La Mesa del Congreso ha autorizado este miércoles la puesta en marcha de una Oficina de Conflicto de Intereses, encargada de vigilar el pasado económico de los diputados, con el fin de establecer criterios de posible incompatibilidad entre su función pública actual y su pasado como asalariados, empresarios o inversores.
La medida que asume ahora la presidencia de Meritxell Batet tomó forma en los últimos días de Ana Pastor al frente de la Cámara Baja. Durante la última reunión de la Mesa presidida por Pastor en la pasada legislatura se aprobó el primer documento sobre el que ahora están trabajando los letrados del Parlamento. Se trata de una iniciativa que tiene su origen en las recomendaciones realizadas por el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa.
Según fuentes del Congreso se ha encargado un informe al secretario general de la cámara que debe aclarar los términos en los que se pone en marcha esa unidad de 'asuntos internos'. La próxima semana se empezarán a conocer los plazos de puesta en funcionamiento, así como los requisitos que se imponen a cada uno de los parlamentarios para cumplir con las nuevas exigencias de transparencia.
El plan obligará a los diputados a dar más información sobre su vida económica. Tendrán que rellenar un documento para detallar “las actividades que hayan desempeñado en el pasado y que les hayan proporcionado ingresos económicos”. También se les pedirá que faciliten información sobre “donaciones, obsequios y beneficios no remunerados obtenidos con anterioridad a la toma de posesión”. Se pone fin a la opacidad sobre las empresas en las que invierten sus señorías, como en el caso del diputado de Ciudadanos Marcos de Quinto que ha declarado más de 10 millones de euros en acciones sin especificar en qué compañías tiene depositadas sus inversiones.
Según la nueva normativa, los diputados tendrán que detallar cualquier viaje al que hayan asistido invitados por empresas o entidades ajenas a su entorno familiar. Toda la información que se recabe por esta vía será publicada en la página web del Congreso de los Diputados.
Hasta ahora, el Congreso solo exige que cada parlamentario presente una declaración de bienes y otra de actividades al inicio de la legislatura. En el actual mandato solo el diputado de Vox, Iván Espinosa de Los Monteros ha dejado de entregar la información que exige el Parlamento.
Imparcialidad bajo vigilancia
La nueva Oficina de Conflicto de Intereses velará por que la imparcialidad impere en los debates y votaciones parlamentarias. En el caso de que un diputado tenga un interés personal que le pueda influir en un debate deberá comunicarlo por escrito a la Presidencia del Congreso o de la Comisión correspondiente. Se pretende “construir un muro” contra la acción de los lobbies, aseguran fuentes parlamentarias.
La Mesa resolverá cada caso con carácter confidencial y podrá solicitar informes a la Comisión del Estatuto del Diputado para aclarar si el parlamentario puede o no participar de las votaciones sobre las que ha declarado intereses personales.
La nueva Oficina de Conflicto de Intereses tendrá también la función de vigilar que lo que declaran los diputados es cierto. Es la primera vez que la cámara investiga la veracidad de los datos aportados por sus integrantes. Hasta la fecha el único control efectivo sobre las incorrecciones en esas declaraciones era el ejercido por los medios de comunicación.