El Pleno del Congreso ha convalidado este jueves con la abstención del PP, Ciudadanos, Unión del Pueblo Navarro y Foro Asturias, el decreto-ley aprobado por el Gobierno el pasado 24 de agosto y que da cobertura jurídica a la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, para la que todavía no hay fecha.
Como estaba previsto, el decreto ha sido apoyado por PSOE, Unidos Podemos, PNV, ERC, PDeCAT, Compromís, EH Bildu, Coalición Canaria y Nueva Canarias, pero se han registrado además, dos votos en contra: los de los diputados del PP Jesús Posada, expresidente del Congreso, y el catalán José Ignacio Llorens, que han explicado que se equivocaron al apretar el botón.
Además, antes de la votación se ha producido otra anécdota, pues Isabel Borrego, la miembro de la dirección del Grupo Popular encargada de recordar a sus compañeros qué deben votar en cada iniciativa --se marca levantando uno, dos o tres dedos de la mano-- se ha equivocado inicialmente al indicar un voto negativo, lo que ha provocado un murmullo e incluso risas en el hemiciclo. Borrego ha podido rectificar a tiempo.
MAYORÍA ABSOLUTA PARA DESENTERRARLE
Al final el decreto-ley ha sido convalidado por la mayoría absoluta de la Cámara --176 votos a favor--, frente a 165 abstenciones, más los dos 'noes' erróneos de la bancada 'popular'. El texto ha sido defendido por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y presidente, Pedro Sánchez, no ha acudido al debate ni a la votación.
El texto se tramitará como proyecto de ley dado que el Gobierno se había comprometido con varios grupos de la oposición a hacerlo así para que puedan realizar sus aportaciones a la reforma de la Ley de Memoria Histórica de 2007 que en definitiva supone este texto. Además se hará por el procedimiento de urgencia, lo que implica reducir los plazos a la mitad.
En concreto, el decreto añade un tercer apartado al artículo 16 de la Ley de Memoria para dejar claro que “en el Valle de los Caídos sólo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la guerra civil española, como lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas de la contienda”.
Los partidos de la oposición que ha apoyado la convalidación han aprovechado el debate para adelantar las cuestiones que plantearán como enmiendas durante su tramitación en el Congreso. Entre otras cosas, han pedido garantizar la identificación y exhumación de las miles de personas que siguen enterradas en cunetas, la anulación de juicios políticos del franquismo, la retirada de simbología franquista, la reforma de la Ley de Amnistía para poder juzgar a los responsables de crímenes franquistas y la de la Ley de Secretos Oficiales para garantizar el libre acceso a la documentación de la contienda y la dictadura.
Una vez recibido el aval del Congreso, sigue sin haber fecha para la exhumación. La norma entró en vigor el pasado 26 de agosto, tras ser publicada en el Boletín Oficial del Estado, y el día 31, una semana después de su aprobación, el Gobierno inició los trámites para la exhumación, dando vía libre a un acuerdo de incoación que dio un plazo de 15 días a los interesados para que se pudieran personar en el procedimiento y realizar las consideraciones y las alegaciones que consideren.
ALEGACIONES DE LOS FAMILIARES
Así, los familiares podrán comunicar dónde desean inhumar de nuevo los restos de Franco y deberán aportar los documentos y autorizaciones necesarias. En caso de que no contesten o haya discrepancias entre ellos, será el Ejecutivo el que decida el nuevo destino de los restos del dictador en un lugar “adecuado” y digno según asegura el Gobierno, sin querer desvelar las opciones que hay.
Este verano, el Ejecutivo, a través de la abadía benedictina que custodia la basílica, tuvo conocimiento de un escrito de la familia Franco avisando de que no se harán cargo de los restos, pero el Gobierno sólo se dará por enterado de los deseos de la familia durante el trámite formal, explican fuentes del Ejecutivo.
En el caso de que tuviera que ser el Gobierno el que decidiera dónde inhumar los restos de Franco, el Consejo de Ministros debería aprobar una nueva decisión en este sentido.
El Gobierno no contempla la hipótesis de que, llegado el momento de iniciar los trabajos de exhumación, la abadía benedictina que custodia la basílica se opusiera. Pero incluso en ese escenario los acuerdos vigentes entre el Estado español y la Santa Sede facultarían al Gobierno para proceder con la exhumación, según el estudio jurídico que ha hecho el Ejecutivo de la cuestión.
Desde Moncloa garantizan que los trabajos de exhumación, se realizarán con discreción y decoro para evitar que, si la opinión pública es consciente del día y hora de esos trabajos, llegue una avalancha de curiosos o exaltados a la basílica.