Por su experiencia con el SARS y su rapidez en responder a la crisis del coronavirus, Corea del Sur está considerado uno de los países que mejor ha reaccionado. El número de tests realizados y el momento en que se hicieron son algunos de los factores que lo demuestran. En un país de 51 millones de habitantes, las autoridades sanitarias han hecho 990.960 pruebas hasta el 4 de junio.
Qué sabrán los surcoreanos. El que sabe de verdad es Pablo Casado.
El líder del PP se presentó el viernes en Torrejón de Ardoz para contemplar la finalización del estudio por el que se ha hecho la prueba de la COVID-19 a más de 100.000 habitantes de la localidad madrileña. Así, a lo loco. No una muestra que sea representativa ni centrada en personas que hayan tenido síntomas. Barra libre. Todos los residentes en una ciudad de 129.000 habitantes podían acercarse a las carpas habilitadas. Pagaba el Ayuntamiento. Un millón de euros de una de las administraciones locales más endeudadas del país, por encima de la ciudad de Madrid. “Un espectáculo impresentable de populismo sanitario”, lo ha llamado el PSOE madrileño.
“Llevo tres meses reclamando test masivos para proteger la salud y no arruinar el empleo”, dijo Casado después de la visita. No encontrará ningún epidemiólogo que comparta ahora esa opinión. En el inicio de la pandemia, se debería haber hecho muchas más pruebas, pero faltaban en España, Italia, Francia y Reino Unido los elementos necesarios. La prioridad en estos tiempos de desescalada gradual es otra: detectar cuanto antes los brotes que se puedan producir e identificar a las personas en contacto con los afectados.
El doctor Casado no opina igual. Él insiste en reclamar tests masivos para salvar el empleo, porque cree que una persona que dé negativo ahora no podrá contagiarse en el resto de sus días.
Cuando hizo la visita a Torrejón, Casado ya sabía por una información de El Confidencial que el tipo de tests empleado en esas pruebas indiscriminadas es uno de los 34 que la agencia federal FDA de EEUU recomienda retirar o no utilizar. Había sido la propia empresa fabricante la que había decidido retirarlo de la lista de tests para su aprobación por las autoridades norteamericanas. No supone una muy buena relación calidad-precio a cambio de un millón de euros.
A Casado le pierde su pasión por el PP madrileño. De vez en cuando, hace algunos elogios a los gobiernos del PP en Galicia o Andalucía, pero el ejemplo político que le excita es el Gabinete que preside Isabel Díaz Ayuso. Eso se va a convertir en un problema porque las relaciones entre los dos socios de ese Gobierno, PP y Ciudadanos, están en estos momentos en estado de congelación por la responsabilidad en la situación de las residencias de ancianos durante la pandemia. Una jueza decidió el viernes enviar al Tribunal Supremo una querella contra Díaz Ayuso por ser aforada. Ya hay dos consejeros peleándose en público, porque ninguno quiere ser arrojado ante un tribunal para declarar como imputado.
Un borrador con firma electrónica
El origen de la discordia está en un protocolo de la Consejería de Sanidad por el que se recomendaba el 20 de marzo no enviar a pacientes enfermos de coronavirus de las residencias a los hospitales. En un primer momento, Díaz Ayuso dijo que ese documento no existía. Luego, su consejero de Sanidad comentó que era un borrador que se había enviado por error. Un borrador muy acabado porque llevaba la firma electrónica de un alto cargo que no puede aparecer de forma automática. Una comunicación posterior eliminó esa polémica instrucción.
El consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, de Ciudadanos, ha confirmado que envió el 22 de marzo dos emails al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, del PP, para alertarle de esa situación. Afirmaba que no enviar a los ancianos a los hospitales podría suponer su muerte “en condiciones indignas”. En el Gobierno, alguien debió de olerse que Reyero les iba a plantear problemas. Cuatro días después de los dos emails, Díaz Ayuso le quitó las competencias sobre residencias y se las entregó a Ruiz Escudero.
En una pandemia, un ministro o consejero de Sanidad lleva la iniciativa en un Gobierno. Aunque las competencias sobre residencias estén en otro departamento, es evidente que las instrucciones deben salir de Sanidad. Pero Ayuso quería que el PP asumiera toda la gestión directamente. Eso empieza a ser incómodo cuando aparecen las querellas.
Reyero ha explicado después que dejó claro de palabra y por escrito su oposición a los criterios que aparecían en ese protocolo, entre otras cosas –este detalle siempre despierta el interés de un político– porque podrían ser ilegales.
El consejero de Sanidad ha respondido a su compañero de Gabinete reprochándole que hable en público de esas comunicaciones personales: “Me parece una actitud de un fariseísmo político que la verdad me sorprende”. Afirma que se hizo “todo lo humanamente posible por tratar de curar a nuestros mayores”. Más de 6.000 ancianos murieron en las residencias de Madrid.
El PP ha apostado por intentar rentabilizar las demandas judiciales que se han presentado contra el Gobierno central y en especial la que tiene que ver con la celebración de las manifestaciones del 8M, que aparece de forma monotemática en la mayoría de las intervenciones públicas de sus dirigentes. El polémico informe de la Guardia Civil –que es un collage mezcla de revista de prensa y repositorio de comunicados oficiales– es una de sus piezas favoritas.
Lo ocurrido en las residencias de Madrid ha ocasionado un inesperado giro de la trama en el que el PP pasa a ser el sospechoso. Si empiezan a desfilar consejeros y responsables de hospitales ante un juez y algunos deciden que no se van a inmolar en favor de la presidenta, eso puede engordar un sumario judicial con testimonios más relevantes que los que puedan aparecer en las revistas de prensa de la Guardia Civil.
Políticamente, a Díaz Ayuso –de natural algo temeraria– le resultaría difícil cesar al consejero Reyero por el riesgo de que eso suponga la salida de Ciudadanos del Gobierno de coalición o, aun peor para el PP, que Ciudadanos apoye una moción de censura, un opción en estos momentos improbable. Siempre le quedaría a la presidenta la opción de disolver la Asamblea y convocar elecciones. ¿Una campaña electoral mientras se está investigando en los tribunales a ese Gobierno? Mala idea.
Conclusión: la niña bonita de Casado, la Comunidad de Madrid, puede pasar a ser la niña de 'El exorcista'. Qué inocente parecía al principio y qué deteriorada se ha quedado en menos de un año de Gobierno.