Problemas en cárceles y comisarías. Es lo que ha detectado el Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa –organismo paneuropeo no dependiente de la UE que reúne a 47 países– en su última visita a España y que ha plasmado en un informe publicado este martes. Durante la visita de septiembre de 2020, la delegación del CPT examinó el trato y las condiciones de detención de hombres y mujeres recluidos en varias prisiones y en los dos hospitales psiquiátricos penitenciarios de Alicante y Sevilla, así como en un centro de detención para menores en Algeciras. Además, se examinó el trato y las garantías ofrecidas a las personas privadas de libertad por la policía.
Así, el Comité para la Prevención de la Tortura insta en su informe a las autoridades españolas a tomar “medidas decididas para prevenir los malos tratos en prisión y garantizar que los casos se investigan de forma eficaz”. También propone medidas para mejorar el tratamiento de los presos y pacientes recluidos en hospitales psiquiátricos penitenciarios y para hacer frente a los malos tratos por parte de agentes de policía-
“La mayoría de las personas entrevistadas durante la visita afirmaron que los agentes los habían tratado correctamente”, afirma el informe. Sin embargo, la delegación del CPT “recibió un número significativo de denuncias de malos tratos”, afirma el documento, que detalla una veintena, “principalmente contra la Policía Nacional, consistentes en bofetadas, puñetazos y patadas, así como, ocasionalmente, el uso de porras con el supuesto fin de obligar a las personas a proporcionar información, confesar delitos o castigarlas por el presunto delito cometido”.
En este sentido, el comité “enfatiza la importancia de una adecuada supervisión y capacitación de los agentes”.
En las cárceles de hombres adultos visitadas –Castellón II, Madrid V y VII, Sevilla II y Valencia Picassent–, la delegación del CPT recibió “muchas denuncias consistentes y creíbles de malos tratos físicos recientes por parte de funcionarios de prisiones, que consistieron principalmente en bofetadas en la cabeza y el cuerpo, puñetazos, patadas y golpes con porras”, relata el informe: “En varios casos, los presuntos malos tratos fueron respaldados por lesiones documentadas por la delegación o anotadas en el historial médico de la persona”.
La delegación también recibió “varias denuncias creíbles de personas a las que se les había sometido las plantas de los pies a repetidos golpes de bastón, un método de tortura conocido como falaka”.
Según el informe, “el maltrato parece ser una reacción punitiva al comportamiento recalcitrante de los presos. Abordar ese comportamiento requiere una supervisión más rigurosa por parte de la dirección, la formación del personal en técnicas de control, contención y desescalada, la documentación precisa de todas las lesiones y la denuncia inmediata de todas las denuncias de malos tratos a las autoridades fiscales”.
En lo que respecta al problema que se arrastra de la fijación mecánica de una persona a una cama, el informe señala “los considerables avances realizados en todas las cárceles de España en la reducción tanto del número como de la duración de las aplicaciones de la medida. Sin embargo, el CPT considera que el objetivo debe seguir siendo abolir esta medida en prisión, ya que está expuesta a abusos”.
En lo que respecta a las reclusas, el informe pide “un enfoque específico de género que tenga en cuenta las necesidades de las mujeres, por ejemplo, en relación con la gama de actividades que se ofrecen, y la adopción de una política para prevenir los actos de autolesión”.
El informe del CPT también es crítico con el tratamiento y las condiciones que se ofrecen a los pacientes en los dos hospitales psiquiátricos penitenciarios (PPH) de Alicante y Sevilla, y considera que “deben gozar de plena separación institucional y funcional del servicio penitenciario y estar bajo la responsabilidad del sistema nacional de salud. Paralelamente, debería haber un cambio de paradigma en el tratamiento de los pacientes forenses basado en los principios del tratamiento individualizado, alejándose del enfoque actual basado en la farmacoterapia”.
En ambos hospitales, la delegación “recibió algunas denuncias de malos tratos físicos consistentes en golpes con porras de goma y fijaciones mecánicas dolorosas e inadecuadas”, relata el informe: “El CPT es crítico con la práctica de períodos prolongados de reclusión impuesta a los pacientes, que duran hasta cuatro meses, sin las debidas garantías legales o una revisión judicial adecuada”.
En el Centro de Detención de Menores La Marchenilla de Algeciras, la delegación del CPT tuvo una “impresión positiva de la actitud solidaria del personal y de los planes terapéuticos y de rehabilitación individuales propuestos para cada residente”. Sin embargo, “varios menores se quejaron del comportamiento del personal de seguridad al inmovilizarlos” y el CPT también encontró que los menores “continuaban siendo sometidos a períodos prolongados de fijación mecánica y se les inyectaba a la fuerza medicamentos mientras estaban fijados”. En consecuencia, el CPT “vuelve a instar a las autoridades españolas a abolir la fijación mecánica de menores a nivel nacional”.
En su respuesta, las autoridades españolas “muestran un diálogo constructivo y sustantivo, proporcionan información sobre las acciones emprendidas para combatir los malos tratos en las cárceles, reducir el número de personas recluidas en módulos de régimen cerrado, limitar el recurso a la fijación mecánica y adoptar una perspectiva de género en las cárceles”.
Las autoridades españolas coinciden en que los PPH deben transferirse a la responsabilidad de las autoridades sanitarias para proporcionar un entorno terapéutico más adecuado. Finalmente, se informa de que se están tomando medidas para aplicar varias recomendaciones relativas a los menores, en particular para abolir la práctica de la fijación de niños en los Centros de Menores de toda España.
Cámaras
El informe del Comité de Prevención de la Tortura señala, así, que “es necesaria una acción concertada para abordar el problema de los malos tratos por parte de los agentes de la ley”. Y aporta orientaciones: “Esto debería incluir un mensaje claro por parte del Ministro del Interior y de los jefes de la policía de que tal comportamiento es ilegal y poco profesional, y que será sancionado en consecuencia”. Además, el CPT “reitera la importancia de una supervisión y formación adecuadas de los agentes, y de la necesidad de llevar a cabo investigaciones eficaces sobre las denuncias de malos tratos. También subraya la importancia de que las grabaciones de las cámaras de seguridad se almacenen durante un mínimo de 30 días en todas las instalaciones”.