Una broma recurrente sobre la serie de películas de 'Jurassic Park' es quedarse perplejo ante la manifiesta incapacidad de los personajes de darse cuenta en cada entrega de que la idea de crear un parque temático con las criaturas más terribles que han pisado la Tierra –sólo por aspecto, el ser humano es mucho más letal– sólo puede ocasionar una gran pérdida de vidas y un desastre económico gigantesco, además de escenas emocionantes con muchas carreras. A pesar de eso, la apuesta se sigue doblando. Sólo les queda cruzar un Tiranosaurio Rex con restos genéticos de Adolf Hitler para producir otra criatura aterradora que será inherentemente destructiva.
Básicamente, la franquicia consiste en mostrar todas las formas en que el personaje de Jeff Goldblum tenía razón, pero nadie le hacía caso.
En economía, eso no es insólito. En la crisis financiera de 2008 se descubrió con horror que muchos bancos eran “too big to fail” en algunos países. Demasiado grandes como para permitir que se hundieran si estaban en quiebra, no importa cuánto dinero de los contribuyentes hubiera que quemar en su rescate.
¿Cuál fue la consecuencia de la crisis en ese sector? Los grandes bancos se hicieron más grandes. Los Jeff Goldblum de las finanzas se quedaron en casa mirando al techo y preguntándose: no me puedo creer que vaya a ocurrir lo mismo.
En la crisis del coronavirus, el Partido Popular ha decidido adoptar el rol de los promotores del parque de los dinosaurios. Sí, la última vez murió un montón de gente y además de forma terrible, pero si sale bien, vamos a ganar millones. Esta vez será diferente. En el caso del PP, se hace el cálculo en términos de millones de votos. Los partidos siempre piensan a lo grande.
En la comparecencia del ministro de Sanidad en el Congreso, la portavoz del PP puso el listón tan alto que es imposible que el Gobierno pueda llegar a él ni aunque empiece a pegar saltos. Y si lo intentara, sería de una irresponsabilidad homicida. “Debemos volver a la normalidad que ya teníamos. Queremos la misma”, dijo Cuca Gamarra. Poco después, insistió: “Queremos que nos devuelva la vida que ya teníamos el 14 de marzo”.
¿Coronavirus? ¿La mayor epidemia en un siglo? ¿La enfermedad que ha arrollado a los sistemas sanitarios de los grandes países de Europa occidental? Me da igual. Quiero que me devuelva la vida que disfrutaba el 13 de marzo. ¿No hay vacuna para este virus? A mí que me cuentas.
No hay que ser epidemiólogo para saber que eso es imposible. Un científico diría que es el equivalente a jugar a la ruleta rusa con cinco balas en el tambor. ¿Qué puede salir mal?
El Gobierno ha anunciado un plan de desescalada con dos características: es muy cauto y será controlado por el Ministerio de Sanidad, que es lo mismo que decir que será controlado por Moncloa. No hay fechas concretas, sino una separación por fases que será dictada desde Madrid. El viejo paradigma de la política española, que no ha cambiado tanto como cree la gente desde la llegada de las autonomías.
Habrá comunidades que pasen la selectividad muy pronto y otras que quedarán para septiembre. Y no será porque no han estudiado lo suficiente, sino por aspectos que están fuera de su control. El virus es aún quien marca los ritmos, no el Gobierno central ni los autonómicos.
Lo que nos enseña Alemania
Para saber hasta qué punto eso es correcto o no, veamos el caso de Alemania. Como Estado federal, los Länder tienen más competencias que las autonomías españolas. Esto es lo que dijo Christian Drosten, el virólogo que es el principal experto de Angela Merkel: “Hay presión política y económica para regresar a la normalidad. El plan federal es levantar el confinamiento de manera gradual, lentamente, pero como cada Land [Estado de la república federal] puede decidir y aplicar sus propias reglas, temo que seamos testigos de una gran creatividad en la aplicación de ese plan. Me temo que la tasa de reproducción aumentará de nuevo y seremos testigos de una segunda ola de contagios”.
La política española no tiene nada que envidiar a la alemana en términos de creatividad. Eso se traduce en mayores riesgos y en el peligro de que la enfermedad vuelva con toda su fuerza.
Ese es el riesgo que hay que asumir, que también existe en Estados Unidos. Es otro Estado federal, pero en el que los gobernadores pueden elegir sus salidas sin esperar a lo que diga Washington. No quiere decir que lo tengan fácil. Dicho de una forma un poco brutal, cada uno de ellos debe decidir cuántos muertos está dispuesto a aceptar en la decisión de levantar las restricciones y poner en marcha otra vez la economía.
Son muy conscientes de eso y no construyen castillos mágicos en el aire en los que se pueda regresar a la normalidad del 13 de marzo, a una idea mágica y falsa donde no existe ya el coronavirus, como parecía exigir Cuca Gamarra.
Hasta que no haya vacuna o un tratamiento médico eficaz y comprobado contra la enfermedad, estaremos obligados a convivir con la Covid-19 y con los riesgos inherentes. De eso, no hablan tanto los políticos de la oposición en España. Quedas mejor cuando vendes el concepto ficticio de riesgo cero.
En un debate típico de la política española, la decisión del Gobierno de considerar la provincia como unidad de medida ha resultado muy polémica. Al ser la provincia un elemento fundamental del proceso de centralización del Estado en el siglo XIX, a los nacionalistas les ha dado un ataque. Pero en las comunidades con gobiernos sin partidos nacionalistas, también ha causado un gran rechazo.
Todo el mundo quiere que cada Gobierno pueda elegir qué zonas liberar del yugo del confinamiento cuanto antes al tener menor riesgo. Escuchemos a Miguel Hernán, catedrático de Epidemiología en la Universidad de Harvard (del Harvard de verdad, no del de Aravaca) y miembro del comité de expertos que asesora al Gobierno: “La decisión sobre la unidad de territorio es bastante compleja. Se deben tener en cuenta dos cosas: deben existir datos diarios para esa unidad y tiene que existir posibilidad de implementación práctica. Existe un consenso en que la comunidad autónoma es demasiado grande y que el área de salud es demasiado pequeña, porque mucha gente se mueve diariamente a través de varias áreas”.
Ha habido problemas para conocer los datos sobre la incidencia de la pandemia en algunas autonomías. Es difícil creer que será factible conocer esa información día a día en unidades más pequeñas. Se puede llegar al nivel de la provincia, pero no mucho más abajo. Eso generará malestar en el plano local. Es posible que la gente haya aprendido desde marzo sobre la imposibilidad de pensar que el coronavirus es un problema de los demás.
El Gobierno insiste en que está dispuesto a escuchar a los gobiernos autonómicos sobre la aplicación de la desescalada. Ya lo dijo el primer día Pedro Sánchez, aunque habrá que esperar a lo que suceda para comprobar si va en serio. De entrada, Sánchez se escaqueó en la sesión de la Comisión de las Comunidades Autónomas en el Senado, lo que es un mal augurio, además de un error político evidente.
Desde Moncloa, se dice que estamos todos juntos en esto. No ha sido así en las relaciones entre instituciones. El Gobierno anuncia medidas en ruedas de prensa y luego las comunica a las comunidades autónomas. Lo mismo a algún genio de la comunicación política se le ocurre dar la vuelta a ese método. Aunque no lo parezca a primera vista, el primer beneficiado será el Gobierno central.