El Congreso reactivará esta semana el debate de la proposición de ley del PNV que pretende adelantar la descalificación de documentos declarados secretos. Tras año y medio en la 'nevera', la Cámara Baja ha convocado a la ponencia de la Comisión Constitucional que deberá iniciar el debate a puerta cerrada.
Según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias, la ponencia de la Comisión Constitucional encargada de aprobar un informe sobre esta reforma legal ha sido convocada para el próximo jueves, 28 de junio, tres meses después de que los grupos parlamentarios presentaran sus enmiendas.
En esa reunión habrá que empezar a discutir el articulado de esta proposición de ley que presentó el PNV para establecer un procedimiento que permita desclasificar documentos históricos declarados secretos en un plazo máximo de 35 años, y de 10 años en el caso de los clasificados como reservados.
AÑO Y MEDIO EN LA 'NEVERA'
Tras año y medio con la proposición de ley bloqueada en el Congreso, prorrogándose el plazo de enmiendas semana tras semana, los grupos parlamentarios registraron en marzo más de 50 enmiendas a la propuesta del PNV.
En sus propuestas, el PP quiere que aquella información declarada secreta antes de 1968 vea la luz a los tres años desde la aprobación de esta reforma. Y quiere que la posterior se haga pública periódicamente: cada año a partir de 2023 se desclasificará la documentación de dos años.
Los socialistas por su parte proponen que las primeras desclasificaciones tengan lugar dentro de diez años para aquellas informaciones que ya lleven 25 años secretas; y el resto una década después de haber cumplido esos 25 años.
Los grupos también difieren sobre el periodo que deben permanecer secretos los documentos. PSOE, Ciudadanos y Unidos Podemos comparten con PNV la propuesta de que los documentos permanezcan secretos durante 25 años prorrogables otros 10 años. Y un periodo de 15 años (10 años en el caso de Ciudadanos) para la información reservada.
Por su parte, el PP propone diferenciar entre información secreta, reservada, confidencial y de difusión limitada, con periodos de clasificación de 25 años, 15, 10 y 5, respectivamente, prorrogables por el mismo periodo. Esto hace que, por ejemplo, un documento clasificado como secreto pueda permanecer así hasta 50 años.
Pero además, los 'populares' introducen una excepción para aquella información cuya difusión pueda suponer “un riesgo para la integridad de las personas”. En este caso, el PP propone que la clasificación se mantenga mientras siga vigente ese riesgo, sin límite temporal.
LA AUTORIDAD, EL CONSEJO DE MINISTROS O EL CNI
El Grupo Popular también señala al Consejo de Ministros como la Autoridad Nacional para la seguridad de la información clasificada. Y el Gobierno podrá delegar en el director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) la labor de protección de esta documentación.
Por su parte, Unidos Podemos, ERC y Bildu introducen enmiendas para evitar que pueda ser declarada secreta aquella información que pueda servir para prevenir, reducir o investigar casos de abusos y violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.