El Constitucional, el CGPJ, el Banco de España y Casa del Rey, las instituciones más transparentes

El Tribunal Constitucional (TC), el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Banco de España, la Casa del Rey y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) son, por este orden, las instituciones con mayor grado de transparencia.

Según la última memoria anual del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, correspondiente a 2016, que publica hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE), el TC encabeza la clasificación de “órganos constitucionales y de relevancia constitucional y entes reguladores” con el nivel más elevado de cumplimiento de sus obligaciones en materia de “publicidad activa y acceso a la información”.

En una escala de cero a diez, el TC obtiene 9,83 puntos, seguido del CGPJ (9,70 puntos), el Banco de España (9,43), la Casa del Rey (9,42), la CNMC (9,39), el Defensor del Pueblo (9,31), la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (9,28), el Tribunal de Cuentas (9,27) y el Consejo de Seguridad Nuclear (9,13).

Por debajo de los nueve puntos, el Senado ocupa la décima posición, con 8,62 puntos, casi tres décimas por encima del Congreso de los Diputados (8,33), que se sitúa en el puesto número 12, inmediatamente después de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) (8,50).

En la cola de la clasificación, aunque sin entrar en zona de suspenso, el Consejo Económico y Social (CES) recibe una puntuación de 5,42, por detrás del Consejo de Estado (6,16) y la Fiscalía General del Estado (5,66).

En lo relativo a la Administración General del Estado, el Consejo de Transparencia puntúa con un 6,4 el cumplimiento de la información obligatoria a través del portal AGE, valora “muy positivamente” los datos e informaciones adicionales proporcionados y califica de “considerable” el grado de cumplimiento de sus obligaciones en materia de acceso a la información.

La memoria analiza también 16 organismos e instituciones del sector público estatal en una clasificación que encabezan Servicios y Estudios para la Navegación Aérea y la Seguridad Aeronáutica (Senasa) y el Consejo General de la Abogacía, en ambos casos con 9,75 puntos, seguidos de Adif (8,90), mientras que el último lugar corresponde a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), con 5,18 puntos.

En el nivel autonómico, el Consejo explica que han proporcionado información todas las comunidades y ciudades autónomas salvo Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha y Ceuta, al tiempo que destaca cómo el número de obligaciones de transparencia de las instituciones autonómicas “es mayor que en el ámbito estatal”, lo que “debe valorarse positivamente”.

En cuanto a las entidades locales, el 95 por ciento de los ayuntamientos que han respondido al cuestionario del Consejo disponen de un portal web generalista y el 94 por ciento trabajan para cumplir con los requerimientos de la ley, en tanto que, del 6 por ciento que aún no lo ha hecho, casi tres cuartas partes son municipios de menos de 1.000 habitantes.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) concluye que el nivel genérico de cumplimiento de la ley durante 2016 por las Administraciones públicas examinadas puede considerarse “aceptable a nivel global”.

“Se ha alcanzado un alto nivel de cumplimiento por los órganos constitucionales, entes reguladores y comunidades autónomas”, mientras que ha habido “mejoras” tanto en el portal de la Administración General del Estado como entre los ayuntamientos.

La memoria recoge un apartado de recomendaciones, entre ellas la puesta en marcha a medio plazo de planes específicos para que haya un mayor conocimiento de la ley y de las herramientas que proporciona a los ciudadanos para conocer las instituciones públicas.

Según el CTBG, el grado de conocimiento es todavía “muy reducido”, puesto que solo un 51 por ciento de la ciudadanía conoce o ha oído hablar de la ley, porcentaje que aumenta hasta el 70,89 por ciento en el caso de la población universitaria.

El organismo público encargado de fomentar la transparencia, que en 2016 tuvo un presupuesto de 2,8 millones de euros, se queja de que el aumento de tareas desarrolladas “no se ha visto acompañado del correspondiente incremento de medios y materiales”.

Ve “imprescindible” incrementar los recursos si se quiere “impulsar definitivamente el cambio cultural” que supone una mayor transparencia para el actual sistema jurídico-político.

También propone simplificar el sistema de identificación y firma electrónicas y mejorar aún más el diseño y la accesibilidad a la información contenida en las páginas web sobre transparencia.