El pasado 22 de julio, con la canícula sin dar tregua, los diputados entraban con desgana a la reunión de la Diputación Permanente del Congreso, órgano que sustituye a los Plenos durante las vacaciones parlamentarias. Todos sabían de antemano cuál iba a ser el resultado de las votaciones, pero tenían que cumplir el trámite. Ninguna de las siete comparecencias de los ministros [más la de Mariano Rajoy] pedidas por los grupos parlamentarios iba a prosperar. El PP las tumbaría todas, una a una, gracias a su mayoría absoluta. Como así fue. Ni una prosperó después de casi seis horas de reunión.
Al final los rechazos se quedaron en seis [más el del presidente], ya que una de las peticiones, la que reclamaba la presencia del nuevo titular de Educación y Cultura, Iñigo Méndez de Vigo, fue retirada por el simple hecho de que el ministro iba comparecer “a petición propia” a la semana siguiente en su correspondiente comisión del Congreso para explicar por primera vez los planes de su departamento.
Salvo raras excepciones –pocas- los resultados de las Diputaciones Permanentes son siempre los mismos. El PP aplica el rodillo parlamentario y lo tumba todo. “A ningún ministro le gusta que la oposición le marque los tiempos y le obligue a dar explicaciones en cualquier momento. Y mucho menos cuando la Cámara está de vacaciones”, reconocía a la salida de aquella Diputación un veterano diputado del PP. “El PSOE cuando gobernaba también hacía lo mismo”, añadía.
Según el reglamento del Congreso, los miembros del Gobierno están obligados a comparecer en la Cámara para responder a las preguntas en las sesiones de control de los miércoles y a las interpelaciones que cada quince días les presentan los grupos y que a la siguiente semana dan lugar al debate de una moción. El presidente del Gobierno queda eximido de someterse a estas interpelaciones, un cambio que la oposición reclamaba ahora en la frustrada reforma del Reglamento.
Rajoy está obligado a convocar anualmente el debate del estado de la Nación y a acudir al Pleno para explicar los resultados de las cumbres europeas. Lo hace, pero a veces fuera de plazo, o mezclando ambos debates, como hizo en febrero de este año, pese a las protestas de toda la Cámara. Los ministros también tienen el deber de defender ante el Pleno las leyes que impulsan, así como a acudir a dar cuenta en la Comisión correspondiente de los planes de sus departamentos al inicio de la legislatura. O a la de Presupuestos cuando las cuentas del Estado llegan anualmente al Congreso.
La oposición, sin embargo, les exige que den la cara cuando lo creen pertinente por asuntos de actualidad. El grupo que registra más peticiones de comparecencia es el PSOE, al ser el mayoritario y contar con un mayor cupo de intervenciones. Le sigue la Izquierda Plural, que suele firmar las iniciativas con parte del Grupo Mixto, y, después, UPyD. Los nacionalistas catalanes y vascos se sitúan en último lugar. Con todo, el porcentaje de rechazos es muchísimo más alto que el de las aceptaciones. Como se puede comprobar en el gráfico, unos miembros del Gabinete de Rajoy se han librado más que otros de dar la cara en la Cámara Baja.
La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, está a la cabeza en cuanto a rechazos de comparecencias pedidas por la oposición, según la tabla elaborada por eldiario.es con los datos extraídos de la página web del Congreso. El motivo que alegan en el PP es que Sáenz de Santamaría -como el resto del Gabinete- responde todos los miércoles a las preguntas de los grupos en las sesiones de control al Gobierno, en donde logran que se “retrate” -brevemente, eso sí- sobre todo tipo de temas. Y, además, comparece los viernes tras el Consejo de Ministros en rueda de prensa.
Pero, al margen de esta presencia obligada, Sáenz de Santamaría también ha sido librada por su grupo de acudir al Congreso en varias ocasiones. En octubre de 2013, para explicar, a petición del PSOE, la Izquierda Plural y el Grupo Mixto “los datos falsos en dio en el Consejo de Ministros sobre el fraude por desempleo, acusando a 520.000 personas de cobrar fraudulentamente el paro, cuando se trata de cifras que no se corresponden con los datos reales”. Aquellas afirmaciones provocaron una buena bronca parlamentaria con Cayo Lara en una sesión de control, pero la vicepresidenta se negó a pedir perdón por sus palabras.
Tampoco acudió al Congreso en abril de 2014, poco antes de las elecciones europeas, a explicar “las razones por las que utilizó la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para facilitar la difusión de su campaña electoral al candidato del Partido Popular”, Miguel Arias Cañete, como le pidió el PSOE. En el PP no le dieron importancia.
