El Congreso de los Diputados vota este jueves a los candidatos al Tribunal Constitucional con descontento en las filas de PSOE y Unidas Podemos y un rechazo de los socios del Gobierno. El nombre que ha provocado ese malestar es el de Enrique Arnaldo, vinculado al PP y cuyo nombre ha aparecido en sumarios de corrupción, de los que salió indemne, pero que mostraban su cercanía a los cargos populares, con los que hacía negocios o trataba de influir en los nombramientos judiciales.
La votación de este jueves se producirá 1.073 días después de que se agotara el mandato de cuatro jueces del Tribunal Constitucional y tras casi tres años de bloqueo por parte del Partido Popular. La renovación, fruto del acuerdo entre PSOE y PP suscrito el pasado 14 de octubre también alcanza al Defensor del Pueblo y al Tribunal de Cuentas, en este caso en situación de interinidad desde julio.
Las múltiples vinculaciones con el PP de Enrique Arnaldo, que colaboró con la Fundación FAES y llegó a estar vinculado a algunas de las causas por corrupción en las que se ha visto implicado el partido en los últimos años, como Palma Arena –causa en la que llegó a estar imputado– o Lezo, han generado un fuerte malestar entre los socios parlamentarios del Gobierno. También en sectores del PSOE y en Unidas Podemos, que, pese a sus recelos, se ha comprometido a apoyar el nombramiento de Arnaldo en la votación de este jueves.
Tal y como establece la Constitución, la elección de los miembros del Constitucional por parte del Congreso exige el apoyo de tres quintos de la cámara, que suman 210 diputados, y para alcanzar esa mayoría reforzada son necesarios los votos de los partidos que llegaron al acuerdo –PP y PSOE–, pero también de Unidas Podemos. En suma, esas tres fuerzas alcanzan los 242 escaños, por lo que incluso si algún parlamentario decidiera saltarse la disciplina de voto la aprobación está asegurada.
La votación ha sido telemática y secreta –los socialistas han exigido a todos sus diputados un comprobante de que han votado, como siempre hacen en el caso de las votaciones telemáticas–, pero en el Ejecutivo no temen deserciones que tumben el nombramiento de Arnaldo, el nombre más polémico por su manifiesta afinidad al PP, en el contexto de una renovación que incluye la designación de otros tres miembros del Constitucional o la elección como Defensor del Pueblo del socialista Ángel Gabilondo.
Sí ha votado en contra el diputado socialista Odón Elorza, que se mostró muy crítico con la designación del letrado el miércoles de la semana pasada, en la comisión consultiva de nombramientos del Congreso al considerar que Arnaldo era “indigno para el cargo”.
“Tras una reunión con la dirección del Grupo Socialista en la que he explicado mi posición de cara a la votación, he efectuado con responsabilidad el voto telemático en el que NO he apoyado al Sr. Arnaldo, en defensa del prestigio y la dignidad de las instituciones del TC y Congreso”, ha asegurado, este jueves. Elorza sí ha votado a los otros tres candidatos acordados entre PP y PSOE que también han resultado elegidos magistrados del Constitucional: Concepción Espejel –como Arnaldo, propuesta por el PP– y Ramón Sáez Valcárcel e Inmaculada Montalbán, los dos propuestos por el PSOE. La dirección del PSOE “estudiará en los próximos días” la ruptura de la disciplina de voto de Elorza ante una posible sanción “y tomará una decisión al respecto”
Sánchez: “No me gustan algunos de los candidatos”
Ante la polémica agravada en los últimos días por la sucesión de informaciones que vinculan a Arnaldo con el PP, el propio Pedro Sánchez reconocía este miércoles, en el Pleno del Congreso que no le gustan “algunos” de los candidatos del PP al Tribunal Constitucional. A renglón seguido, sin embargo, Sánchez alababa la posición que mantendrán PSOE y Unidas Podemos al secundarlos para “salvar el acuerdo” con Pablo Casado.
