La Mesa del Congreso de los Diputados ha asumido el informe de los letrados de la Cámara Baja que recomiendan mantener que la mayoría se contabilice sobre 350 parlamentarios, pese a la suspensión de los tres diputados independentistas en prisión provisional, aún cuando cuatro de estos diputados no puedan ejercer sus funciones ni participar en las votaciones. Los miembros de Unidos Podemos en la Mesa han solicitado, no obstante, un análisis mayor del documento, aunque no se han mostrado expresamente en contra del mismo.
La propia presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha confirmado que la Mesa acepta el texto de los letrados que contempla que “debe entenderse que los diputados suspendidos mantienen la condición de miembros de la Cámara y, en consecuencia, deben computar a efectos de su composición fijada en 350 desde el día de su constitución, no afectando así al número de votos requerido para alcanzar la mayoría absoluta (176)”.
De esta forma, de cara a la sesión de investidura, Pedro Sánchez necesitará 176 votos favorables si quiere salir elegido en la primera votación. No obstante, la suspensión de los diputados encarcelados sí tendrá efecto en la investidura, si esta se produce en segunda votación.
En este caso, Sánchez solo necesitaría más votos favorables que en contra y la no asistencia a ese debate de los cuatro políticos en prisión contaría como cuatro abstenciones ante la candidatura del socialista, lo que le facilitaría volver a la Moncloa con el apoyo de PSOE, Unidas Podemos, PNV y Coalición Canaria y, por tanto, sin la necesidad de los partidos independentistas.
Se trata de la misma mayoría que dio la presidencia del Congreso a Meritxell Batet, si bien Coalición Canaria ya ha advertido de que no tiene previsto, en este caso, apoyar una investidura de Sánchez si llega a un acuerdo con Unidas Podemos.
La Mesa también ha decidido que los diputados en prisión no percibirán sueldo alguno por su condición de parlamentarios. Este bloqueo al salario ya fue solicitado por formaciones como Ciudadanos y Vox, y se refiere al periodo que va desde las elecciones generales hasta el 21 de abril, momento en el que fueron suspendidos.