Soria, a la cabeza de los que más comparecencia ha aceptado
Según estos datos, el ministro de Industria, José Manuel Soria, es el que logra el porcentaje más alto de comparecencias frente al total de solicitudes. Le sigue el exministro de Educación y Cultura, José Ignacio Wert, al que la oposición ha pedido docenas de veces que acudiera al Congreso por la LOMCE.
En cambio, el primer puesto en el ranking de rechazos lo tiene la exministra de Sanidad, Ana Mato. La antecesora de Alfonso Alonso fue 'indultada' por su grupo en numerosas ocasiones para que no tuviera que dar explicaciones ni por asuntos relacionados con la ley del aborto, ni por los recortes en dependencia que realizó al inicio de la legislatura. Tampoco por el “medicamentazo” y el copago farmacéutico que aplicó a los pensionistas y a los trabajadores en función de su renta. Incluso, durante la crisis del ébola, Mato se limitó a seguir desde el ministerio los acontecimientos, se fue a la playa, y no dio la cara en el Congreso.
Dos ministros que están muy cerca en cuanto a rechazos y comparecencias son los de Defensa, Pedro Morenés, y el de Interior, Jorge Fernández Díaz. No obstante, uno y otro se han librado también de muchas peticiones de comparecencias.
Morenés, por ejempo, vio rechazada en noviembre de 2014, gracias al PP, la solicitud de la Izquierda Plural y el Grupo Mixto para que explicara “la insólita embestida de una lancha de la Armada a una zódiac de Greenpeace el día 14 de noviembre, que provocó lesiones a dos activistas y la caída al mar de una de ellos”.
También se libró en febrero de ese mismo año de informar “sobre la petición formal del Gobierno de los Estados Unidos de América de prorrogar su presencia en la base de Morón de la Frontera (Sevilla) y ampliar el número de efectivos pertenecientes a su fuerza de respuesta para crisis en África más allá del mes de abril de 2014, así como de la posición del Gobierno español sobre la misma”, como le habían pedido el PSOE y la Izquierda Plural.
Su comparecencia por el caso de la Zaida Cantera y el acoso sexual en el Ejército también fue vetada por el PP en varias ocasiones, un escándalo que el ministro Morenés al final no tuvo más remedio que afrontar.
El PP también ha ayudado a Jorge Fernández Díaz a no tener que ir al Congreso en muchas ocasiones. Una de ellas, en abril de 2014, a petición de cinco grupos de la oposición “para que explique las actuaciones relativas al esclarecimiento del hecho de que un condenado por el secuestro y asesinato en 1980 de Yolanda González Martín haya mantenido contratos y colaborado con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como sobre las responsabilidades que, en su caso, se deriven y las medidas que ha adoptado para evitar que casos como este vuelvan a producirse”. Se referían al ultraderechista Emilio Hellín Moro, que fue descubierto por El País trabajando para la guardía civil.
Por encima de la vicepresidenta, aunque casi empatada con ella, está el exministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón. Hasta que dimitió, Gallardón fue reclamado en varias ocasiones para que explicara la reforma del aborto, que precisamente fue la causa de su marcha del Gobierno al no conseguir sacarla adelante tal y como él la había diseñado. En enero de 2014, por ejemplo, varios grupos parlamentarios exigieron en la Diputación Permanente que Gallardón, Ana Mato, y la propia vicepresidenta acudieran a la Cámara a explicar la controvertida ley. Al igual que en otras ocasiones, el PP rechazó en bloque todas las comparecencias,14 en total. La oposición también se quedó con las ganas de que Gallardón acudiera a explicar la Ley de Tasas, o la reforma del Registro Civil antes de que ambas leyes llegaran para debate en el Congreso.
Lo cierto es que a pesar de que los populares aplican el rodillo de su mayoría absoluta para salvar a los ministros de ir al Congreso cuando lo piden los grupos, éstos en muchas ocasiones no tienen más remedio que terminar acudiendo a la Cámara. La presión les hace terminar anunciando su presencia pero “a petición propia”. Como lo hizo el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tras el fraude fiscal confeso de Jordi Pujol.
O el propio Rajoy con el caso Bárcenas. El presidente, al que el PP le ha salvado en más de 70 ocasiones de comparecer ante el Pleno -más de 20 de ellas sobre corrupción, se vio obligado a acudir finalmente al Senado el 1 de agosto de 2013 para hablar de su extesorero y del caso Gürtel, el mayor escándalo en el que se ha visto envuelto su partido, junto a la trama Púnica.