Los vocales conservadores del Consejo Fiscal no ven “justificada” una de las fiscalías contra la corrupción que planea el Gobierno

La mayoría conservadora del Consejo Fiscal, órgano asesor del fiscal general del Estado, ha considerado “no justificada” la creación de una de las dos nuevas unidades especializadas de la Fiscalía General del Estado centradas en la lucha contra la corrupción que pretende poner en marcha el Gobierno, han informado fuentes fiscales a elDiario.es. El Consejo Fiscal se ha reunido este miércoles para hacer un informe sobre el real decreto en el que figura la creación de más de 70 nuevas plazas en la Fiscalía, incluidas las ligadas a estas nuevas unidades: una sobre Delitos Económicos y otra sobre Delitos contra la Administración Pública. Su creación es uno de los compromisos del llamado Plan de Regeneración. 

Los seis representantes de la conservadora Asociación de Fiscales (AF) y el vocal de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) —que tienen mayoría en el órgano— han logrado imponer su criterio en el dictamen finalmente aprobado. De acuerdo a las fuentes consultadas, este texto cuestiona la justificación de la unidad especializada en delitos contra la Administración Pública al considerar que puede producir un “solapamiento de funciones” con la Fiscalía Anticorrupción, un órgano especial centrado en los principales casos de corrupción y que, a diferencia de las unidades especializadas, sí tiene función jurisdiccional. 

Los tres miembros natos —el fiscal general; la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde; y la jefa de la Inspección Fiscal, María Antonia Sanz Gaite— y los dos representantes de la de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) han anunciado que formularán votos particulares al discrepar de la posición de la mayoría. Además, el representante de la APIF, Salvador Viada, formulará otro voto particular al estar también en desacuerdo con la creación de la unidad sobre Delitos Económicos. 

El Gobierno, según un recoge un acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 31 de julio, considera “imprescindible” la creación de estas unidades especializadas para “continuar con la necesaria especialización de la carrera fiscal” con el objetivo de “mejorar la eficacia en la respuesta penal frente a hechos delictivos que socavan el patrimonio público y la confianza de la ciudadanía en sus instituciones democráticas, principalmente, frente al fraude a la Hacienda Pública y a la corrupción pública”. 

En ese mismo documento, el Ejecutivo defiende que “es preciso ampliar a toda la estructura territorial de la carrera fiscal la especialización en estas materias” para “lograr una verdadera y efectiva lucha contra la corrupción y los delitos en los que existe menoscabo del erario”. La propuesta de real decreto prevé crear una plaza de Fiscal de Sala de Delitos Económicos y una plaza de Fiscal de Sala de Delitos contra la Administración Pública, así como dos plazas de fiscales adscritos de la segunda categoría en cada caso. 

Fuentes fiscales afirman que el objetivo es que el trabajo de estas unidades especializadas discurra en paralelo al de la Fiscalía Anticorrupción, que sí tiene función jurisdiccional. Explican que estas unidades especializadas no llevan casos concretos y se encargan de coordinar la actuación del Ministerio Fiscal en todo el territorio nacional en relación a algunos delitos concretos y unificar el criterio a seguir. 

Por ejemplo, ya existen en materias como violencia sobre la mujer, seguridad vial, medio ambiente o criminalidad informática. Fuentes fiscales detallan que las nuevas Fiscalías de Sala se enfocarán principalmente en los casos de corrupción que se puedan dar en el ámbito local, mientras que las grandes causas seguirán siendo responsabilidad de Anticorrupción.