La última vez que se reunió la Comisión de Control de los Créditos Destinados a Gastos Reservados, conocida comúnmente como la comisión de secretos oficiales, fue en marzo de 2019. Desde entonces, los vetos entre los distintos grupos habían impedido ni siquiera constituir el órgano parlamentario que fiscaliza al Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Tres años y dos legislaturas después, el escándalo del espionaje a 66 dirigentes independentistas desvelado por el grupo de investigadores de Citizen Lab forzó este martes a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, a desbloquear dicha comisión, cuyos miembros hasta ahora debían elegirse por tres quintos del Pleno de la Cámara Baja –210 diputados– que dificultaban los acuerdos, y que ahora pasarán a escogerse por mayoría absoluta, 176 de 350 escaños.
Fuentes de la Presidencia del Congreso consultadas por elDiario.es han explicado que, tras la decisión de Batet, que ha sido refrendada a última hora por la mayoría de la Mesa y la Junta de Portavoces –con el voto en contra de PP, Vox y Ciudadanos–, los nuevos miembros de la comisión serán elegidos el jueves durante un Pleno extraordinario que tendrá lugar expresamente para constituir el citado órgano.
Una vez aprobada la adaptación del Reglamento planteado por Batet, este miércoles tendrá lugar una nueva Junta de Portavoces que fijará la convocatoria de ese Pleno extraordinario para el jueves, justo después del Pleno ordinario ya previsto. Y entonces será cuando los diputados podrán decidir qué grupos tendrán representación en la comisión –se eligen los grupos y no los diputados–.
La idea del Gobierno es incluir en la misma a ERC –que ya tuvo presencia en legislaturas anteriores–, y EH Bildu, que son los dos grupos cuyos diputados han sido espiados por el sistema Pegasus, además del Plural, con la intención de incorporar a Junts, dos de cuyos diputados también fueron víctimas del espionaje.
Con este nuevo sistema el Gobierno podrá cumplir con uno de los compromisos adquiridos el domingo por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, con la Generalitat de Catalunya, para incluir en la citada comisión a los partidos que conforman el Govern catalán, ERC y Junts, así como otros partidos vetados por la derecha, como EH Bildu. Y todo para tratar de zanjar la polémica generada por la información acerca del espionaje a través del sistema Pegasus que solo pueden adquirir los gobiernos.
Superar “el bloqueo actual”
“La Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados debería haberse constituido desde el inicio de la legislatura”, ha recordado Batet en una comparecencia ante los medios. “Es por tanto una anomalía democrática que dos años y medio después del inicio de la misma, la comisión no se haya podido constituir por falta de los acuerdos necesarios”, ha recalcado. Su “voluntad”, ha dicho, “ha sido conseguir que esta constitución pudiera llevarse a cabo”, y para ello se ha reunido con varios grupos, aunque ha constatado la imposibilidad de conformar la comisión.
Batet ha recordado la Resolución de la Presidencia de 11 de mayo de 2004 que “establece, en primer lugar, que el Gobierno facilitará la información recabada” en materia de secretos oficiales “a un diputado por cada Grupo Parlamentario”, por lo que “prevé la representación de todos los grupos parlamentarios” en la comisión. También ha dicho la presidenta del Congreso que “la regulación actual es fruto de la clara voluntad de que todos los grupos parlamentarios cuente con un diputado que pueda acceder a la información clasificada como secreta”.
“En este momento, los vetos de diferentes grupos parlamentarios impiden constituir la Comisión de Gastos Reservados, al incumplir ese mandato fundamental de la resolución. En consecuencia, el Parlamento no puede asumir el control de los secretos oficiales y de los gastos reservados, dejando así sin efecto el mandato constitucional de control de la actividad del Gobierno, lo cual creo que debe ser una prioridad: el Parlamento está para controlar al Gobierno”, ha añadido.
Con todo, “con el ánimo de superar el bloqueo actual, hacer posible el cumplimiento de las funciones constitucionales del Congreso y a la vez mantener el principio fundamental de la normativa actual de acceso de todos los grupos parlamentarios con el que se llevaron a cabo las resoluciones anteriores”, Batet ha justificado la “propuesta de nueva resolución para recabar el parecer favorable, de modo que la elección de los representantes de los grupos parlamentarios para formar parte de la misma pase a ser por mayoría absoluta”.
“Se trata de una modificación coherente con las modificaciones anteriores, movidas todas ellas por la finalidad de garantizar el pluralismo político de la Cámara, el principio de representación y el principio de participación, con clara voluntad de que todos los grupos parlamentarios tuvieran representación en dicha Comisión. Se trata, en fin, de conciliar, de un lado, la exigencia de que sea el Pleno el que elija los diputados habilitados para acceder a la información clasificada mediante una mayoría cualificada y, por otro lado, el que cada Grupo Parlamentario cuente con un diputado”, ha concluido