El Congreso tumba el intento de frenar la reforma que quita competencias al Poder Judicial en funciones

La reforma con la que PSOE y Unidas Podemos pretenden restringir la capacidad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de nombrar jueces con el mandato caducado, como viene haciendo este órgano desde hace más de dos años, seguirá su tramitación parlamentaria. El Pleno del Congreso, reunido en sesión extraordinaria, ha rechazado este jueves las enmiendas a la totalidad presentadas por PP, Vox, Ciudadanos y Junts per Catalunya (JxCat). Estos vetos han sido rechazados por más de dos tercio de la Cámara. El pasado diciembre, los partidos que componen la mayoría reforzada de la investidura ya avalaron su toma en consideración.

El texto se seguirá tramitando por el procedimiento de urgencia, lo que reduce los plazos a la mitad, tal y como acordó la Mesa del Congreso, donde tienen mayoría los socios de Gobierno. Ambos grupos quieren que la proposición se apruebe lo antes posible. Defienden que el objetivo es acabar con un vacío legal, pues actualmente la única competencia que el CGPJ no puede ejercer en funciones es nombrar a un nuevo presidente. Se trata, defienden, de una “anomalía democrática” que no ocurre con los demás poderes del Estado. 

Los grupos que han presentado las enmiendas a la totalidad que han sido rechazadas han expuesto, sin embargo, que no tiene sentido limitar las competencias del CGPJ cuando el problema, sostienen, es el actual sistema de elección de los vocales. También han criticado su tramitación por la vía de urgencia fuera del periodo de sesiones ordinario.

Durante el debate, los portavoces de PP, Vox y Ciudadanos han arremetido con dureza contra la iniciativa al considerar que supone una “injerencia” del poder Ejecutivo en la Justicia. El diputado del PP encargado de defender la posición de su grupo, Luis Santamaría, ha calificado de “tropelía parlamentaria” la tramitación de forma “urgente” y “excluyendo” los informes del propio CGPJ de esta reforma que, a su juicio, supone un “desafío para la Justicia”. De hecho, Santamaría la ha calificado de “reforma a la polaca”, en alusión a las reformas judiciales del Ejecutivo polaco, que acumula reprobaciones de la Unión Europea por su deriva autoritaria. “Estas son las maneras de un Gobierno sin fondo ni forma”, ha aseverado. 

Con su enmienda a la totalidad, el PP defendió un texto alternativo a la reforma en el que propuso que la mayoría de los vocales del CGP —los doce de extracción judicial— sean elegidos por los propios jueces, un sistema que también defienden Vox y Ciudadanos. JxCat, por su parte, propuso que cualquier juez pueda postularse a esos puestos y que la elección recaiga en el Congreso, donde cada diputado podrá votar a cuatro candidatos, un sistema similar al de la elección de la Mesa de la Cámara, según explicó su diputado Jaume Alonso-Cuevillas.

Con un discurso muy duro, el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha calificado esta reforma de “insulto” y “provocación”. “Es alarmante esta injerencia que el poder ejecutivo hace al poder judicial atacando su independencia”, ha añadido al tiempo que ha acusado a los socios de investidura de perturbar los derechos de participación política de la oposición por utilizar el procediento de urgencia para tramitarla. Por otro lado, Bal ha defendido que los 68 nombramientos que el CGPJ ha acordado en los más de dos años que lleva con el mandato caducado son “perfectamente legales y legítimos” y ha acusado a PSOE y Podemos de querer “nombrar a su amigos” en el órgano de gobierno de los jueces. “¿Tienen miedo de sus casos de corrupción?”, ha preguntado desde la tribuna. 

“Es siempre lo mismo. O la justicia hace lo que quiero o le paralizo sus atribuciones. Esto que hoy estamos debatiendo no es otra cosa más que un apretón de tuercas al Poder Judicial”, ha criticado Javier Ortega Smith, de Vox. El diputado del partido de extrema derecha ha afirmado que en España hay un “modelo de injerencia” en el que solo acceden a los altos puestos de la judicatura los magistrados que se acercan a la esfera política. Ortega Smith también ha criticado la “aberración” que supone que desde el Congreso “se esté intentando controlar al CGPJ y la potestad que tiene para nombrar jueces”. 

La reforma que proponen PSOE y Unidas Podemos tiene como objetivo impedir que un Consejo interino pueda hacer nombramientos discrecionales como los que el órgano de gobierno de los jueces ha aprobado este mismo jueves. Ya son 68 desde diciembre de 2018, cuando expiró su mandato. La forma de tramitación de esta iniciativa ha abierto un nuevo frente al Gobierno con el órgano de gobierno de los jueces. 16 de sus 21 miembros —los once conservadores y cuatro progresistas más el presidente Lesmes— acusan a los socios de coalición de quebrantar “las exigencias del principio de separación de poderes” por tramitarla de forma “urgente” y “sin audiencia de ningún tipo”. 

El pasado 13 de octubre, PSOE y Unidos Podemos registraron otra proposición con la que pretendían rebajar la mayoría requerida para renovar el CGPJ. Este texto fue cuestionado por la Comisión Europea, el Consejo de Europa, la oposición y tres de las cuatro asociaciones judiciales y fue retirado por el Gobierno apenas nueve días después. Parecía que se abría entonces una vía de negociación con el PP para renovar el CGPJ, que había exigido la retirada de la reforma para sentarse a negociar y que lleva meses poniendo encima de la mesa diferentes argumentos para no desbloquear la situación. El último, que “durante el estado de alarma no se pueden renovar las instituciones del Estado”.