Nueve vocales del sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones han solicitado este viernes la celebración “con carácter urgente” de un pleno extraordinario con un único punto en el orden del día: la designación de los magistrados del Tribunal Constitucional que corresponde nombrar al órgano de gobierno de los jueces y que acumula tres meses de retraso.
La petición llega tras hacerse público que los partidos que sustentan al Gobierno promueven un cambio legal —adelantado por elDiario.es— para modificar la mayoría de tres quintos que debe sumar el CGPJ en la elección de los dos magistrados al Constitucional que le corresponden. A partir de ahora bastará con mayoría simple, según una de las enmiendas a la reforma del Código Penal que se tramita en el Congreso presentada por PSOE y Unidas Podemos.
Los vocales que suscriben esta petición son Gerardo Martínez Tristán, José María Macías, José Antonio Ballestero, Nuria Díaz Abad, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, Carmen Llombart, María Ángeles Carmona y Wenceslao Olea, que se han reunido este viernes para abordar la situación tras las enmiendas de los grupos que sustentan al Gobierno. Son los nueve jueces y juristas elegidos en su día a propuesta del PP que durante los últimos tres meses han bloqueado estas designaciones con una batería de excusas. En tres meses de negociaciones frustradas ni siquiera han puesto formalmente nombres encima de la mesa, mientras cuestionan el candidato que han pactado los progresistas, el juez del Tribunal Supremo José Manuel Bandrés.
El reglamento del CGPJ establece que basta con que el presidente lo decida o cinco vocales lo pidan para que haya que convocar un pleno en los tres días siguientes a la solicitud. La voluntad de los vocales conservadores es que esta reunión urgente se celebre, por tanto, antes de que entre en vigor la reforma. No obstante, que se celebre un pleno no quiere decir que vaya a haber nombramientos, pues ambos bloques mantienen por el momento posiciones encontradas sobre estas designaciones que, según la ley actual, deben conciliar el respaldo de al menos 11 de los 18 miembros del pleno. Necesitan, por tanto, del concurso de vocales de ambos sectores del órgano, formado ahora por 10 conservadores y ocho progresistas.
El argumento que esgrimen los conservadores para exigir la convocatoria de esta sesión extraordinaria es que la reforma “violenta” el precepto constitucional que dice que el CGPJ tiene que elegir a dos candidatos al prever que cada vocal sólo pueda elegir a un aspirante, afirman fuentes de ese sector a elDiario.es. Y que su objetivo con este pleno es “poner de manifiesto” quiénes son sus dos candidatos. Unos nombres que, por el momento, siguen sin desvelar.
El cambio legal del Gobierno contempla que sean elegidos los dos magistrados que obtengan un mayor número de votos y que cada vocal sólo pueda votar a un candidato. Los conservadores consideran que este sistema garantizará que los candidatos de preferencia de cada bloque resulten elegidos. Y que, en consecuencia, los progresistas verían cumplido su objetivo de llevar al Constitucional a Bandrés, al que consideran “el candidato del Gobierno”.
El plazo de enmiendas a la proposición de ley que reforma el Código Penal —en la que se ha incluido esta modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial— termina este viernes. La previsión es que el dictamen se apruebe el martes en la Comisión de Justicia y que se vote en el Pleno del Congreso la semana siguiente. Después iría al Senado y el objetivo es que esté publicada en el Boletín Oficial del Estado antes de fin de año.