El “conseguidor” de Púnica admite contratos amañados y comisiones a alcaldes

Alejandro de Pedro, considerado el “conseguidor” de contratos públicos para la trama Púnica, reconoció ante la Guardia Civil amaños en adjudicaciones a sus empresas y el pago por parte de la red de comisiones a alcaldes, que variaban en función de cuánta gente estaba involucrada en la contratación.

De Pedro explica estos extremos durante su declaración en la noche del pasado 28 de octubre en la comandancia de la Guardia Civil de Las Rozas (Madrid), a donde fue trasladado tras su arresto en el curso de la operación Púnica, que consta transcrita en el sumario del caso, al que ha tenido acceso Efe.

Esa noche, este empresario habló de contratos amañados en Murcia adjudicados a sus empresas a instancias del exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso (imputado), comisiones a alcaldes de municipios madrileños confesadas por el cabecilla de la trama, David Marjaliza, y entregas de sobres con dinero en metálico por servicios prestados al exconsejero de Presidencia, Justicia y exportavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid Salvador Victoria.

Todas estas irregularidades, dijo a lo largo de su declaración y enfatizó al final de la misma, las hizo pensando que los procedimientos eran legales y siguiendo las instrucciones de otras personas.

Su declaración empezó casi a las once de la noche y acabó bien entrada la madrugada, cuando, antes de terminar, se le preguntó por tres sobres con 82.500 euros encontrados en la entrada de su vivienda dentro de dos chaquetas, que achacó a ahorros suyos y de su mujer.

De Pedro, dueño de empresas dedicadas al posicionamiento en internet, reconoció que tenía “conocimiento del ambiente político” y contactos en el PP.

En la región de Murcia, admitió que se pactó “la realización de dos contratos en la Consejería de Industria” para “favorecer los intereses personales” del exconsejero de Industria, Turismo, Empresa e Innovación, Juan Carlos Ruiz, también imputado.

Estos contratos eran para mejorar la imagen de la región en internet, pero en ellos se pactó que también tendría que “publicar noticias sobre el consejero para mejorar su imagen”, algo que se hizo con dinero público y no estaba plasmado en ninguno de los dos contratos.

De Pedro apuntó también al exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso, quien le dijo que, para presentarse a un concurso público, debía concurrir con otras dos empresas, por lo que buscó una “sociedad amiga de Madrid y otra de Murcia”

“Sabía de antemano que me iban a adjudicar el contrato”, dijo categórico, y detalló que “había un pacto de caballeros” por el que Alonso “tenía el 20 %” de las dos empresas de De Pedro Eico y Madiva.

“¿Sabía que esto era ilegal?”, le preguntó entonces la Guardia Civil, a lo que respondió: “Lo desconocía. Pensé que era correcta, me dijeron que presentara tres empresas y así lo hice”.

Un caso parecido ocurrió en la Diputación de León, donde hizo labores de posicionamiento en internet para la expresidenta Isabel Carrasco en base a un contrato público, los mismos trabajos “gratis” para la exalcaldesa de León Pilar Barreiro y también asesoró en materia política al sucesor de Carrasco, Marcos Rodríguez, de forma “altruista”.

De Pedro también implicó a Marjaliza en los amaños y aseguró que su manera de proceder para conseguir contratos públicos era “el pago de una comisión al alcalde” del municipio en cuestión.

Es más, detalló una reunión entre ellos dos y el exalcalde de Coslada Raúl López, en la que Marjaliza le explicó al entonces primer edil que su comisión “dependería de los actores necesarios para adjudicar el contrato”.

Durante el interrogatorio, se le preguntó sobre sus gestiones con el expresidente valenciano Eduardo Zaplana, y dijo que se puso en contacto con él “porque necesitaba que le abriese puerta en la Comunidad Valenciana y en el Ayuntamiento de Madrid”.

Los agentes se refirieron entonces a una conversación pinchada de unos días antes en la que hablaba con Zaplana de una partida de dinero sobre “lo que sea, para la campaña o para lo que sea”, a lo que respondió que era “un simple comentario”.

Para la Comunidad de Madrid hizo trabajos de reputación en internet de Salvador Victoria y de la propia CAM, unas labores que, según su versión, no se le pagaron porque nunca se formalizó un contrato y que valoró en 140.000 euros.

Su “sorpresa” fue cuando, afirmó, una persona de la empresa Indra le entregó un sobre con 10.000 euros en pago por los servicios, y lo hizo dentro de un coche en la urbanización de La Moraleja, en Madrid. “Pregunté qué sucedía y la otra persona me dijo que me bajara del coche una vez tenía el sobre”, relató.

Otro de los contratos sospechosos es con el Real Madrid. De Pedro lo sacó a colación cuando la Guardia Civil le preguntó por una empresa que su mujer había constituido unos días antes.

Según su versión, lo hizo por indicaciones del citado club, donde le dijeron que para obtener un segundo contrato con ellos de posicionamiento web debía constituir otra empresa.