El Congreso ha tumbado la propuesta social y de sistema de cuidados en el marco de la reconstrucción de España que se ha negociado en las últimas semanas en la búsqueda de soluciones tras la pandemia de la COVID-19. La falta de acuerdo entre los grupos parlamentarios, sobre todo por la exigencia de Ciudadanos de que la educación concertada figurara como receptora de los fondos extraordinarios en los mismos términos que la pública, ha hecho fracasar la votación de ese dictamen. Los otros tres -UE, reactivación económica y sistema sanitario- han salido adelante con distintos apoyos. “Ha sido un ejercicio de geometría variable”, expresan desde la bancada socialista. No obstante, la participación de Vox, que había abandonado la comisión de reconstrucción, ha complicado la aritmética.
El Pleno del Congreso ha votado este miércoles las conclusiones de la reconstrucción, que se han articulado en torno a cuatro ejes: UE, sanidad, economía y política social. Los dos primeros han salido adelante con amplio margen dado que se alcanzó un acuerdo con PP y Ciudadanos y los han secundado también otros grupos. La propuesta en materia sanitaria se ha aprobado con 255 votos favorables, 88 en contra y tres abstenciones. En el caso de la posición de la UE, el dictamen ha recibido el respaldo de 275 diputados y el rechazo de 59 -otros trece se han abstenido-.
El resultado en la propuesta económica había sido mucho más ajustado. Inicialmente, se contabilizaron 169 votos a favor, 168 en contra y once abstenciones. No obstante, a última hora de la tarde, desde la Presidencia del Congreso informaban que se había comprobado “que un miembro de la cámara que había pedido votación telemática ha votado presencialmente”. “Los servicios de la Cámara consideran que este voto no puede contabilizarse y deben corregirse los resultados”, explicaban esas fuentes. “Como consecuencia de esta corrección se ha producido un empate en la votación del dictamen de Recuperación Económica –168 síes y 168 noes–, debiendo repetirse la votación de esa parte del dictamen por aplicación del Reglamento. La repetición de la votación se llevará a cabo en el próximo pleno extraordinario”, apuntaban. Además de ese fallo, dos diputados socialistas han votado en contra.
En todo caso, en el caso del documento social, el Pleno lo ha tumbado con 175 frente a los 171 apoyos y una abstención. Tras el naufragio, se han producido leves aplausos desde la bancada de la derecha. Los principales escollos han estado en la negociación de las recetas económicas de la reconstrucción y del plan social. Ciudadanos, que ha apoyado tres de los dictámenes, se ha opuesto finalmente al apartado social por el empeño en que la educación concertada tenía que aparecer como receptora de fondos mientras que PSOE y Unidas Podemos apostaban por que la “totalidad” de la inversión fuera a parar a la escuela pública. Finalmente, firmaron una transaccional con ERC que hablaba en términos más genéricos. “La totalidad del incremento de la inversión irá destinado a cerrar la brecha educativa, dando prioridad a todos aquellos centros que atiendan a alumnado en situación de vulnerabilidad”. Para Ciudadanos no fue suficiente. Tampoco JxCat ha apoyado ese documento porque “no hay igualdad en el tema de las concertadas”.
Una enmienda sobre pensiones habría salvado la votación
No obstante, no ha sido el único escollo. Desde Unidas Podemos lamentan que los socialistas no aceptaran una enmienda negociada con EH Bildu sobre pensiones que la formación de la izquierda abertzale ponía como condición para secundar la propuesta social. “Habíamos llegado a un acuerdo con Bildu, ya que acordamos una enmienda para mejorar las pensiones (mediante la revalorización con el coste de la vida, el aumento de las pensiones mínimas y la derogación del factor de sostenibilidad), pero el PSOE en el último momento no quiso que esa enmienda saliera adelante, lo que ha provocado el voto negativo de Bildu y la consiguiente caída del documento”, señalan desde el grupo confederal. El apoyo de los cinco diputados de la izquierda abertzale habría inclinado la balanza hacia la aprobación. EH Bildu ha votado en contra de todos los documentos.
Vox ha participado en la votación final de los dictámenes a pesar de que abandonó la comisión de reconstrucción y no participó en la mayoría de sesiones parlamentarias ni en la negociación. Los 52 parlamentarios de Santiago Abascal han votado en contra de los cuatro documentos complicando la aritmética para os grupos que sustentan al Ejecutivo, que necesitaba mayoría simple para sacar adelante sus propuestas. En las filas del PSOE están indignados con esa decisión de la formación de extrema derecha que consideran “incoherente”. También ha molestado que Ciudadanos y JxCat se hayan opuesto a algunas de las conclusiones pese a los intentos por acercar posturas.
La negociación por parte de los partidos que sustentan al Gobierno se ha producido a varias bandas y se prolongó hasta el último momento. Finalmente, el PP ha apoyado las conclusiones en materia europea y de sanidad. “Hemos llegado a acuerdos con todos”, expresaban desde la bancada socialista. Sin embargo, los apoyos no han sido monolíticos sino que han variado en función de la temática.
Los aliados parlamentarios del Gobierno en la investidura han sido incluso los más críticos durante este proceso. PNV y ERC han acusado al Ejecutivo de “recentralización” al aceptar, por ejemplo, la agencia estatal sanitaria que exigían PP y Ciudadanos. Los nacionalistas vascos han rechazo todos los documentos a excepción del de la UE. Los republicanos catalanes han secundado las conclusiones en materia de políticas sociales -aunque su respaldo ha sido insuficiente-, en contra de las conclusiones en materia económica y sanitaria y se han abstenido en el europeo. Por su parte, JxCat ha avalado el europeo, se ha abstenido en el económico porque se han aceptado algunas de sus enmiendas, como la creación de un régimen sancionador contra la morosidad, y ha rechazado el sanitario por el “deje recentralizador” y el social.
Los dos diputados de Más País-Equo han apoyado tres de los documentos y se han abstenido en el sanitario. Compromís ha secundado todos los dictámenes “tras el compromiso del Gobierno de incorporar la financiación autonómica y las condiciones a las empresas para recibir ayudas públicas”.