Tres meses y dos días después de las elecciones, el Congreso se puso a trabajar. Algo de curro tuvo con el debate de investidura durante tres días, pero no le lució mucho. El PSOE ha mantenido al legislativo en estado de hibernación en este periodo de interinidad. Lo mismo que hizo el PP de Rajoy en 2016 y que tanta indignación causó entonces a los socialistas.
El desdén del Gobierno de Pedro Sánchez por el legislativo llegó a tal nivel que el presidente ni siquiera se tomó la molestia de pedir su comparecencia para informar sobre la última y trascendental cumbre europea, como es costumbre. Y eso que no estaba allí en calidad de presidente en funciones, como una especie de Theresa May sin mucho de qué ocuparse, sino como uno de los principales protagonistas de la reunión, según la versión que Moncloa se ocupó de hacer pública.
Los diputados, elegidos por eso que se suele llamar el pueblo español, tuvieron que conformarse con seguir la noticia por los medios de comunicación.
El Congreso puso fin el martes a la pachorra veraniega con la constitución de sus comisiones, un paso que no tenía que esperar a la elección de un Gobierno. Además, hubo sesión de la Diputación Permanente donde se debatieron tres peticiones de comparecencia. Una de ellas, del PP y Ciudadanos, reclamaba la presencia de Pedro Sánchez para preguntarle por qué no había destituido al ministro de Interior por sus críticas al partido de Albert Rivera el día de la manifestación del Orgullo LGTBi.
Antes del Orgullo, Fernando Grande-Marlaska había denunciado a Cs por “pactar de una forma descarada y obscena con quien trata de limitar los derechos LGTBi”, en referencia a Vox. La parte más polémica fue esta: “Si alguien no entiende que eso debe tener alguna consecuencia podría calificarse de irresponsable”.
Para el ministro, solo fue una crítica política que se refería a consecuencias políticas. En la Diputación Permanente, Marta González Vázquez, del PP, fue más lejos, mucho más lejos. “De sus palabras se deduce que la violencia contra los miembros de ese partido estaba completamente justificada”, dijo en pleno ejercicio de deducción.
La diputada tuvo un momento de indudable humor autorreferencial. Comentó que “el señor Marlaska no sabe lo que es ser diputado” para proseguir señalando que representa a Cádiz, “que está muy lejos de su Bilbao natal” (en realidad, vive en Madrid desde 2003). No está mal como golpe de humor un mes después de que Javier Maroto se empadronara en un pequeño pueblo de Segovia de 113 habitantes para poder ser elegido senador por el Parlamento de Castilla y León. En realidad, nadie ha visto en Sotosalbos a Maroto. Su empadronamiento fantasma es una novedosa forma de repoblar la España vaciada sin gastar fondos públicos.
Quien más interés tenía en la denuncia contra el ministro era, lógicamente, Ciudadanos. “Hizo declaraciones señalatorias, nos puso en el punto de mira y alentó a esos violentos para que nos hiciesen el escrache que sufrimos”, acusó Melisa Rodríguez, que asistió a la concentración. Su descripción de los incidentes: “Nos tiraron latas, algunas llenas, otras vacías, nos tiraron frutos secos, nos tiraron agua, nos tiraron monedas, nos tiraron orines”.
Un informe policial negó que los dirigentes de Cs sufrieran agresiones físicas y solo registró el lanzamiento de una botella de plástico de agua.
Montar el “pollo”
La iniciativa de PP y Cs solo tuvo el apoyo de Vox y fue rechazada con los votos del PSOE, Podemos, ERC, JxCat, PNV y Bildu. Todos coincidieron en que Ciudadanos fue a la manifestación, a pesar de su enfrentamiento con los organizadores del Orgullo, con la intención de montar un espectáculo del que beneficiarse. “Ganas de generar un pollo más”, dijo Aitor Esteban, del PNV. Los socialistas pasaron de la defensa a la acusación por la mayoría de gobierno de Andalucía de la que forman parte Vox y Cs: “Son ustedes cómplices de los que piden terapias de conversión. De los que dicen que el Orgullo deja un hedor insoportable”, afirmó Felipe Sicilia, del PSOE.
Ciudadanos recibió alborozado la noticia de que la Fiscalía ha abierto diligencias por su denuncia sobre los incidentes del Orgullo. En realidad, el paso dado es el primero y obligado. La denuncia se presentó en la Fiscalía General del Estado, que la ha enviado a la Fiscalía de Madrid, el lugar donde se produjeron los hechos. Es este último órgano el que tendrá que decidir si hay motivos para investigar la posible comisión de delitos. La decisión no supone que se haya admitido a trámite la denuncia.
No es eso lo que sostiene Edmundo Bal, diputado de Ciudadanos: “Pues parece que la Fiscalía ve indicios de que hubo agresiones y que se impidió el ejercicio de derechos civiles”. Es singular que una persona que estudió Derecho y que ha sido abogado del Estado desde 1993 decida por su cuenta y riesgo que la Fiscalía ya ha tomado una decisión sobre el fondo de la denuncia. La política es un trabajo tan absorbente que hace que la gente olvide lo que antes debía de conocer con total seguridad.
Con la jornada de trabajo del martes, el Congreso puso fin a su intensa agenda de estos meses. Agosto llega este jueves y con él comienzan las vacaciones parlamentarias. A finales de mes, se celebrará probablemente una sesión de la Diputación Permanente. Será en septiembre cuando regrese la actividad parlamentaria y se sepa si termina antes de iniciarse en el caso de que haya que ir a la repetición de elecciones. Si ese es el caso, no se puede decir que la 13ª legislatura haya sido un prodigio de trabajo. Siempre pueden echarle la culpa al número o al calor.