La importancia del pacto sobre los nombres será lo que destaque en su intervención el portavoz socialista en materia de justicia, Paco Aranda, que será quien establezca finalmente la posición del grupo. En el Gobierno reconocen que no hubo una negociación como tal de los nombres sino que se aceptaron las propuestas de los conservadores, es decir, que se priorizó el desbloqueo de la institución. En Moncloa esperaban que, después de estos tres órganos, se lograra renovar el CGPJ, pero admiten que no vislumbran por ahora cuándo se podrá llevar a cabo.
A pesar de que la votación es secreta, tanto en el Gobierno como en la dirección socialista dan por hecho que saldrá adelante y que habrá disciplina de grupo. Los candidatos Enrique Arnaldo y Concepción Espejel, fundamentalmente, son los que generan un cierto malestar en las filas socialistas, pero todos los diputados consultados asumen que tienen que acatar el acuerdo. “No me gusta ninguno de los nombres del PP, pero el pacto es el pacto. Me imagino que si se entra en bloqueos, como siempre, pierde la izquierda”, admite uno de los consultados. “Los pactos se cumplen. No nos eligen por listas abiertas, son cerradas y acatas órdenes”, explica otro.
Ese es el sentir general en el Grupo Socialista, según fuentes de la cúpula, que descartan que haya “presión” y consideran anecdótico el caso de Elorza. “Se ha hecho un Odón”, bromea un compañero de bancada sobre el exalcalde donostiarra, que no es la primera vez que pone en aprietos a la dirección del partido. Lo hizo, por ejemplo, cuando anunció por Twitter que renunciaba a sus dietas por desplazamiento durante el confinamiento.
La que salía este jueves en su defensa ante el enfado que sus palabras han generado en las filas socialistas era la ministra Margarita Robles: “El señor Elorza tiene siempre mi máximo respeto y actuará haciendo lo que tenga que hacer. Me merece todo respeto lo que diga Elorza porque lo importante es su trayectoria y compromiso con las libertades de este país”. Robles descargó la responsabilidad de los polémicos nombramientos en el partido de Casado. “El PP sabrá qué candidatos presenta”, ha afirmado. Y ese es el mensaje que envía el Gobierno: “Es el PP el que se retrata”.
Yolanda Díaz: “El PP pone en riesgo la independencia de las instituciones”
La parte de Unidas Podemos del Ejecutivo se ha mostrado más contundente contra Arnaldo, aunque el grupo confederal no se plantea tumbar su nombramiento. “El PP con las designaciones que ha hecho está poniendo en riesgo la independencia de las instituciones”, aseguraba la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, antes de entrar en el Pleno del Congreso.
El presidente de Unidas Podemos en el Parlamento, Jaume Asens, quiso dejar claro que su grupo votará a favor del nombramiento del magistrado Enrique Arnaldo como nuevo vocal del Tribunal Constitucional, aunque lo hará “con una pinza en la nariz”, la misma expresión que utilizó Elorza el miércoles. En una entrevista en la Cadena Ser, Asens justificaba el voto a favor en que la alternativa es mantener la “corrupción” en las instituciones. “Lo contrario sería más coherente, pero tendría consecuencias desastrosas”, puntualizaba el diputado.
“Es la solución menos mala, para renovar hay que llegar a acuerdos”, insistió Asens, al tiempo que pedía a quienes votarán en contra –algunos de ellos, socios habituales del Gobierno– que presenten una “alternativa”, porque “la alternativa ahora mismo es mantener la actual situación que va en contra del funcionamiento normal de las instituciones”. El portavoz de los comunes justificaba también que esta votación es “el primer paso hacia la mayoría progresista” que se impondrá, dice, a partir de junio en el Constitucional, y una llave para desbloquear el Poder Judicial. “La política es eso: saber que cuando tienes que gobernar hay que asumir contradicciones”, concluía.
