con ERC para llevar adelante la reforma de la sedición se convirtió hace unas semanas en el último clavo ardiendo del PP para volver a romper cualquier tipo de negociación con el Gobierno. En el último momento, y tras la presión de algunos líderes territoriales populares como Isabel Díaz Ayuso, Alberto Núñez Feijóo mandó volar los puentes sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial que estaba prácticamente concluida. “Alguien nos mintió en las negociaciones del Poder Judicial”, justificó. El líder de la oposición ha prometido en los últimos días que recuperará el delito de sedición en los mismos términos que existía hasta ahora si llega a ser presidente del Gobierno.