Durante su intervención en la Comisión Constitucional, Amorós ha saludado “con verdadera alegría” que esa norma, impulsada por Ciudadanos, atribuya al Consejo potestades sancionadoras porque, según ha explicado, ello permitirá controlar efectivamente el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley de Transparencia.
Amorós ha asegurado que durante los tres años que lleva vigente la citada norma las instituciones han cumplido mayoritariamente con sus obligaciones pero ha apuntado que “en muchos casos” ha sido necesario hacer una labor de tutelaje. Por ello, ha vuelto a poner en valor que el Consejo pueda tener capacidad sancionadora porque su labor acabará siendo “mucho más eficaz”.
Ahora bien, el 'número dos' del Consejo de Transparencia ha sugerido a los diputados que en la medida que la institución tendrá capacidad sancionadora, también deberían plantearse si atribuirle también facultades de inspección.
Y es que, según ha expuesto, al no ser una inspección general de servicios ni tener facultad inspectora, el Consejo no ha podido acceder a los expedientes de aquellos organismos a los que pretendía revisar el cumplimiento de sus obligaciones.