En la misma línea se posicionaba el diputado del grupo confederal Roberto Uriarte, profesor universitario de Derecho Constitucional, que aseguró en su cuenta de Twitter que este jueves van a hacer frente a “un dilema ético” en el Congreso. “Votar a favor de una renovación degradante del Tribunal Constitucional –la única que concita la mayoría requerida– o permitir que siga un bloqueo ilegítimo. Votaré el mal menor, sin la paz que daría votar las personas más honorables”, indicaba. Uriarte expuso además que “en democracia hay cosas que no se pueden hacer sin la oposición”: “Y tenemos la oposición que tenemos”, sentenciaba.
A última hora, el secretario de Estado de agenda 2030 y dirigente de Unidas Podemos, Enrique Santiago, justificaba en otra entrevista en la Cadena Ser su voto a favor con estas palabras: “Mañana voy a contribuir a que acabe el secuestro de los órganos constitucionales. Lo que es sorprendente no es que votemos, sino que haya un partido que proponga a Arnaldo y a querida Concha. Ese es el verdadero problema. Es la única forma que tenemos para desbloquear los órganos constitucionales”.
Sin embargo, en un artículo publicado en El Periódico de España, dos diputadas de Unidas Podemos, Meri Pita y Gloria Elizo –que es además miembro de la Mesa del Congreso– y un exparlamentario del grupo confederal, Eduardo Santos, insinuaron este miércoles que ellas votarán en contra de la designación de Arnaldo. “Cada voto afirmativo es una ignorancia deliberada”, sostienen, tras recordar algunas de las últimas noticias conocidas acerca del letrado y su vinculación con el PP y la corrupción.
“Cuando como parte del acuerdo se imponen personas con una trayectoria partidista tan acusada como Enrique López, en su momento, Concepción Espejel y Enrique Arnaldo ahora se está optando por incluir al TC como parte de la estrategia partidista de combate político y se está aceptando que sea así. Y no aceptamos que sea así de ninguna manera. Porque el precio a pagar en términos políticos de regeneración democrática y sociales, de construcción de ciudadanía, es sencillamente inasumible”, zanjan.
Este miércoles, PSOE y Unidas Podemos tuvieron que escuchar todo tipo de reproches en el Congreso por la polémica elección de Arnaldo. Las críticas llegaban por parte de quienes han sido sus aliados parlamentarios para investidura de Pedro Sánchez o para aprobar los Presupuestos. La oposición de ERC, Más País, PNV o EH Bildu ya quedó patente en una primera votación la semana pasada en la comisión consultiva de nombramientos, en la que los grupos criticaron la parcialidad de los candidatos propuestos por el PP, Arnaldo y Concepción Espejel, mientras que los propuestos por el PSOE no recibieron críticas.
El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, centró este miércoles sus críticas en Unidas Podemos, considerando que el hecho de que el grupo confederal vaya a apoyar la elección de Arnaldo “no tiene nombre”. El portavoz republicano reconoció que su partido, como miembro de un Ejecutivo de coalición en Catalunya, se ha comido “varios sapos”. “Nos hemos tragado muchos sapos, pero cocodrilos no”, les espetaba a los diputados de Unidas Podemos.
Y el diputado de Compromís, Joan Baldoví, criticó la propuesta de Enrique Arnaldo para el Tribunal Constitucional, asegurando que votar a favor de que entre en la Justicia es “legitimar un gran escándalo”. Durante el pleno Baldoví cuestionaba que los partidos que sustentan al Gobierno acepten esa propuesta y pedía “un poco de decencia” y “votar con el corazón” en busca de disidentes en PSOE y Unidas Podemos.
Más País también cargó contra la disposición del PSOE a aceptar los candidatos del PP. El líder de la formación, Íñigo Errejón, aseguró no entender “los votos vergonzosos” y dio a entender que su grupo votará en contra, “sin ninguna vergüenza”, porque “Arnaldo no es idóneo”.
Además, el PNV ya ha confirmado que se ausentará de una votación que observa “con mucha distancia”. “Ellos sabrán, nosotros no vamos a participar”, certificó el lunes el portavoz de la formación vasca en el Congreso, Aitor Esteban, quien consideró además que los socialistas hacen “un mal negocio”. El diputado jeltzale critica a PSOE y PP que “aunque dijeron que iban a hacer lo contrario, han nombrado cada uno a los que querían, aunque había muchas objeciones por las cosas hechas por esa persona, por sus opiniones o por su posición”.
La polémica trayectoria del letrado
Distintos medios de comunicación han ido revelando distintos aspectos del pasado de Arnaldo, cuya profesión es letrado de las Cortes Generales, y su aparición en sumarios de corrupción como Palma Arena o Lezo sin ninguna consecuencia legal para él. En el caso de Palma Arena, la laberíntica causa de corrupción de Baleares centrada en el entonces presidente Jaume Matas, Arnaldo llegó a estar imputado aunque la causa se archivó contra él antes de llegar a juicio por prescripción de los hechos. Aseguró Arnaldo: “Mi paso por un juzgado se limitó a declarar en un proceso y fui exonerado”. Después pidió respeto a su presunción de inocencia.
Su imputación, tal y como explicó elDiario.es nada más conocerse el acuerdo, vino por su papel como sospechoso de ayudar al expresidente de Baleares Jaume Matas, del PP, a blanquear dinero simulando una contratación a su bufete. Medios como El Periódico de España han desgranado en los últimos días detalles del sumario, como por ejemplo que maniobró para colocar a Jaume Matas en la universidad con el entonces rector de la URJC y hoy magistrado Pedro González-Trevijano. También que una administradora de su despacho declaró ante el juez José Castro que pagaban comisiones al presidente balear.
La pasada semana, Arnaldo se limitó ante la comisión consultiva de nombramientos del Congreso a defender que nunca llegó a ser juzgado. Los diputados también le preguntaron por su presencia en charlas organizadas por la Fundación FAES de José María Aznar, ligada al PP, a lo que el candidato contestó: “Eran debates abiertos, plurales, con personas de distintas sensibilidades (...) la imparcialidad no se pierde por haber pronunciado conferencias en una fundación”. Sobre su actividad profesional y los contratos que recibió de numerosas administraciones controladas por el PP –aunque también por el PSOE, CiU, Coalición Canaria e Izquierda Unida– se limitó a asegurar que tenía compatibilidad para hacerlo desde 2002.
Arnaldo zanjó su intervención de la semana pasada asegurando que todo esto no compromete su independencia como futuro magistrado y tampoco supone una animadversión al PSOE y al actual Gobierno de coalición, a pesar de los múltiples artículos en contra de la izquierda publicados por él mismo en El Imparcial. “No tengo ningún tipo de beligerancia ni con este ni con ningún Gobierno”, apuntó.
Vinculación con Ignacio González
Lo que quedó sin explicar fue su conversación con el expresidente madrileño Ignacio González en noviembre de 2016, en la que tal y como reveló La Sexta prometió a González estaba moviéndose “para que el nuevo que sustituya a esta señora [Consuelo Madrigal, exfiscal general del Estado] sea bueno”. Faltaba medio año para la detención del expresidente de la Comunidad de Madrid pero ya entonces estaba en marcha la investigación -archivada hace un año- sobre su ático en Estepona.
Fuentes cercanas a Arnaldo afirmaron a este periódico el pasado fin de semana que el letrado no realizó “ninguna gestión” para influir en la elección de un nuevo fiscal general y que en ese momento no tenía conocimiento de la investigación que estallaría meses después. Especificaron estas fuentes que “si lo hubiera sabido, no lo hubiera dicho” y subrayaron que él entonces era abogado en ejercicio. Remarcaron que, en cualquier caso, nunca fue llamado a declarar por este asunto ni como testigo ni como imputado, informa Alberto Pozas.